La última decisión sobre las privatizaciones y el proyecto pendiente de Sturzenegger

Luego de que el Congreso se tomara un receso informal de la mayoría de las actividades legislativas, la agenda de los diferentes proyectos a ponerse en tratamiento vuelve a movilizarse y el Gobierno de Javier Milei busca imponer otra batería de medidas para el segundo semestre del año.

Y es que la aprobación de la Ley Bases y la de Medidas Fiscales terminó por agotar una larga instancia de negociaciones que llevaron más de seis meses. Con esas herramientas de gestión otorgadas al Poder Ejecutivo, la oposición dialoguista prevé dar muestras de autonomía y endurecerse en las negociaciones futuras con los libertarios.

Lo que se viene en el Congreso

Para la segunda mitad del año, el Gobierno buscará poner en discusión diferentes medidas que debieron ser removidas de la Ley Bases original. El ejemplo más claro de esto es la reforma electoral que impulsa el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Esta consta de varias reformas estructurales al sistema electoral. Entre las medidas están el recorte del financiamiento partidario, una iniciativa de ficha limpia y la aprobación del proyecto de Boleta Única Papel (BUP) que descansa en el Senado con media sanción. En tanto, el principal punto que buscaba impulsar el oficialismo es la eliminación de las PASO, algo que no cuenta con el consenso de ninguno de los bloques opositores.

"Nosotros queremos eliminarlas, pero sabemos que no está el número", se resignan en La Libertad Avanza. La semana pasada hubo una reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo y de bloques dialoguistas, ahí se aseveró que quitar esa instancia no iba a ser posible. Las alternativas que proponen otros diputados opositores están entre la quita de la obligatoriedad como que quienes vayan a votar sean afiliados de los partidos que se someten a internas.

A pesar de que se preveía para antes, desde la Jefatura de Gabinete demorarán el envío de ese paquete al Congreso hasta que no haya una segunda reunión con los jefes de bloque. Buscan que las instancias de debate en comisiones y el recinto sean lo más acotadas posible.

Aunque todavía no se sabe si irá a Diputados o si caerá en el Senado para empalmarlo con el proyecto de la BUP, altas fuentes parlamentarias indican que no se logrará sesión hasta septiembre.

Sí habrá otros proyectos a tratarse con anterioridad. La próxima fecha que miran todos es el 7 de agosto, cuando, se presume, se dará comienzo con varias de las discusiones del paquete de Seguridad enviado por la ministra Patricia Bullrich, en colaboración con su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Van a estar en el recinto la ampliación del Banco de Nacional de Datos Genéticos, el programa de entrega voluntaria de armas; así como otras cuestiones complementarias como el envío de tropas al exterior y medidas bilaterales provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Cómo vienen las medidas desreguladoras de Sturzenegger

Para más adelante quedará la Ley Hojarasca, el proyecto de derogación y modificación de más de 100 leyes que diseñó Federico Sturzenegger, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Entre los ejemplos que siempre menciona el funcionario está la eliminación de las normas que regulan la carrera de palomas.

"Supone un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico, son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales", indicó 'El Coloso' -tal y como lo llama Milei- en una entrevista reciente.

El ministerio desregulador mira con atención la conformación de la Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que debe tener doce integrantes (seis de cada cámara). Según confirmaron fuentes cercanas a Martín Menem, la conformación de la misma no será prioridad inmediata para el oficialismo y se buscará avanzar primero con la Ley Hojarasca. 

"No es nuestra prioridad en este momento. Hay muchas comisiones debatiéndose y lo primero es movilizar los proyectos que quiere el Ejecutivo", indican. Para tratar las seis privatizaciones que fueron aprobadas en la Ley Bases (Aysa), la comisión es parte fundamental de ese proceso. Además, se precisa que la AGN y la SIGEN actúen como partes informantes sobre los estados contables y financieros de cada una de las compañías.

La primera de estas dos entidades solo tiene designados a cuatro de sus siete integrantes, Diputados debe elegir en sesión a los tres representantes que les corresponden.

Se prevé que uno sea correspondiente a Unión por la Patria (por ejemplo, el massismo propone al exAFIP Guillermo Michel), otro de la UCR (el histórico diputado Mario Negri suena como uno de los más probables) y otro consensuado por La Libertad Avanza y el PRO. Esto se dio por un acuerdo de Menem y Cristian Ritondo semanas atrás, pero este podría haberse enfriado. Si así fuera, los libertarios podrían insistir con Santiago Viola; mientras que en el partido amarillo suena como un probable el exministro de Trabajo, Jorge Triaca.