La vida tras el desahucio a 200 trabajadores de Ibiza: "Cuando saque la caravana iré donde pueda con mi hijo"

La luz fue cambiando, hasta que cayó la noche, pero la imagen no dejó de repetirse. Empezaron a media tarde, a pleno sol, con un calor difícil de soportar, con más de treinta grados que achicharraban a cualquiera. Entrada la madrugada, sudando bastante menos, todavía continuaba el trajín. De cinco en cinco y ante la vigilancia de la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Eulària, hombres y mujeres volvían al poblado chabolista de Can Rova (Eivissa) para sacar las maletas, las bolsas, los sacos, los electrodomésticos más pequeñitos y transportables que no habían podido llevarse durante el desahucio. Algún afortunado llegó con una camioneta en la que cargar colchones, somieres, mesas y sillas. En la valla que traspasaron el miércoles entre llantos y lamentos alguien colgó dos carteles en los que se leía: “Trabajo, no robo. No somos okupas”.

Una de esas trabajadoras desahuciadas es Alicia Bocuñano. “He pasado veintisiete horas detenida. Lo peor para Raúl, mi hijo, es saber que su madre ha estado en el calabozo”, comenta a través del manos libre de su coche. Acaba de aparcarlo frente a la puerta principal de Can Rova. Regresa a la finca a buscar parte de su vida, la que quedó atrás después del desahucio del miércoles pasado. Son las ocho y media de la tarde del viernes. Acompañada por varios de sus antiguos vecinos, que también se han reunido en la puerta de la finca, esperará hasta medianoche, cuando le han asignado su turno: se entra de cinco en cinco y se dispone de media hora para recoger pertenencias y enseres personales. Después arrancará el taxi en el que trabaja. “Hago el turno de madrugada. Antes, quiero llevarme ropa y, sobre todo, la medicación de mi hijo. Tiene ocho años y está diagnosticado de hiperactividad”.

Raúl dormirá en una caravana de cuatro metros cuadrados –la casa de su abuela– hasta que, probablemente la próxima semana, su madre pueda sacar la caravana que les sirve como hogar desde hace ocho meses. Alicia invirtió 7.500 euros en comprarla. “Veníamos de compartir una casita con una mujer que, aunque nos realquilaba, nos cobraba poco, unos 350 euros, y, además, pasaba el invierno fuera. El problema vino cuando llegó la temporada y apareció con cinco personas más. Quería que compartiéramos todos la casa; nos fuimos porque iban a rodar cabezas”.

Una carrera con el taxi hasta Can Rova –“Traje desde el aeropuerto a una persona que vivía en la finca”, comenta– le dio solución a la tortura de encontrar una vivienda para ella y su hijo. Desde que se separó del padre de Raúl tras sufrir un episodio de violencia machista, Alicia no ha sido capaz de encontrar un alquiler que pueda pagar sin dejarse “casi todo el sueldo”. “He llegado a dormir en el coche, y a dejar al niño con su padre, pese a que la custodia la tengo yo. Soy ibicenca. Nací y me crie aquí. Llevo muchísimo tiempo trabajando de cara al público en gasolineras y supermercados. Hace unos años, con un sueldo podías tener tu propia casa. Ahora es imposible. Por eso, cuando saque la caravana, la aparcaré donde pueda y viviremos allí”, comenta.

He llegado a dormir en el coche, y a dejar al niño con su padre, pese a que la custodia la tengo yo. Soy ibicenca. Nací y me crié aquí. Llevo muchísimo tiempo trabajando de cara al público en gasolineras y supermercados. Hace unos años, con un sueldo podías tener tu propia casa. Ahora es imposible. Por eso, cuando saque la caravana, la aparcaré donde pueda y viviremos allí

Alicia Bocuñano — Desahuciada de Can Rova

Al tomarle declaración, a Alicia le advirtieron de que probablemente será multada por desacato a la autoridad. “La mañana del desahucio hice caso a un guardia civil que me dijo que podía sacar mi coche de la finca y volver a entrar. No me dejaron. ¡Tenía dentro a mi mejor amiga y a mi ahijada, un bebé! Quería pasar con ellas lo que se nos venía encima”, comenta. Can Rova tiene “cinco o seis entradas” y Alicia se coló por una de ellas. Al verla, las sesenta personas que todavía resistían en la propiedad la vitorearon. Los agentes de la Benemérita se la llevaron detenida junto a cinco inquilinos más; todos, según Alicia, abandonaron el calabozo al día siguiente.

A Alicia la detuvieron y la metieron en el calabozo por entrar en el poblado a recuperar su coche. Su hijo, Raúl, dormirá en una caravana de cuatro metros cuadrados –la casa de su abuela– hasta que ella pueda sacar la caravana que les sirve como hogar desde hace ocho meses

Desalojo violento

–¡Nos han avisado con treinta minutos! ¡Tengo a todos mis animales allá [dentro]! ¡No hemos podido sacar nuestras cosas! ¡Nos han avisado hoy! ¡Hoy!

–No es que no hayamos pagado. ¡Hemos pagado 600 euros! ¡600 euros! ¡Por tener nuestra caravana allí aparcada!

–¡Casi me pegan un golpe en el pie por defender a una niña! ¡Estaban pegando a una niña y casi me pegan a mí por defenderla! ¡Un hombre tocando a una niña, ¿qué es eso?

–Nos decían que nos fuéramos, ¿dónde, [a la playa de] Talamanca? ¿Dónde coño vamos si vienen hoy con una orden judicial?

–¿Dónde vivíais antes de venir aquí?

–Llegamos a la isla en abril y cogimos una habitación de alquiler, pero nos estafaron.

–¡Nos estafaron tres veces! Llegamos a compartir una habitación con tres personas pagando 700 euros cada una. O sea, no estamos aquí por capricho.

–Luego vivimos en una caravana alquilada, pero pagábamos 1.200 entre las dos. Aquí pagamos 600 las dos.

–¿Dónde trabajáis? 

–En el centro de Ibiza, de camareras, hasta noviembre.

Este diálogo se produjo en la puerta de Can Rova justo después del desahucio. Hablan Lisa y Ana, las dos chicas que llevaban un mes viviendo en un barco varado en medio de la finca. Lisa aparece en primer plano en uno de los vídeos que más han corrido estos días por las televisiones y las webs de los medios de comunicación que están contando el drama de los desalojados de Can Rova. Es Ana quien la graba con su móvil mientras sostiene, la cabeza apoyada contra su pecho, a la niña a la que mencionaba, apenas un bebé. De fondo se ve moverse a varios antidisturbios –casco, porra, escudo, fusil de balas de goma– que golpean e inmovilizan a un chico. “Fue muy violento. Todavía estamos en shock. Y sin soluciones”, explica Ana por mensaje vía Instagram. 

Los nervios siguen alterados dos días después de que vieran cómo “arrastraban a una muchacha y a un señor de edad que jalaron bien por defender a niños”. Así narraron dos colombianas lo sucedido durante el desahucio de Can Rova. “Por eso sacaron a los periodistas para que no grabaran nada”: la prensa no pudo captar imágenes de lo que ocurrió dentro de la verja debido al “perímetro de seguridad” que estableció la Guardia Civil. Leandro González, otro colombiano que antes de montar una carpintería de aluminio trabajó como monitor de gimnasio, contaba que conocía a varios de los agentes porque habían sido “alumnos en sus clases” de musculación. Eivissa es un pañuelo.

La prensa no pudo captar imágenes de lo que ocurrió dentro de la verja debido al “perímetro de seguridad” que estableció la Guardia Civil. Los desahuciados denuncian episodios de violencia policial. En un vídeo que se ha viralizado, varios antidisturbios –casco, porra, escudo, fusil de balas de goma– salen golpeando e inmovilizando a un chico

“Me siento abrumado por lo que sucedió. Yo pude haberme ido con mis cosas, pero, éticamente, no podía dejar a mis vecinos, muchos latinos igual que yo, solos delante de ese atropello. No me esperaba que en España pudiera suceder algo así, con familias y niños por medio. Ahora, he pagado dos noches en un hotel con los dos compañeros con los que vivía, y la empresa para la que trabajamos nos va a solucionar la vivienda. Somos afortunados, pero lo que ha ocurrido no es justo”, explica Garibaldi Moreno, un dominicano que se erigió junto a Alicia Bocuñano como uno de los portavoces de los habitantes del campamento.

1.500 euros por una habitación para tres personas

A Cristian de ninguna manera le salen las cuentas. El desahucio ha hecho un roto a la economía de su familia. Hace dos meses, su mujer y él pagaron 3 mil euros al casero-pirata de Can Rova para habitar una caseta de madera –“Era grande, tenía unos 36 metros cuadrados, y además del pago inicial nos costaba 800 euros al mes”– que se encontraron construida en la finca. No se la podrán llevar a ninguna parte. Ellos asumieron que el desalojo era inevitable y, días antes, cargaron su coche con todos los trastos que cupieron y lo sacaron de la finca. En el vehículo han dormido las noches del miércoles y el jueves. El viernes entraron en un apartamento: un conocido les alquilará la habitación durante los dos próximos meses el inquilino oficial duerme en el salón. “Pero ya se sabe que por muy conocido que sea, un alquiler cuesta un dineral”, dice Cristian. En su caso, “1.500 euros de fianza, más otros 1.500 euros de alquiler mensual”.

–¿Y os sale a cuenta gastaros tanto dinero? 

–Sí, porque estamos con nuestro bebé de ocho mesecitos. Se llama Cristina.

–¿No habéis pensado marcharos de Ibiza?

–No lo haremos antes de que termine la temporada. Mi mujer trabaja en la limpieza de casas y yo soy camarero: entre sueldo y propinas puedo ganar 2.500 euros al mes. Es muy duro seguir aquí con todo lo que ha pasado, pero debemos recuperar la inversión que hicimos para venir desde Madrid. Los que hacen los servicios sociales nos dijeron que si nos registrábamos e íbamos a Santa Eulària podían pagarnos un tiquete para volver a Colombia y conozco a algunos compatriotas que vivían aquí que han aceptado, pero nosotros no queremos. Llevamos siete años en España y estuvimos cuatro para conseguir el NIE. Si nos regresamos allí y pasamos seis meses fuera de este país, lo perderíamos. Y, repito, nosotros no somos vulnerables; no vamos a aprovecharnos de ayudas que no nos corresponden y le vendría mejor a otra gente. Ese es nuestro código, por eso vine el miércoles a hacerle el aguante a los que no habían encontrado un lugar al que irse antes del desahucio. El problema de esta isla no es el trabajo, hay oportunidades. El problema son los precios para rentar una casa en la que vivir. Un trabajador normal no puede pagarlos. Por eso vivíamos en esta finca, ahora somos las víctimas de una disputa judicial entre hermanos [el desahucio de Can Rova se produjo porque uno de los hermanos alquilaba ilegalmente parcelas y el resto de propietarios no estaban de acuerdo].

A la familia de Cristian no le salen las cuentas tras el desahucio. Hace dos meses, su mujer y él pagaron 3 mil euros al casero-pirata de Can Rova para habitar una caseta de madera de 36 metros cuadrados. En los próximos dos meses vivirán en una habitación mientras el propietario de la casa duerme en el salón. Esta habitación les cuesta 1.500 euros al mes

Billetes de regreso, vales o un polideportivo: las medidas

Los trabajadores sociales de Càritas Diocesana d’Eivissa han constatado durante los últimos días que el 90 por ciento de los aproximadamente doscientos vecinos que pagaban un alquiler ilegal en Can Rova tienen ingresos fijos. En su mayoría, son trabajadores en empresas y negocios que funcionan durante la temporada turística. Como explica Cristian, los parámetros técnicos de los servicios sociales no pueden considerarlos población vulnerable, pese a que el poblado de Can Rova lleva más de dos años creciendo impunemente, y a la exclusión social que implica vivir en una chabola y, para más inri, sufrir un desahucio violento.

Desde el Ajuntament de Santa Eulària des Riu, el municipio en el que se encuentra la finca, explican que la ayuda que están brindando a los desalojados alcanza hasta donde alcanzan sus competencias: ayuda económica a las dos familias vulnerables que lo solicitaron para pagar la fianza de un alquiler, vales de comida y productos básicos, la compra de pasajes de avión para retornar a los países de origen (medida criticada por la oposición socialista al equipo de gobierno, del PP) y, sobre todo, la cesión del polideportivo de S’Olivera, el colegio público más cercano al poblado chabolista, donde algunos de los niñas y niños desahuciados van a la escuela, para que una veintena de personas pueda pernoctar, al menos, hasta el 9 de agosto.

Otras quince –la mitad, menores– han ocupado casi por completo el centro de acogida que gestiona Càritas. Además, hay varios adultas –Lisa y Ana, por ejemplo– durmiendo en unos módulos prefabricados que el Consell d’Eivissa hizo instalar en sa Joveria. Curiosamente, esos terrenos situados en la entrada principal de la capital ibicenca son desde hace años un campamento ilegal: tiendas de campaña, caravanas y furgonetas camperizadas. Se han convertido en un barrio que no aparece en los mapas oficiales. Los módulos –inaugurados en noviembre de 2022– fueron una solución provisional, un parche a la parálisis administrativa que sufre desde hace más de diez años un proyecto conjunto entre los cinco municipios de la isla para construir un gran centro de acogida y apoyo a personas con adicciones y dependencias. Santa Eulària des Riu, donde viven más de 40 mil habitantes, carece de una infraestructura pública de este tipo. 

En el pleno de julio del Ajuntament d’Eivissa, donde sí existe un albergue municipal (el único en toda la isla, con lista de espera), se habló de Can Rova. La concejala de Assumptes Socials, Lola Penín, ofreció colaboración a Santa Eulària, y la anterior responsable del departamento, la socialista Carmen Boned, ahora en la oposición, contestó que cada Ayuntamiento debe “aguantar la vela que le ha tocado” y acusó al gobierno municipal del PP –que actualmente gobierna en el resto de instituciones insulares– de asumir funciones sociales que le corresponderían a otros municipios. Horas después del desalojo policial, uno de estos ayuntamientos, Sant Josep de sa Talaia, mandó una nota de prensa en la que anunciaba el inicio de una campaña para multar a quienes acampen en espacios naturales no regulados. En los 158 quilómetros cuadrados del término municipal de Sant Josep, el más grande de la isla, existe únicamente un camping legal, pero son varios los asentamientos de chabolas y tiendas de campaña que han aparecido en los últimos años. En uno de ellos, situado en el barrio de Can Burgos, viven cientos de personas y, allí, habrían recalado ya algunos de los desahuciados de Can Rova.