El rechazo al turismo masivo saca de nuevo a la calle a los cántabros

Cerca de un millar de personas se han manifestado este domingo en Puente San Miguel, aprovechando la celebración del Día de las Instituciones de Cantabria y la asistencia de numerosas autoridades, para reivindicar un cambio de modelo turístico que proteja el territorio y ponga solución al problema de acceso a la vivienda.

La movilización estaba convocada por la plataforma 'Cantabria para Vivir', creada recientemente e integrada por una veintena de colectivos entre movimientos sociales, asociaciones vecinales, feministas y culturales, partidos políticos y sindicatos, que han protestado contra “la enorme disonancia” que se ha creado entre las políticas de las instituciones y el sentir y necesidades de la mayor parte de la población de Cantabria“.

Para denunciar entre otras cosas la “enorme burbuja” en el precio de la vivienda que atribuyen al auge del turismo, los manifestantes han protagonizado una marcha que ha partido de la estación de tren hasta llegar a las inmediaciones del parque de La Robleda, cuando se celebraba el habitual acto institucional que conmemora un día simbólico para el autogobierno de Cantabria.

En el exterior del recinto han coincidido dos manifestaciones, la de 'Cantabria para Vivir' y la de la Coordinadora Cántabra por Pensiones Públicas y Dignas, que se concentra en este escenario cada 28 de julio. Aunque han estado fuera del parque, los integrantes de ambas protestas han alzado la voz gritando sus consignas mientras se celebraba el acto e intervenían las autoridades, e incluso algunos han entrado al final y han silbado mientras daba su discurso la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP).

Con ello querían mostrar su rechazo al modelo turístico que se está desarrollando en Cantabria y en concreto a proyectos como el teleférico previsto en Vega de Pas o el borrador de decreto elaborado por el Gobierno del PP para regular la proliferación de viviendas de uso turístico, que creen que “va justo en sentido inverso de lo que necesitamos”.

“Se ponen de perfil, abren la puerta a fondos de inversión y precarizan también las condiciones de estos apartamentos turísticos”, ha denunciado en declaraciones a los medios antes de iniciarse la marcha el portavoz de Cantabria No se Vende, una de las organizaciones que conforman Cantabria para Vivir, Diegu San Gabriel.

Así, aprovechando el Día de las Instituciones, ha reclamado al Gobierno que “ejerza la autonomía” en materia de vivienda, cuyas competencias son exclusivamente de la comunidad, y que no la deje en manos de los ayuntamientos junto a la ordenación territorial, ya que el borrador del decreto permite que sean los municipios quienes autoricen o limiten los pisos turísticos.

Para San Gabriel se necesita “una perspectiva de conjunto del territorio”, además de que ha apuntado que los ayuntamientos no tienen los recursos necesarios para la regulación que se les atribuye.

A su juicio, tanto el Ejecutivo autonómico como los ayuntamientos “siguen en el negacionismo” respecto al problema de la vivienda. “Siguen negando que tenga que ver con el turismo, queriendo solucionarlo urbanizando más y más, pese a que es en las zonas más urbanizadas, como San Vicente de la Barquera, Comillas, Laredo, Castro Urdiales o Santander, donde es más difícil acceder a la vivienda porque se está generando una enorme burbuja”.

“Las casas se compran al contado por fondos de inversión, y eso suele agravar el problema”, ha explicado, advirtiendo que se necesitan “nuevas ordenanzas que piensen en la gente que vive y trabaja aquí todo el año”.

Manifestación de pensionistas

Por su parte, los pensionistas se han concentrado un año más frente a la Casa de Juntas de Puente San Miguel, donde han reclamado “soluciones y que sepan defender Cantabria de su patrimonio y el bienestar de los cántabros”.

También mientras se celebraba el acto institucional han leído un manifiesto exigiendo servicios públicos de calidad, como la vivienda, la sanidad, los cuidados y las residencias, exigiendo que tengan “medios suficientes para atender de forma digna” a los ciudadanos.