Hasta ahora, un total de 11.144 millones de euros en fondos europeos han quedado sin adjudicar, un 22% del total. La suma sale de los 7.522 millones de euros en remanentes de la Administración General del Estado (AGE) y los 3.622 millones de las CC. AA. Es una de las conclusiones del informe publicado esta mañana por LLYC, 'Análisis de la Ejecución del Plan de Recuperación en España hasta junio de 2024'. En este sentido, uno de los autores del informe, Francesc García Donet, explica que el principal factor contra el que juega España es el tiempo. En concreto, recuerdan que todos los fondos -tanto subvenciones como préstamos- tendrán que estar adjudicados antes del 31 de agosto de 2026. «Si no se agiliza la adjudicación, el peligro es que llegue la fecha y haya que devolver el dinero a Europa», apunta García Donet. Si los índices de adjudicación fueran los mismos, detallan, se generarían unos nuevos remanentes -hasta el final de la ejecución del PRTR más la Adenda- que podrían alcanzar 21.593 millones de euros. La cifra es la suma de los remanentes que se crearían en la AGE, 11.025 millones, los que surgirían de las CC. AA., 6.423 millones, y los de activos financieros y préstamos anteriores a 2024, 4.145 millones de euros. «Si aplicamos los porcentajes al total que tienen que gestionar el Estado y las comunidades, los fondos sin adjudicar llegarían a 17.448 millones», agrega García Donet. «Se trata de cifras muy importantes que el Gobierno debe tener en cuenta para aumentar la eficacia adjudicataria y para decidir el destino de los importes no gastados», reza el informe. Pero, ¿por qué existen esos remanentes? Según explica el autor del informe, las ayudas sin adjudicar crecen a medida que pasa el tiempo. Los remanentes se explican por dos razones. Tal y como explica García Donet, «algunos proyectos no tienen la popularidad esperada», es decir, no hay tantos solicitantes y, por tanto, hay un excedente. Por otro lado, la otra causa surge en las licitaciones, que las obtienen las compañías que presenten una mejor oferta, «esto suele generar un remanente», recuerda. Según indican los datos publicados por la consultora, la adjudicación de fondos ha sido muy desigual. Los Pertes con más bajos niveles de adjudicación, se encuentran el de la Industria Agroalimentaria y el Naval, «cuyas primeras convocatorias dejaron remanentes considerables, que se pretenden enjugar con nuevas convocatorias más atractivas». Y ¿qué pasa con el dinero de las ayudas no adjudicadas? Según explica el autor del documento, el Estado tendrá que decidir si saca nuevos proyectos o si utiliza ese remanente en convocatorias que ya han funcionado. «Una salida lógica podría ser llevar el dinero a las convocatorias que mejor han funcionado. Aunque el Gobierno no ha dado señales, lo podría hacer, es legal». No obstante, agrega, es una opción a la que el Ejecutivo no ha querido recurrir. «Las pegas vienen desde Hacienda y por el hecho de que habría que notificar a la Comisión», cuenta el experto. La dotación general de los fondos Next Generation EU para España, tras la incorporación de los préstamos, asciende después de entrar en vigor la Adenda a un total de 163.801 millones de euros, por lo que el nivel de compromiso total actual, de 103.051 millones de euros está todavía muy lejos de ese total (faltan por comprometer 60.747 millones de euros, un 37,09% del total), a causa sobre todo de que el compromiso de préstamos acaba de empezar a producirse. A fecha de 30 de junio de 2024 España había comprometido 70.526,52 millones de la parte de las ayudas que no hay que devolver. De estas, 45.668 millones correspondían a la AGE y 24.858 a las CC. AA. En cuanto a los fondos en forma de préstamos rembolsables, los primeros seis meses de gestión de estos nuevos recursos se han comprometido 32.524 millones, un 39% del total de los fondos para préstamos. Sumando ambos importes, la cifra total de fondos comprometidos por España a mitad de 2024 asciende a 103.051 millones, casi el 63% de los asignados. «Aunque se debe reconocer el esfuerzo realizado por las administraciones públicas, es necesario seguir advirtiendo del esfuerzo que aún les queda por hacer para lograr adjudicar los fondos restantes en el poco tiempo que queda para ello», explican en las conclusiones del informe.
