Declaración de Sánchez: presencial en Moncloa y sin obligación de testificar contra su mujer
El juez que investiga a Begoña Gómez ha decidido aceptar la petición de las acusaciones populares y citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en calidad de testigo al entender que la medida es «útil y pertinente» . Si todo sigue según lo previsto, será el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid al frente de las pesquisas, Juan Carlos Peinado, quien se traslade el próximo 30 de julio al Palacio de la Moncloa para tomarle declaración a las 11 de la mañana. Pero, ¿podría Sánchez negarse a comparecer?, ¿la ley le protege al tratarse del jefe del Ejecutivo?, ¿por qué le podría preguntar el magistrado? Todos los testigos citados a declarar en un procedimiento judicial están obligados a contestar y decir la verdad salvo si se trata del cónyuge del investigado o un familiar directo. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en su artículo 416 y es a lo que se podría acoger el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no tener que declarar en contra de su mujer, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios . La misma norma contempla que sea el magistrado quien «advertirá» al testigo de que «no tiene obligación de declarar» pero que «puede hacer las manifestaciones que considere oportunas». No obstante, esa dispensa solo se ejerce compareciendo ante el juez y comunicando que no quiere testificar. No existen precedentes en la historia de España de una decisión similar a la acordada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Nunca antes un juez se había desplazado a Moncloa para interrogar a un presidente del Gobierno. Tampoco a ningún ministro. La legislación contempla que los miembros del Ejecutivo puedan testificar por escrito en causas judiciales cuando se les va a preguntar por cuestiones de las que han tenido conocimiento «por razón de su cargo» , como ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en el caso Pegasus (sobre la infección de los teléfonos móviles de Sánchez y otros ministros) con Félix Bolaños, Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska. Mientras que en caso contrario, la ley establece que sea el juez el que se traslade al domicilio o despacho oficial. Es la opción por la que ha optado Peinado al entender que Sánchez tiene conocimiento de los hechos por los que será interrogado en condición de marido de Begoña Gómez y no en la de presidente del Gobierno. Para estas situaciones, la ley fija que si el testigo se resiste a recibir al juez para que le tome declaración « se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para los efectos que procedan». En caso de que Sánchez decidiera voluntariamente prestar declaración en calidad de testigo, deberá dar respuesta a las preguntas que le formulen sobre los encuentros que habría mantenido en Moncloa junto a su mujer con el empresario tecnológico Carlos Barrabés y que desveló él mismo en sede judicial, lo que propició su cambio procesal de testigo a investigado así como la petición de la acusación popular ejercida por Vox para que se acordara la testifical de Sánchez. En una resolución, el juez Peinado determinó que estaba investigando « todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada (Begoña Gómez) desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial» de Manos Limpias, a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea porque los fondos presuntamente comprometidos son comunitarios. Además de las adjudicaciones a Barrabés en los que no haya fondos de la Unión Europea, el escrito apuntaba al rescate concedido por el Gobierno a Air Europa, del grupo Globalia (en el momento de los hechos, con Javier Hidalgo, próximo a Begoña Gómez, al frente). También está bajo el foco una supuesta apropiación del software de la Complutense, donde codirigió una cátedra, saber cómo llegó a trabajar en el Instituto de Empresa o las subvenciones que habría recibido Inmark, una compañía a la que habría estado vinculada y que las acusaciones populares fueron incluyendo en sus ampliaciones de querella. Por todos estos extremos podría tener que contestar también Pedro Sánchez en su testifical del día 30. Sí, la declaración se grabará. En la providencia conocida ayer, además Peinado ordena requerir a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid para que, acompañados de agentes de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de estos juzgados, se personen el 29 de julio, un día antes de la declaración, en las dependencias del Palacio de la Moncloa, para «proceder a la instalación de los dispositivos necesarios para que la citada prueba documental sea recogida en el correspondiente soporte de grabación». Además insta a este mismo servicio informático a que designe dos técnicos que acompañen a la comisión judicial que realice el desplazamiento para resolver cualquier incidencia que pudiera tener lugar durante la comparecencia.