El PP ha usado su mayoría parlamentaria para recuperar el poder de veto que tiene el Senado para tumbar los objetivos de déficit y de deuda del Estado, un trámite que es imprescindible para que el Gobierno pueda elaborar los Presupuestos. En concreto, durante la tramitación parlamentaria de la ley de paridad en el Senado, el PP ha impuesto su mayoría para eliminar la enmienda que había promovido el PSOE para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y quitarle a la Cámara Alta la capacidad que tiene para rechazar los objetivos de estabilidad presupuestaria. No obstante, también es cierto que parece que el PP está condenado a perder el poder de veto en el Senado porque la ley de paridad volverá al Congreso y ahí la mayoría de la investidura puede deshacer los cambios introducidos.
La ley de paridad, que es una iniciativa que transpone una Directiva europea que busca equilibrar la representación de hombres y mujeres en órganos decisores de la vida política y económica (órganos constitucionales, sociedades cotizadas...), ha quedado salpicada por la maniobra del Gobierno de intentar introducir una enmienda para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y así poder garantizarse la aprobación de las Cuentas de 2025 sin el veto del Senado. En 2024, el Gobierno se quedó sin poder aprobar los objetivos de déficit y de deuda porque el PP se opuso en el Senado y, luego, en el Congreso los socios independentistas de Pedro Sánchez tampoco apoyaron los Presupuestos.
Esa enmienda de la ley de paridad ha sido suprimida por UPN, que ha recibido el apoyo del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. En concreto, la senadora de UPN ha aducido que la enmienda del PSOE sobre el Senado "no guarda relación con el objeto del presente proyecto de ley, la representación paritaria de mujeres
y hombres, y, por consiguiente, contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional que sostiene que no se
deben incluir enmiendas ajenas a la materia de la ley en cuestión". De hecho, el PSOE y Sumar han ignorado todos los informes (ha habido tres) de los letrados de Congreso y Senado que han advertido de que la enmienda puede ser inconstitucional porque ya se ha pronunciado en más de una ocasión el TC.
No obstante, y pese a la previsible inconstitucionalidad de la enmienda, el PP no parece con voluntad de recurrir ante el Tribunal de Garantías porque cree que no les dará la razón ya que está dominado por afines al PSOE.
