Interior quita a la Policía Nacional las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos en País Vasco y se las cede a la Ertzaintza
"Frente a todos los argumentos normativos que se puedan esgrimir ahora la única realidad es que el paso dado hoy tiene un solo origen: el cálculo político", denuncia CEP
El Ministerio del Interior ha vuelto a dar otra gravísima vuelta de tuerca al desmantelamiento de las competencias de la Policía Nacional en País Vasco, con la entrega de los cometidos que venía ejerciendo hasta ahora nuestro Cuerpo en los puertos y aeropuertos de esa Comunidad Autónoma a la Ertzaintza.
La medida, aprobada esta mañana en la Junta de Seguridad que el Ejecutivo central y el vasco han celebrado en Madrid, supone "despojarnos de todos los cometidos policiales comunes -sobre todo, los relacionados con la protección de la seguridad ciudadana y policía judicial en esas instalaciones, que son esenciales- para entregárselos a las Policía autonómica vasca que, a partir de ahora, tendrá una posición preeminente", informa CEP.
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La decisión materializada constituye un nuevo ejemplo de injerencia intolerable de la aritmética partidaria en un ámbito esencial para el Estado, como es el de la seguridad pública, porque este acuerdo nace, única y exclusivamente, del que, a su vez, alcanzaron PSOE y PNV en noviembre de 2023 para lograr la mayoría parlamentaria necesaria para una investidura, tras las elecciones generales de julio de ese año. A pesar de que aquel pacto pueda ser legítimo y de que Interior justifique esta nueva cesión cobijándose en el Estatuto de Autonomía y en un modelo de gestión basado en la cooperación entre Administraciones, lo cierto es que nunca antes un Gobierno había aceptado ceder -regalar, porque es a coste cero- los puertos y aeropuertos de País Vasco a la Ertzaintza porque siempre se entendió que la custodia, vigilancia, protección de la seguridad ciudadana, mantenimiento del orden público, prevención de la delincuencia e instrucción de atestados por delitos en puertos y aeropuertos eran cometidos sensibles que ni podían ni debían ejercerse por Cuerpos que no fuesen Policía Nacional o Guardia Civil. Por ello, frente a todos los argumentos normativos que se puedan esgrimir ahora la única realidad es que el paso dado hoy tiene un solo origen: el cálculo político, subraya el sindicato.
"A pesar de que los policías nacionales vayamos a seguir ejerciendo las competencias exclusivas que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, reserva para nosotros en el ámbito de la extranjería, el control de la entrada y salida de ciudadanos por puestos fronterizos y la expedición de documentación, lo cierto es que el resto de cometidos policiales se regalan a la Ertzaintza sin valorar el perjuicio que tal medida provocará a la seguridad pública al desgajar una parte esencial, tanto en lo operativo como en el ámbito de la obtención de información de interés para la protección de la seguridad ciudadana, de las competencias que Policía Nacional y Guardia Civil ejercían hasta ahora en esas infraestructuras críticas. La política de Interior de cesiones permanentes en el ámbito policial afectará a las condiciones de trabajo de los agentes destinados en los puertos y aeropuertos de País Vasco y rompe un consenso de Estado que hasta la fecha ningún partido con responsabilidades de Gobierno en España había roto. En cualquier caso, lo más preocupante es que esta decisión acordada hoy vaya a tener su continuidad en Cataluña, como ya se ha denunciado en los últimos meses sin que Interior lo haya negado en términos contundentes. De extenderse esta cesión a los puertos y aeropuertos de esa otra Comunidad Autónoma, la gravedad de la medida sería mucho mayor.", denuncian.
Además, hay que recordar que instalaciones como los puertos o aeropuertos son puntos habilitados de acceso no sólo a España sino a territorio Schengen, con lo que la medida acordada hoy es doblemente sensible en el ámbito europeo, puesto que supone entregar el control físico de esas infraestructuras y de los cometidos policiales generales a un Cuerpo de seguridad no estatal y que, en consecuencia, tiene unas prioridades y objetivos ajenos al esquema unitario que debe presidir una política de seguridad alejada de iniciativas que supongan despiezar y trocear competencias con claras implicaciones estatales y supraestatales, concluyen.