Mazón oficializa la 'ley de Concordia' que equipara República y franquismo, abocada a ser recurrida ante el Constitucional
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la polémica norma elaborada por el PP y Vox
Hemeroteca - Las universidades públicas valencianas critican que la 'ley de Concordia' del PP y Vox tiene “graves carencias científicas”
El ofrecimiento del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, al presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, para pactar los términos de una ley de Memoria, tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, no ha servido de nada. Mazón ha publicado este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la denominada 'ley de Concordia', aprobada en el Parlamento autonómico con la suma de los votos del PP y de Vox. La nueva norma deroga la ley de Memoria Democrática aprobada en 2017 por el anterior Ejecutivo progresista del Pacte del Botànic y disuelve las comisiones, organismos e instituciones de carácter público creados hace siete años. La ley entrará en vigor 20 días hábiles después de su publicación.
El ministro Ángel Víctor Torres ya advirtió, durante una visita a València el pasado 18 de julio, de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recurriría la 'ley de Concordia' ante el Tribunal Constitucional (TC) al contravenir normas de rango superior. Un camino idéntico al que llevó al TC a suspender cautelarmente la derogación de la ley de Memoria Democrática en Aragón a manos de PP y Vox. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, también ha dicho en repetidas ocasiones que la 'ley de Concordia' sería recurrida ante el TC.
La nueva ley valenciana equipara la Segunda República con la dictadura franquista. Se trata de una norma criticada por las universidades públicas, las asociaciones memorialistas y relatores de la ONU. El texto alude en su preámbulo a las supuestas “injerencias, coacciones y restricciones de derechos de la legislación memorialista”.
También considera que las leyes anteriores en la materia, tanto estatales como autonómicas, decretan “la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles” e impiden la libertad de opinión, limitan la libertad de cátedra y penalizan “el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”.
Aunque el tono de la ley se corresponde claramente con el argumentario ideológico de Vox, el presidente Carlos Mazón aseguró que formaba parte del programa electoral del PP. La norma fue aprobada el pasado 11 de julio en las Corts Valencianes, pocas horas de que el partido de Santiago Abascal saliera del Ejecutivo de Mazón.
La ley crea una “Unidad Valenciana de Concordia”, adscrita a Presidencia, cuyo responsable tendrá rango de subdirector y “deberá ser escogido de entre profesores universitarios expertos en alguno de los siguientes ámbitos: derecho penal, historia, derecho constitucional, historia del derecho, filosofía, ciencias políticas o sociología”. Sin embargo, el texto no detalla el proceso de selección del puesto.
Además, también establece como “lugares de la concordia” los “espacios, inmuebles o parajes” en los que se hubieran desarrollado “hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva de los hechos conducentes y concurrentes a las situaciones que llevaron a adquirir la condición de víctima” de la Segunda República o del terrorismo “etarra o islámico” (la norma no alude al de extrema derecha).
Así, a tenor del texto publicado en el Diari Ofiial, espacios como el catafalco de José Antonio Primo de Rivera en el cementerio de Alicante, situado a tiro de piedra de fosas de víctimas del franquismo y escenario habitual de movilizaciones de grupúsculos de extrema derecha, podría incluirse como lugar “de concordia”.
La norma autonómica también incluye la elaboración de un nuevo catálogo de vestigios por parte de un “comité de expertos” designado por los titulares de los departamentos con competencias en protección del departamento cultural (el conseller José Antonio Rovira) y de Transparencia (una dirección general encuadrada en la Presidencia y a cargo de José Salvador Tárrega).
La tramitación de los procedimientos en materia de memoria democrática iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley decaerán de manera automática, a excepción de los procesos de exhumación, según la segunda disposición transitoria.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a preguntas de este diario, ha declinado valorar la publicación de la 'ley de Concordia'.