Quedan en libertad los seis investigados por la muerte de dos guardias civiles en Barbate tras cinco meses en prisión
Los seis investigados tienen la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y de expedir un pasaporte nuevo
La Guardia Civil concluye que los seis detenidos no iban en la narcolancha que mató a dos agentes en Barbate
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha decretado este martes la libertad para los seis investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, después de que la Fiscalía no se opusiera a esta medida. Los seis investigados permanecían en prisión desde el pasado mes de febrero tras los hechos que provocaron en el puerto barbateño la muerte de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una narcolancha.
Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medidas cautelares, los seis investigados tienen la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional así como prohibición de expedir un pasaporte nuevo. Los autos ya han sido notificados a las partes.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo se dio a conocer que un informe de la Guardia Civil había descartado que la narcolancha que patrullaba 'Kiko el Cabra' fuera la que embistió hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado de Barbate descartana la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos que están en prisión, entre ellos 'Kiko el Cabra'.
No obstante, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, señaló que aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles “no son los autores del asesinato”, seguían imputados en “delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión”, por lo que no consideraba que se debían variar las medidas cautelares de prisión adoptadas.
Posteriormente, la pasada semana los encarcelados fueron llamados a declarar en la causa como testigos y, este martes, la Fiscalía ha remitido al juez que instruye el caso un informe en el que manifiesta que en el punto en el que se encuentra la investigación, no se opone a la puesta en libertad provisional de los encarcelados.