El Gobierno andaluz rehabilitará las viviendas de 70 familias vulnerables de Cádiz solo si sus dueños se las venden
En el alféizar de la cocina de Eva Anillo hay una trampa para ratones. No ha servido para impedir que algunos hayan roído la mosquitera con la que trata de proteger su hogar, un bajo en la calle Batalla del Callao, en el barrio del Cerro del Moro de Cádiz. “Entran por todos sitios, por la ventana, por el inodoro, muerden las puertas por debajo”, relatan dos vecinas a su lado. Los roedores y los insectos no son los únicos problemas cotidianos de sus casas. Hay humedades, cornisas que se caen, suelos agrietados... Sus diminutas casas suman más taras que metros cuadrados. Están declaradas en ruina, y la Junta de Andalucía les lleva prometiendo desde hace 30 años una rehabilitación que justo ahora estaba a punto de llegar. Antes de 2026 se ha de terminar un nuevo edificio cercano, donde serán realojados. Pero ahora ha surgido un inesperado inconveniente: si quieren una nueva casa, tienen que renunciar a la propiedad de la antigua, y quedarse en régimen de alquiler. Deberán pasar de ser dueños a inquilinos.
Los más antiguos del lugar llegaron al barrio del Cerro del Moro en carreta. Eran los años 50 del siglo XX. Allí se levantaron de forma apresurada casas para gente necesitada. Había varias casitas bajas, que se tiraron para levantar allí varios bloques de edificios. “Tendría cada piso unos 35 metros cuadrados. Eran las mismas chabolas, pero puestas una encima de la otra”, define de manera gráfica la histórica dirigente vecinal Carmen Natividad. En principio, eran edificios provisionales, hechos de materiales baratos, que solventaban una necesidad urgente. Pero en pleno 2024 siguen en pie. Y con 67 familias dentro.
Sobreviven los bloques construidos entonces en las calles Trafalgar y Batalla del Callao. En uno de ellos, por si alguien duda de su antigüedad, reza aún el lema en relieve: “Delegación Nacional de Sindicatos. Grupo San Fermín. 70 viviendas. 1956”. Su lectura suena a evidencia arqueológica. En esas casas hay de todo: muchas personas mayores cuyas familias han estado allí siempre, algunas con dificultades de movilidad en edificios tan estrechos que nunca han podido plantear un ascensor. También hay jóvenes, personas que compraron esos pisos hace una década porque era lo único que podían pagar, de ahí que sobre algunas de esas viviendas pesan aún hipotecas. Todos son propietarios. Y lo son porque con el PSOE gobernando en la Junta de Andalucía todos compraron sus casas. Entonces se les dijo que de esta manera, cuando les llegara el turno de rehabilitar esos edificios, sería más fácil hacer una permuta por otras.
Ese turno ha llegado ahora, después de haber visto cómo en los últimos 30 años se ha ido rehabilitando el resto del barrio. Ellos son la séptima y octava fase del Cerro del Moro. Es decir, los últimos de una larga espera. Las cinco primeras fases eran casas en alquiler, y todos los inquilinos consiguieron una vivienda renovada en el mismo régimen. La sexta, al igual que ellos, eran propietarios. “Los vecinos entregan sus viviendas en depósito, que quedan como entrada para una nueva casa. Los metros de más de la nueva se pagan en plazos, entre 10 a 25 años, con la posibilidad de escriturar a los seis años. Una vez transcurrido ese plazo, la casa vuelve a ser de tu propiedad”, detalla Enrique Estévez, portavoz de los vecinos de la séptima fase, a los que la Junta prometió verbalmente en una reunión estas mismas condiciones.
Recientemente, Estévez, al revisar la documentación de la licitación del nuevo edificio donde van a vivir, observó un detalle, del que nadie les había informado. “Ponía que iban a ser casas VPA, viviendas de protección del alquiler”. Pidió cita en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y fue allí donde le confirmaron el cambio. “Tendríamos que venderle a la Junta nuestras casas, renunciar a la propiedad y convertirnos en inquilinos. Eso no fue lo que nos dijeron”.
Yo he nacido aquí. Tengo 58 años. Mi madre veía cómo se hacían el resto de fases y siempre se preguntaba: '¿Llegaré a verlo?'. Pues no, ya murió. Ahora soy yo el que se pregunta si llegaré a verlo en vida
En estos días, la Junta de Andalucía ha confirmado este cambio en las condiciones prometidas, pero ha intentado justificar que la modificación apenas les afectará. Fuentes de la Consejería de Fomento detallan que el nuevo edificio donde vivirán estos vecinos se paga en parte con el programa 6 Eco-Vivienda, con fondos europeos Next Generation, cuyos requisitos exigen que las viviendas deban destinarse a régimen de alquiler. Con todo, transcurridos 50 años, esos inquilinos tendrían derecho a comprar las casas de nuevo. “La opción de compra se ofrece en el año 46 y se puede ejercitar a partir del 50. Si los inquilinos fallecieran, los herederos que cumplan los requisitos legales para acceder a una vivienda protegida, podrán subrogarse en el contrato de alquiler y futura compra”.
La delegada de la Junta, Mercedes Colombo, dijo el jueves que los vecinos siempre han sabido estas condiciones. Pero no es cierto. No lo sabía Eva Anillo, que ya soñaba con una cocina sin una mosquitera roída por los ratones. Ni el matrimonio formado por Ana Silva y Luis García, que, con 60 años, lleva media vida escuchando la misma promesa. “Nos sentimos engañados. No es justo. Lo que se promete es deuda”, dice ella. Tampoco lo sabía Loli Delgado, que tiene en un mueble guardada una botella de cava, que iba a abrir cuando llegaran las grúas a hacer su nueva casa. Ni Luciano Rueda. “Al PP le agradezco que en dos o tres años se haya movido para desbloquear nuestras casas. Nos ofrecieron un caramelo, pero, al final, nos han dado el papel nada más. Nos piden renunciar a nuestras casas. No es justo”. Ni Rafael Sánchez. “Yo he nacido aquí. He echado los dientes en esta casa. Tengo 58 años. Mi madre veía cómo se hacían el resto de fases y siempre se preguntaba: '¿Llegaré a verlo yo también?'. Pues no llegó, porque se han muerto ya mi madre, mi padre y un hermano. Ahora soy yo el que se pregunta si llegaré a verlo con vida”.
Los vecinos quieren mantener la propiedad de sus casas para ahorrarse nuevas incertidumbres. Y porque han sufrido mucho para ahora tener que renunciar a algo que es suyo. Rafael, por ejemplo, tiene un hijo de 22 años, a los que la operación propuesta por la Junta cogerá con 72 años. Solo podrá quedarse con la casa si reúne las condiciones para recibir una vivienda protegida, es decir, si no gana mucho dinero. “Nos condenan a ser pobres siempre. Si quieres tener una casa, no puedes prosperar. Por no hablar de todo lo que puede pasar en 50 años”.
Nadie ha firmado aún ningún papel. Una técnica de AVRA se reunió esta pasada semana con cada uno de ellos para informarle de estas condiciones y tratar de convencerles de que es la única opción que tienen para aspirar a una nueva casa. Algunos de los vecinos han encontrado en estos encuentros individuales amenazas veladas e intentos de dividirles. “Me dijeron que la mayoría de vecinos va a aceptar, con lo que, si me quedo fuera, me puedo ver sin casa nueva”, alerta Eva Anillo.
La oposición en el Ayuntamiento, formada por Adelante Izquierda Gaditana y PSOE, se ha alineado con los afectados. Lo hicieron en el último pleno, donde se aprobó un nuevo trámite urbanístico para avanzar en esta operación. “Es clasismo”, dice el portavoz de Adelante, David de la Cruz. “La Junta jamás plantearía algo así en un barrio rico”. El alcalde, Bruno García, del PP, ha pedido a sus compañeros de partido en el Gobierno andaluz transparencia y una solución.
Los vecinos han anunciado que esta semana colgarán un cartel en la fachada blanca de sus casas. No es ninguna novedad en un barrio que ha vivido a golpe de pancartas. Están unidos en un grupo de WhatsApp que ha despertado los recelos de la Junta de Andalucía. Y sienten que si están juntos en esta lucha podrán mantenerse como propietarios de sus nuevas casas. Pero mantener esa unión no será fácil. El cambio en las condiciones les ha pillado a punto de llegar a la meta, como el que ya ve la orilla tras una larga travesía por el mar. Y este viaje dura ya más de 30 años.
