La Junta de Andalucía cuenta con un parque público de viviendas, gestionado a través de AVRA, con 73.000 pisos sociales, de los cuales 50.000 están alquiladas. Es el mayor volumen de titularidad de una comunidad autónoma en España y ha supuesto una oportunidad para miles de familias andaluzas . Sin embargo, durante la última década (y especialmente desde la pandemia), en una parte de estos bloques de vivienda se han agravado los problemas de gestión y convivencia: la morosidad ha aumentado, ha habido más ocupaciones ilegales, no están registrados los cambios de titularidad e incluso en determinados puntos ha aumentado el uso de pisos para el desarrollo de actividades ilícitas. En este escenario, la Junta de Andalucía ha diseñado un plan de actuación que sigue un modelo ya implementado en etapas anteriores, y que permitirá conformar un equipo que elabore una radiografía del parque público de vivienda protegida de AVRA y que implemente una batería de medidas encaminadas a reducir la morosidad, poner freno a la ocupación ilegal de vivienda y facilitar en la medida de lo posible que los inquilinos adquieran las viviendas y asuman su titularidad. Este plan parte con un presupuesto de más de siete millones de euros distribuidos en dos años (3,7 al año IVA incluido) que se ejecutarán a través de un contrato con el que se adjudicará a una empresa la conformación de un equipo de más de 60 personas entre agentes, técnicos y administrativos que deberán realizar una revisión de la situación del parque público de AVRA e implementar las medidas acordadas. Los problemas graves de gestión detectados por AVRA, y por todos los ayuntamientos donde se ubican las viviendas públicas de la Junta de Andalucía, no se dan por igual en todos los pisos. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que dirige Rocío Díaz , ha elaborado ya un mapa de riesgo con las promociones en las que hay detectados mayores irregularidades. En total, son 11.813 viviendas de las cuales casi una cuarta parte están ubicados en la provincia de Sevilla (3.035) seguido de Cádiz (2.695) y Granada (1.646). En ellas se centrará la acción del equipo contratado por la Junta de Andalucía para tratar de frenar el aumento que se ha producido de ocupaciones ilegales y del uso de pisos para actividades ilícitas (cultivo de marihuana, por ejemplo). Se deberán revisar tres veces al año cada uno de esos pisos. Existe un segundo nivel de vivienda, formado por unas 14.000 viviendas sociales consideradas como normalizadas . En ellas el nivel de los problemas e irregularidades es menor, pero hay problemas de titularidad y situaciones de morosidad en los alquileres o en las comunidades de propietarios. En estos casos el plan es que se puedan realizar dos inspecciones al año. A esto se añade, un tercer nivel de análisis: en un total 1.233 viviendas se han realizado inversiones a lo largo de los últimos años que se pretenden revisar para comprobar su estado y analizar la sostenibilidad de los proyectos especialmente aquellos vinculados con fondos europeos. «Se velará por la correcta ocupación de las viviendas para que residan en ellas las personas legítimos titulares evitando y resolviendo las ocupaciones ilegales y dificultando las actuaciones de las bandas organizadas que actualmente están proliferando y que únicamente persiguen fines lucrativos, y que se aprovechan de que la normativa actual no ofrece una respuesta jurídica para conseguir una recuperación inmediata», recoge la memoria del proyecto. Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda además apuntan a los efectos de la «legislación estatal de desahucios». Para hacer frente a la morosidad, el proyecto de la Consejería es que este equipo nuevo permita adoptar soluciones que permitan reducirla. Entre ellas, « suscripción de compromisos de abonos de deuda , interrupción de posibles prescripciones y otras que mejoren la regularidad del abono de deuda y cantidades asimiladas». Pero aparte de esto, el trabajo se aprovechará para un objetivo por parte de la Junta de Andalucía: facilitar que inquilinos de viviendas protegidas abonen el precio necesario a la Administración para asumir la titularidad de la vivienda y que deje de ser de ámbito autonómico. Para ello, el equipo que se conformará tendrá entre sus cometidos el apoyo a la gestión jurídica de los expedientes. La memoria económica de este proyecto establece que la aplicación y desarrollo de este plan de actuación va a permitir incluso generar más ingresos que el coste que supone la contratación de los equipos. De hecho, se prevé un aumento de 1,5 millones de euros en la recaudación, de 500.000 euros de ingresos por reducción de la morosidad (un 5%) con la suscripción de más de 2.000 compromisos de abonos de deuda y de entre 4,3 y 6,5 millones de euros por un aumento de las ventas de pisos a sus actuales inquilinos. Es decir, sobre un gasto anual de 3,7 millones de euros, se prevén obtener un mínimo de 6,3 millones de ingresos y, por tanto, un resultado positivo al año de 2,5 millones. Pero, además, este plan debe contribuir a uno de los objetivos establecidos por la Administración autonómica: aumentar la oferta de vivienda pública con efectos inmediatos a la espera de que se ejecuten las nuevas promociones de vivienda pública que aunque hayan arrancado ya tienen un tiempo considerable de desarrollo. La revisión del parque público de AVRA debe permitir generar nuevas viviendas disponibles que se encuentren en estos momentos vacías, ocupadas ilegalmente o en situación de irregularidad que puedan ser adjudicadas a familias que se encuentren en las listas de espera de viviendas sociales o de acceso a una vivienda protegida. Es, por tanto, un proceso que debe permitir ampliar la oferta de forma rápida en Andalucía. La ocupación ilegal o el uso irregular de vivienda. En paralelo, la Junta de Andalucía mantiene su estrategia de incrementar la promoción de VPO y viviendas sociales a través de AVRA o de acuerdos de colaboración con el Gobierno central y los ayuntamientos. En total, en estos momentos están en marcha más d e 10.258 viviendas públicas en toda la comunidad autónoma. Asimismo, en este mes de julio está programada la tramitación del nuevo anteproyecto de ley de vivienda que sustituirá.
