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El 3 de noviembre de 2010, el Banco de Crédito del Perú (BCP) desembolsó clandestinamente la primera de 17 entregas de dinero por un total de US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori durante el periodo de su campaña presidencial. La última fracción la completó el 23 de mayo de 2011. Después de 8 años y 6 meses de esta última fecha, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se enteró de los aportes secretos del BCP a Fujimori, pero no porque se lo informó la entidad bancaria. El 18 de noviembre de 2019, el entonces presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, confesó ante el equipo especial Lava Jato sobre los abonos millonarios a la aspirante fujimorista con fondos del BCP. Recién entonces la SBS supo de lo sucedido, y el 29 de noviembre de 2019 designó a un Grupo de Trabajo Ad Hoc para que determine las responsabilidades de los involucrados.

El informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS encontró que un grupo de directivos y funcionarios de primer nivel del BCP, incluido Dionisio Romero Paoletti, perpetró una serie de vulneraciones de las normas del sistema bancario, por lo que recomendó, además de la aplicación de varias medidas, una sanción pecuniaria. 

El documento relata el hecho supervisado por el equipo: “En respuesta a los requerimientos (de documentación), y como resultado de las declaraciones efectuadas por los diferentes trabajadores y funcionarios del BCP, se determinó que la decisión de realizar los aportes a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), así como el hecho de mantenerla con carácter de reservada, provino de Dionisio Romero Paoletti (presidente del Directorio y chief executive officer, CEO, de Credicorp, y presidente del Directorio del BCP), y fue coordinada y aceptada por Walter Bayly Llona (COO o gerente general adjunto de Credicorp y gerente general. (...) Las entregas de efectivo fueron realizadas por José Luis Muñoz (gerente de la División de Contabilidad) en la oficina del señor Romero”.

El informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS forma parte de la evidencia que el fiscal José Domingo Pérez ha acreditado al tribunal del caso Cócteles sobre el origen opaco del dinero que Dionisio Romero Paoletti suministró a Keiko Fujimori a espaldas del Directorio del grupo bancario que entonces encabezaba y sin que lo reportara a la SBS como correspondía.

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En el periodo en el que recibió los US$3,65 millones de manos de Dionisio Romero Paoletti —de noviembre de 2010 a mayo de 2011—, Keiko Fujimori ejercía como congresista, por lo que actuaba como funcionaria pública. Y al presentar su declaración jurada de hoja de vida al Jurado Nacional de Elecciones como candidata a la presidencia, no consignó el dinero que le proporcionó el banquero Romero.

LA BÓVEDA DE LA MOLINA

El esquema de extracción de los fondos que se destinaron a Keiko Fujimori fue el siguiente, según pudo corroborar la SBS: el efectivo salía de la bóveda de la sede principal del BCP en La Molina, y luego las sumas fueron compensadas en las cuentas del BCP en el Atlantic Security Bank (ASB), Estados Unidos. Esta modalidad de operaciones contraviene la Ley General del Sistema Financiero. 

Además, la decisión de entregar dinero no fue corporativa, sino unilateral, al margen del conocimiento de las autoridades tanto de Credicorp como del BCP: “Los directorios en ambas entidades no formaron parte de la decisión ni fueron informados con posterioridad. Ninguno de los funcionarios (gerentes y directores) que formaron parte de dicho proceso, y que tuvieron conocimiento del destino de las operaciones, informó al Directorio del BCP sobre las operaciones realizadas con su vinculada (Credicorp)”, precisa el informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS.

También cuestionó la manera en que se le suministró el dinero a Dionisio Romero para que este hiciera los 17 desembolsos a Keiko Fujimori: “La operativa de los retiros en efectivo para realizar los aportes fueron decididas por un único funcionario (el gerente de la División de Contabilidad), pese a la relevancia de la operatividad en el proceso de aportes”, conforme al informe de supervisión de la SBS. 

Lo que se confirmó fue que el efectivo salió de la sede principal, en La Molina: “Se verificó que la generación de retiros de fondos en efectivo se inició con la emisión de correos electrónicos mandatarios para que la Oficina Sede Central de La Molina gestione los retiros en efectivo, el detalle de cada una de las 17 transacciones y la relación de los funcionarios que solicitaron la habilitación de fondos en efectivo”, se indica en el informe confidencial de la SBS. 

DIRECTO A LA LAVADORA

Según el fiscal José Domingo Pérez, las entregas de dinero en efectivo a Keiko Fujimori, al margen del sistema bancario, podría haber tenido como finalidad evitar la trazabilidad de los US$3,65 millones. Hasta el momento, la excandidata presidencial no ha manifestado el destino final de los fondos del BCP, aunque se sospecha que una parte debe haber sido depositada a cuentas del partido fujimorista por falsos aportantes o lavadores de dinero. Los llamados ‘pitufos’.

Tanto la defensa de Dionisio Romero Paoletti como la de Keiko Fujimori señalan que el origen de los US$3,65 millones es lícito y que, en consecuencia, no hubo lavado de activos. En cambio, el fiscal Pérez argumenta que el origen ilícito se dio cuando Romero dispuso de los fondos del BCP sin conocimiento del directorio, lo que constituirá el delito de fraude de la administración de personas jurídicas. Este es un hecho que consta en el informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS: “Determinación de responsabilidades. (...) Los señores Dionisio Romero Paoletti en su condición de presidente del Directorio de Credicorp y CEO de Credicorp y presidente del Directorio del BCP, y Walter Bayly llona, en su condición de gerente general adjunto de Credicorp y gerente general del BCP, al tomar la decisión de efectuar a la campaña del partido político Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), sin informar al Directorio tal decisión”. 

Y completa el alcance de la responsabilidad: “(Este) hecho tampoco fue comunicado en su oportunidad al órgano supervisor, sino recién se tomó conocimiento como consecuencia de una declaración brindada ante el Ministerio Público, en el marco de una investigación penal (caso Cócteles)”.

La SBS resalta la admisión de los hechos por parte de Dionisio Romero Paoletti: “Conforme a lo señalado en su declaración (de Romero), no se realizó consultas al Área de Riesgos, Legal, Cumplimiento y Auditoría, ante una decisión que no solo implicaba o comprometía a Credicorp y sus subsidiarias, sino que trascendía fuera del alcance de las mismas, como es el financiamiento a una campaña electoral”. 

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Pero, además, Romero estaba obligado a dar cuenta de los aportes: “El señor Romero, al tomar la decisión de brindar el aporte a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) contaba con el cargo de director gerente general, por lo cual, según el numeral 4.3 del Estatuto de Credicorp, estaba facultado ‘a administrar todos los asuntos y actividades generales de la Compañía, bajo el control del Directorio’, respecto a lo cual no se identificaron los sustentos del reporte al Directorio de Credicorp sobre dichas operaciones (los 17 desembolsos para Keiko Fujimori”. Es decir, actuó contra las propias reglas del banco al no informar sobre los US$3,65 millones para la excandidata presidencial. Dionisio Romero lo contará todo cuando se presente a la audiencia del caso Cócteles. 

LA SANCIÓN

La Superintendencia de Banca y Seguros confirmó que impuso una sanción económica de 400 UIT (alrededor de S/1.760.000) al Banco de Crédito del Perú por no haber informado de los aportes a Keiko Fujimori en la campaña de 2011. El BCP cumplió con el pago en abril de 2021. 

Consultado el BCP, admitió que la SBS aplicó sanciones administrativas, pero que no mencionó delitos. “La SBS no señaló que el origen de los fondos que el señor (Dionisio) Romero entregó a la señora Keiko Fujimori fuese ilícito ni que existiese un caso de fraude. Lo que hizo la SBS fue sancionar al BCP por incumplir procedimientos internos en el registro de las operaciones de los aportes de campaña que realizó Credicorp y que provenían de los dividendos de esta última empresa, como prueba su información contable auditada”, dijo el BCP a La República.