La primera cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía, aprobada el pasado 30 de mayo, ha aterrizado en el Tribunal Constitucional (TC). La iniciativa ha sido promovida por la Sala Penal del Tribunal Supremo que presidente Manuel Marchena contra el artículo 1 de la ley de Amnistía al considerar que vulnera la igualdad ante la ley, los principios de seguridad jurídica, arbitrariedad y, subsidiariamente, la separación de poderes en un Estado de derecho. Esto supone una patata caliente para el TC, cuyos miembros no ocultaban que hubiesen preferido no ser el primer órgano en pronunciarse sobre la norma y reservar su autoridad para más tarde. Resultaba mucho menos expuesto esperar a que Europa se pronunciara primero sobre la viabilidad de la ley. El auto del Supremo es implacable e inapelable a la hora de confrontar la ley con los derechos y principios de la Constitución que entiende vulnerados, especialmente el de igualdad ante la ley. El Constitucional se juega ahora su prestigio, más aún después de su incursión en las sentencias de los ERE.
