Que la salida de Cataluña del modelo de régimen común de financiación saldrá cara es un grito de aviso que repiten gobiernos autonómicos de unos y otros signos políticos. Entre ellos, la Xunta, que acaba de poner cifra a ese coste: 444 millones de euros al año para la Comunidad gallega, en materia de aportaciones que dejarían de percibirse. La conclusión emana de un informe elaborado por Facenda, en base a datos «objetivos» y «contrastable», que ha sido sometido este lunes a examen en el Consello. El dato lo ha expuesto el propio líder de la Xunta, Alfonso Rueda, con el acento puesto en la «importancia» de dar a conocer «las cifras de la situación real» que plantea el acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña que motivaría su abandono del régimen común. El mismo escenario que, ha recordado, ya ha provocado «reacciones», no solo por parte de las autonomías presididas por el PP, sino también por la de «presidentes socialistas», advirtiendo que un pacto así está destinado «a ir en perjuicio de las haciendas autonómicas, en todos los casos«. Por eso, para poner «negro sobre blanco» y cuantificar esas pérdidas, el presidente gallego ha presentado «las cifras que Galicia dejaría de percibir» con el acuerdo: 444 millones de euros, cada año, fruto de la ausencia de aportaciones que actualmente se realizan desde Cataluña al fondo de garantías y de la merma de recursos de los que dispondría el Estado para su redistribución. La Consellería del ramo redactó el informe con miras a «evaluar» el escenario que plantea el acuerdo bilateral «desde un punto de vista objetivo y, por tanto, completamente contrastable», ha asegurado el presidente gallego, que procedió a desglosar las pérdidas. Serían, ha repasado, 270 millones menos a percibir del fondo de garantía, que asegura que las comunidades autónomas con mayores ingresos «contribuyen, por población, a las que tienen menos», ha apuntado. Además, se restarían 83 millones que hoy provienen del Fondo de Cooperación y, por último, otros 91 millones «porque quedarían comprometidas las transferencias de financiamiento finalistas que perciben las comunidades» y que Galicia podría dedicar a líneas de inversión en «políticas de empleo o de atención a la dependencia», ha afirmado Rueda. «Este sería el impacto medido por Facenda. Si otras comunidades autónomas, Madrid o Baleares, pidieran lo mismo, estaríamos hablando de una cantidad muchísimo mayor. Pero simplemente con lo que ahora conocemos y que, parece ser, el Gobierno central pretende impulsar, la pérdida de Galicia serían 444 millones de euros», ha insistido. Más allá de las pérdidas que evidencia el informe de Facenda, Rueda ha resaltado que el pacto por la financiación particular catalana también acarrea «complicaciones jurídicas». «Incumpliría hasta 16 artículos de la Constitución Española, especialmente los que consagran los principios de solidaridad interterritorial y la potestad del Estado para garantizarlos», ha asegurado Rueda, así como otros que se recogen en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), la norma orgánica que regula las relaciones financieras de las comunidades. La salida de Cataluña del régimen común, ha incidido el titular del Ejecutivo gallego, sería una «ruptura» que afectaría a todas las comunidades, «alterando el sistema de financiación y a las relaciones financieras de las comunidades autónomas entre sí y con el Estado«. Al hilo, ha recordado que la reforma del sistema de financiación debe ser debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) »en un contexto de multilateralidad«. Y se ha comprometido a »hacer todo lo necesario para que Galicia no pierda esos recursos«, enviando al Gobierno central una demanda de que interceda, »como mínimo, para equilibrarlos«. Cuestionado sobre si este cálculo de 444 millones se recogerá en los presupuestos gallegos para 2025, Rueda se ha desmarcado, explicando que es «obligación» del Gobierno presupuestar utilizando como base los «datos oficiales» de los que disponen «ahora mismo». Pero, ha reconocido, en su administración tienen la «mosca detrás de la oreja» y tan pronto haya un «pronunciamiento oficial», ha asegurado, «la cosa cambiará y cambiará mucho». Mientras tanto, la Xunta permaneceráá «muy vigilante». Ha censurado que desde el Gobierno central se llevase a cabo lo mismo que «fueron diciendo que nunca haría» y, en ese marco, ha considerado «muy significativa» la «desaparición de la escena pública de la ministra de Hacienda». Y ha incidido en que Galicia seguirá pidiendo un Consejo de Política Financiera y Fiscal (CPFF) para abordar esta cuestión. Por lo demás, ya en clave laboral, entre lo más destacado del Consello del lunes ha estado también la presentación de un plan autonómico para reducir la burocracia en bajas y atajar el absentismo con mayores inspecciones a partir de septiembre; así como la apertura de una línea de ayudas destinada a padres y familias monoparentales por la que podrán recibir entre 1.700 y 3.700 euros si reducen su jornada para conciliar, además de otra para crear nuevas plazas de 0 a 3 años en escuelas infantiles municipales.
