La jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez reclama a la Diputación de Badajoz la información que omite sobre su nuevo despacho
Insiste en que le aclare "a la mayor brevedad posible" la fecha en que se le trasladó para constatar si se hizo para contrarrestar la denuncia por su inasistencia al puesto de trabajo
La magistrada Beatriz Biedma, que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal ha instado a la Diputación de Badajoz a que le remita la información que le solicitó hace un mes sobre el nuevo despacho del hermano de Pedro Sánchez. La instructora quiere saber -tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. en qué fecha exacta fue ubicado en el "lugar de trabajo que ocupa en la actualidad" y que la Diputación -cuyo presidente, Miguel Ángel Gallardo, también está investigado en la causa- aclare "el destino anterior que tenían dichas instalaciones". De ahí que reitere su requerimiento para que se atienda "a la mayor brevedad posible".
El contrato de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de música (que después mudó a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación sin que mediara concurso alguno para la plaza de nueva designación) especificaba que debía prestar sus servicios "de forma habitual en Badajoz", en la sede del Conservatorio Superior de Música y que no tenía autorizado el teletrabajo. Sin embargo, la propia Diputación informó a la instructora de que entre abril de 2023 y abril de 2024 -mientras según la denuncia de Manos Limpias que originó la actuación judicial residía en Elvas (Portugal)- careció de "lugar fijo habilitado", siendo ubicado el pasado mayo en un nuevo despacho en la Plaza de España de Badajoz.
A la magistrada le llamó la atención que tratándose de personal de alta dirección "carezca de despacho propio durante un año" y que se le asigne uno "justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia". Así lo señaló en la resolución en la que, el pasado 9 de julio, acordó la incautación de los correos electrónicos de los investigados y de diversos altos cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz.
La instructora desestima además una petición de la defensa del hermano de Sánchez y ratifica su decisión sobre la agrupación de las acusaciones populares -Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Natura Mananger- bajo la dirección letrada del colectivo de funcionarios que preside Miguel Bernad, que fueron los primeros en personarse en la causa.
Asimismo, Biedma no atiende la petición de uno de los investigados, el diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Antonio Garrote, de que "se retire y elimine" del procedimiento "todos y cada uno de los correos electrónicos y comunicaciones en los que figure" como autor o destinatario porque la magistrada "no ostenta la competencia objetiva para dicha investigación" dada su condición de aforado.
Pero la instructora replica que "si bien es cierto que para el conocimiento de los hechos delictivos que pudieran atribuirse a dicho aforado" sería competente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro que eso no sucede hasta que los indicios contra el aforado sean "cualificado", un criterio restrictivo que se aplica sobre todo -recalca- "cuando se trata de causas seguidas también contra no aforados", como sucede en este caso. "No se fija la competencia del tribunal superior", deja claro, hasta que comprueba que existen "indicios sólidos de responsabilidad" y no "cualquier sospecha o conjetura". "Hasta que se alcance ese nivel de solidez de indicios", concluye, "corresponde al juzgado de instrucción" tramitar la causa, por lo que solo si advierte "indicios sólidos de responsabilidad" se elevará una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con los indicios recabados para que este decida sobre una eventual imputación.
Por último, señala que la "pertinencia, necesidad y utilidad" de las declaraciones de testigos propuestas por Manos Limpias las valorará "una vez sea puesto en conocimiento de este juzgado el resultado de la investigación encomendada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil".
La jueza trata de esclarecer cuáles son las funciones que desarrolla David Sánchez en la Diputación de Badajoz y si estaba autorizado a no acudir presencialmente a su puesto de trabajo, dado que durante un tiempo trasladó su residencia a Portugal. Pero Biedma se quejó de que con la documentación aportada por la Diputación no se puede "especificar con detalle en qué concretas actividades" participa David Sánchez ni "en qué consiste exactamente su trabajo".
En su labor de dirección de orquesta, la instructora ha constatado que solo la ha llevado a cabo en seis ocasiones en dos años (entre enero de 2018 y enero de 2020). Y en cuanto al programa "Ópera Joven", del que también es responsable, la jueza únicamente ha podido acreditar cuatro producciones en cinco años (entre 2019 y 2023). Y es que, se quejó, el resto de la documentación remitida por la Diputación aludía a actividades generales de los conservatorios "en las que no se determina la concreta participación" de David Sánchez.
Manos Limpias asegura en su denuncia que el hermano de Pedro Sánchez "percibe un sueldo público sin realizar las funciones esenciales del cargo para el que fue designado", coordinador de actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, luego denominado jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Entre sus funciones, que según el colectivo de funcionario "no ejerce", figura la dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara de la Diputación, que supuestamente sería desempeñada por otras personas.
Manos Limpias también aseguraba en ese escrito que no asistía a su puesto de trabajo en la Diputación salvo en contadas ocasiones y que reside en Elvas (Portugal) -donde uno de los principales comisionistas de la "trama Koldo", el empresario Víctor de Aldama, habría desviado "mordidas" según la UCO- con la intención de "ahorrarse el pago de los impuestos en España".
Asimismo, la denuncia incide en que tiene un patrimonio valorado en unos dos millones de euros, que considera "desproporcionado" respecto al sueldo que percibe y su vida laboral anterior.