El nuevo CGPJ no se pone de acuerdo para elegir al presidente del Supremo y reduce a dos los candidatos: Pilar Teso o Pablo Lucas
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir al nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo ha concluido sin acuerdo. Ninguno de los siete candidatos propuestos por los propios consejeros ha obtenido la mayoría de 3/5 necesaria (doce votos). Pero los veinte vocales han reducido a dos los aspirantes al puesto: la magistrada del Tribunal Supremo Pilar Teso, candidata del bloque progresista, y el magistrado del alto tribunal Pablo Lucas, cuya candidatura defiende el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces. Ambos han sido los que más apoyos han obtenido tras concluir las siete rondas celebradas durante la sesión plenaria. Mañana se reunirán de nuevo para intentar llegar a un acuerdo de consenso que concite esa mayoría en torno a uno de los dos candidatos.
De resultar elegida Teso, la preferida de Moncloa, la magistrada de la Sala de lo Contencioso del Supremo se convertiría en la primera mujer al frente del TS y del Consejo General del Poder Judicial.
Si en esa nueva votación ninguno de ellos alcanza la mayoría de 3/5, los vocales reiniciarán el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva que tuvo lugar el pasado jueves, informa el CGPJ. Los requisitos legales para presidir el alto tribunal y el CGPJ son ser miembro de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de Sala del mismo o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Los vocales se han reunido con un mandato legal, pues deben proceder a esa elección como muy tarde siete días después de la sesión constitutiva del nuevo Consejo, que se celebró el pasado día 25 poniendo así fin a más de cinco años y medio de retraso en la renovación del órgano de gobierno de los jueces por la falta de acuerdo entre PSOE y PP.
En esa primera reunión, los consejeros propusieron a siete candidatos, todos ellos magistrados del Supremo, cinco mujeres y dos hombres. El bloque progresista apostó por las magistradas Pilar Teso, máxima favorita, Ana María Ferrer y Ángeles Huet, mientras que los vocales conservadores pusieron sobre la mesa los nombres de los magistrados Antonio del Moral, Pablo Lucas, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba.
Pilar Teso ya le disputó en 2013 la presidencia del Tribunal Supremo a Carlos Lesmes, quien finalmente resultó elegido con 16 de los veinte votos del Pleno. Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desde 2008, votó en contra de la resolución que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, al no apreciar incompatibilidad alguna para ejercer el cargo en el hecho de que la pareja de la exministra, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirija un despacho y una fundación especializada en derechos humanos.
La otra apuesta del bloque progresista, Ana María Ferrer -primera mujer en la Sala Penal del Supremo, donde llegó hace diez años- formó parte del tribunal del "procés" y recientemente se desmarcó de sus compañeros al oponerse a que no se aplique la amnistía al delito de malversación por el que fue condenado, entre otros, Oriol Junqueras (lo que le mantiene inhabilitado pese a haber sido amnistiado por el Gobierno9 y por el que sigue procesado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Un centenar de nombramientos y la reforma del modelo de elección
Los vocales conservadores incluyeron entre sus candidatos al magistrado Pablo Lucas, presidente de la Sala de lo Contencioso, como opción de consenso, dado que fue uno de los nombres que el bloque progresista del anterior Consejo incluyó entre sus opciones para ser magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del CGPJ (finalmente los elegidos fueron los también magistrados del alto tribunal César Tolosa y María Luisa Segoviano).
El nuevo CGPJ tiene que hacer frente a un centenar de nombramientos de la cúpula judicial, con especial incidencia en el Supremo, que tiene un tercio de sus plazas vacantes (acumuladas sin remisión desde que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó la reforma que impide al CGPJ en funciones llevar a cabo nombramientos discrecionales), y a la elaboración -antes de seis meses- de un proyecto de reforma legal sobre el modelo de elección de los vocales que debe dar mayor protagonismo a los jueces en la designación de los doce vocales judiciales. Uno de los puntos clave del acuerdo para la renovación del Consejo firmado por PSOE y PP que está por ver que llegue a buen puerto dada la renuencia del Ejecutivo a avalar que sea la propia carrera judicial la que elija directamente a la mayoría del CGPJ.