En agosto, Poder Judicial definirá si escucha las declaraciones escritas de funcionarios de Odebrecht

Momento clave para Lava Jato.

En agosto , el Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado definirá si escucha las declaraciones escritas que ofrecieron los ex directivos de Odebrecht, antes del juicio público al ex presidente Ollanta Humala, sobre los presuntos aportes que la empresa brasileña habría realizado al Partido Nacionalista Peruano, durante la campaña electoral del 2011.

Una decisión que tendrá repercusiones en todos los juicios del caso Lava Jato, entre ellos, el del caso Cócteles que se acaba de iniciar contra Keiko Fujimori Higuchi y Fuerza Popular, donde la fiscalía también ha ofrecido la declaración de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht.

Sin embargo, los ex ejecutivos de la constructora brasileña se vienen resistiendo a declarar ante las autoridades peruanas en los juicios por lavado de activos. Un delito que la constructora brasileña nunca ha admitido en sus procesos de colaboración con las autoridades, tanto en Perú, Suiza, Brasil y Estados Unidos.

En septiembre y octubre de 2023, el Tercer Juzgado Penal Colegiado, que integran los jueces Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias prescindieron de las declaraciones presenciales de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Luis Mameri, Fernando Migliaccio, Hilberto Masccarenhas Filho, Joao Cerqueira de Santana y Valfredo de Assis Ribeiro, luego de diversas citaciones, realizadas durante casi todo el año, para que declaren ante los jueces.

Ante esta situación, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, German Juárez Atoche ofreció las declaraciones que los mencionados ex funcionarios de Odebrecht dieron antes del juicio, que se conservan en video y han sido transcritas. En algunas de estas declaraciones, han participado los abogados defensores de los acusados.

En un juicio público la idea principal es que los jueces escuchen directamente las declaraciones de los testigos para una mejor comprensión de los hechos que están juzgado y que evalúen directamente la confiabilidad de los testimonios, a la vez que la fiscalía y los abogados de la defensa puedan realizar preguntan que permitan un acercamiento a la verdad.

Cuando por diversos motivos no es posible que los jueces escuchen el testimonio directamente, se puede recurrir a la lectura de las declaraciones previas al juicio. Sin embargo, la lectura de las declaraciones previas no es automática, se debe evaluar y argumentar si los motivos de la inasistencia justifican legalmente que se recurra a la lectura de una declaración, a fin de garantizar el derecho de las partes.

En el caso de los aportes a la campaña del Partido Nacionalista Peruano, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional prevé realizar en agosto una audiencia para decidir este tema. "La fiscalía presentará sus argumentos y nosotros haremos lo mismo, luego los jueces decidirán si admiten las declaraciones escritas", refirió el abogado defensor del expresidente Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza.

Los ex directivos de Odebrecht se excusaron de venir a declarar por una prohibición del juez de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Toffoli que declaró invalidas e ilícitas las pruebas del caso Lava Jato que el Grupo de Tarea de Brasil compartió con los fiscales peruanos.

El Grupo de Tarea de Lava Jato en Brasil recibió los archivos de los servidores MyWebDay y Drousys directamente de Odebrecht y no ha través de la cooperación judicial con Suiza. Posteriormente, la justicia brasileña resolvió que esa entrega afectó la cadena de custodia y que no existe certeza de que las pruebas no hayan sido manipuladas por lo que, a fin de no afectar el derecho de defensa, las declaró invalidas.

Ante es posibilidad, la defensa de Humala presentó un recurso de habeas corpus en Brasil que fue acogido por el juez Dias Toffoli, disponiendo la prohibición de declarar a los ex directivos de Odebrecht sobre pruebas que han sido declaradas ilícitas. Este será el punto central del debate que se realizará en agosto.

La fiscalía sostiene que las pruebas que ha recibido e incorporado al juicio por los aportes al Partido Nacionalista Peruano previenen de la cooperación judicial con Suiza y no de los contactos con el Grupo de Tarea de Lava Jato en Brasil, por lo que la prohibición para que los ex directivos de Odebrecht no declaren en el Perú, es una estrategia legal de los abogados de la defensa.

Por su parte, la defensa de Humala insistirá en que los archivos de MyWebDay y Drousys sobre lo que declararon Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y los demás testigos brasileños ante los fiscales peruanos, son los proporcionados por la empresa y los fiscales de Brasil. La cooperación con Suiza se activo mucho después.

Aunque esta en el mismo grupo, un caso especial es el del ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Él estaba obligado a declarar ante los jueces peruanos por su acuerdo de colaboración eficaz con los fiscales peruanos, pese a lo cual no se presentó ante los jueces.

A partir de esa negativa, el fiscal José Domingo Pérez solicitó que se revoque la colaboración eficaz y los beneficios otorgados a Barata. A continuación, el ex superintendente de la constructora brasileña ha anunciado que no volverá a declarar ante las autoridades peruanas. Hay, allí una negativa a declarar que ya no depende de la justicia brasileña.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado deberá evaluar todos estos hechos y sus implicancias jurídicas para el debido proceso, el derecho de defensa y la potestas del Ministerio Público a probar, para tomar una decisión: Admite escuchar las declaraciones previas escritas o no las toma en cuenta para su decisión final.

La decisión que tomen los jueces Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias repercutirá en los demás casos de lLava Jato y el caso Cócteles. Los mismos jueces están a cargo del juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

En el juicio del caso cócteles, el fiscal José Domingo Pérez también ofreció la declaración de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht. Si ambos tampoco se presentan a declarar presencialmente, se dará la misma situación que en el caso Humala. Los jueces igual tendrán que evaluar la situación y tomar una decisión, que no podrá ser distintas, al tratarse de eventos similares.