Tras la puesta en marcha de la reforma del Estatuto de Autonomía entre el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha anunciada la pasada semana, este martes 16 de julio tendrá lugar un acto sin duda simbólico con la reunión que van a mantener a las 12 del mediodía en la sede del Gobierno regional , el Palacio de Fuensalida, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder de la oposición y presidente del Partido Popular regional, Paco Núñez, para abordar la reforma estatutaria pactada entre PP y PSOE y que ya está en tramitación parlamentaria. La pasada semana se registró en las Cortes regionales la proposición de ley conjunta entre los dos grupos, con la que pretenden reformar al completo la Carta Magna de la Comunidad Autónoma . Tras un año de reuniones discretas entre ambos grupos, la intención ahora es que las dos partes presenten enmiendas conjuntas para mejorar el texto, 15 años después de la última intentona, que fracasó en 2009. Además ayer en las Cortes regionales la Mesa y la Junta de Portavoces, presididas por Pablo Bellido, fijaron el orden del día y la convocatoria para este próximo jueves de un pleno con cinco puntos. Entre ellos, la toma en consideración de las proposiciones de ley para el nuevo Estatuto de Autonomía y para la reforma del Reglamento de la Cámara y la votación para la aprobación definitiva del Proyecto de Ley de Integridad de Castilla-La Mancha. También un debate general sobre el Banco de Libros y tres preguntas orales de la oposición al Gobierno. El nuevo texto del Estatuto de Autonomía, negociado por los dos partidos mayoritarios de la región, PSOE y PP, llega para su toma en consideración después de que la semana pasada iniciase su tramitación parlamentaria con el registro por parte del Grupo Socialista, la calificación por parte de la Mesa, su publicación en el Boletín de las Cortes regionales y el visto bueno del Consejo de Gobierno a esta tramitación. De recibir el apoyo mayoritario en el pleno, la proposición de ley continuará adelante con su recorrido parlamentario, abriendo un periodo de enmiendas y con un debate en comisión. Asimismo, la Proposición de Ley conjunta del PSOE y PP comienza también su tramitación en la Asamblea Legislativa de la Región. En el marco de estos recientes acuerdos entre PSOE y PP llega también a pleno, como primer punto del orden del día, el debate y la votación para su aprobación definitiva del Proyecto de Ley de Integridad de Castilla-La Mancha. En la ronda de votaciones, se incorporaron once enmiendas conjuntas de los grupos Socialista y Popular y se designó ponente a la diputada socialista Ana Isabel Abengózar. Desde las filas del PP, el diputado regional Santiago Lucas-Torres resaltó la apuesta de su partido por un Estatuto de consenso «serio y riguroso» que garantice los derechos de los castellanomanchegos, incidiendo en que solo hablando de pactos y de consenso se podrá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. « El PP es un partido de consenso, de diálogo . Necesitamos un Estatuto que garantice los derechos de los castellanomanchegos, por eso necesitamos un Estatuto de consenso, serio y riguroso», manifestó. Asimismo, señaló que no solamente piensan que haya que pactar el estatuto o el reglamento de las Cortes, sino que también deben llegar a un consenso en otros temas importantes para la región como lo es la agricultura, señalando que «el Pacto Verde está arruinando a nuestros agricultores». El vicepresidente segundo subrayó que el proceso «no ha hecho nada más que empezar» , pero que el texto que el jueves llevarán a pleno y recoge 91 artículos es inclusivo y detalla las necesidades contemporáneas, ampliando competencias y fortaleciendo las instituciones. Además, destacó que es una potente herramienta para la región ante injusticias promovidas por otros territorios, ya que introduce un enfoque más robusto en la protección de derechos y participación ciudadana. «En épocas tan convulsas de la política española necesitamos encontrar el consenso por el bien de los ciudadanos adaptando la política a las necesidades reales del momento y eso es lo que hemos hecho entre el PP y el PSOE. Ahora esperamos hacerlo con toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha y los grupos políticos» dijo. Abundando en la idea, Santiago Lucas-Torres afirmó que han incorporado la legislación delegada, «para que sea ágil», y la democratización del Parlamento, «donde por primera vez se van a instaurar sesión de control al presidente y al Gobierno. También la representación de los ciudadanos será más representativa». También «tiene una potestad legislativa que se amplía a todos los miembros de la Cámara : los grupos parlamentarios y al Consejo de Gobierno; unas nuevas competencias, como pueden ser en desarrollo rural y ambiental; la lucha contra la despoblación; el agua; la adopción de medidas para el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental; se eliminan los aforamientos; se incorporan instituciones como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, el Consejo del Diálogo Social y el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, que no estaba dentro del anterior Estatuto». En cuanto a los derechos y deberes que se reconocen , Santiago Lucas-Torres ha puesto como referencia los derechos y deberes de los colectivos específicos, los derechos de personas mayores, menores, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y sobre todo personas con situación desfavorable o personas vulnerables. «Los derechos económicos y sociales se incluyen también como el derecho a una vivienda digna, al agua, a la salud, a la educación, a la calidad». Desde el PSOE, su vicesecretaria general en la región, Cristina Maestre, apeló ayer a la «coherencia» que, a su juicio, debe demostrar el PP de la región en materia de violencia machista, toda vez que han consensuado con el PSOE el texto del borrador del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, donde «se blindan» las políticas activas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y se plasma «el compromiso de la sociedad castellanomanchega contra la violencia machista». Por lo tanto, apuntó que se trata de «un gran avance» que tiene que cristalizarse en todas las acciones políticas que tienen que llevar los partidos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha, «como es la rotunda negación y condena de los crímenes machistas»,
