Han pasado catorce años desde aquel mes de julio de 2010 cuando el Parlament culminó un enconado debate político con la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. El toros sí, toros no, llevaba un tiempo larvado dentro de un proceso milimétricamente urdido desde la llegada de Pujol a la Generalitat, el cerco impuesto a la Fiesta con un inequívoco cariz identitario: franquista y para turistas definían la tauromaquia desde posiciones nacionalistas. En 2004, el Ayuntamiento de Barcelona declaró a la ciudad territorio antitaurino; antes, las prohibiciones para plazas portátiles y la entrada a menores de 14 años, fueron algunas de las decisiones que iban estrechando el cerco. Había que cerrarlo, y los convergentes dejaron la puntilla en manos...
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