La última reforma de Sturzenegger: cómo cambia la relación entre Estado y privados desde ahora

La publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación del Título II de la Ley Bases constituyó -según las palabras del encargado de la desregulación estatal, Federico Sturzengger- "la respuesta del Presidente Javier Milei al mandato que recibió en las urnas" y que se traduce en una normativa que busca "acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas".

Además de una profunda modificación al régimen de contratación y estabilidad del trabajo estatal y del puntapié inicial al proceso de privatizaciones, el decreto 695 publicado ayer detalla las modificaciones centrales a la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, pieza central del engranaje burocrático nacional en su relación con ciudadanos y empresas.

En lo que respecta al último de esos puntos, Sturzenegger afirmó -a través de su cuenta en la red social X- que los cambios apuntan a "reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano".

Entre las novedades está la inclusión del "proceso de silencio positivo", un mecanismo que considera la no respuesta del Estado a un trámite como su automática autorización. En la Casa Rosada entienden que esto tendrá un efecto de "mayor transparencia" ya que los funcionarios públicos se verán impedidos "cajonear" las solicitudes de los peticionantes.

"El ‘silencio administrativo' es una manera que tiene el Estado de expresar su voluntad una vez vencido el plazo que tiene para pronunciarse. Hasta la Ley Bases se le atribuía a esa inactividad un efecto negativo, esto es denegatorio de aquello que se solicitaba. La Ley Bases incorpora el ‘silencio positivo', principalmente al solicitar una autorización para algo que el particular no se encuentra habilitado a hacer sin la misma. Por esta modificación de la Ley Bases, ahora, ante el vencimiento del plazo, queda concedida y por ende autorizado", explicó Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, doctor en Derecho por la Universidad de Coruña.

Según señalan los expertos, esta herramienta jurídica no es nueva en la legislación argentina, aunque existen controversias sobre su delimitación. Es que, si bien la reglamentación publicada ayer lo circunscribe a ciertos casos, señalan que se permiten "nuevos silencios positivos" cuando una entidad estatal regule una actividad.

El tema había cobrado notoriedad durante el debate en comisiones de la popularmente llamada "Ley Ómnibus" en el Senado, cuando Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) alertó sobre la posibilidad de que este mecanismo sea utilizado por particulares para quedarse con tierras del Estado.

Al respecto, el especialista en Derecho Administrativo y Regulatorio, Eduardo Mertehikian, destacó que "la regla general es que sigue teniendo un sentido negativo" y que, en cambio, "se definen cuándo sí se aplica el silencio positivo".

"Se otorga en situaciones muy específicas, cuando vos le pedís a la administración una autorización para llevar adelante una actividad reglada, con un derecho prexistente", explicó en diálogo con El Cronista.

En ese sentido, ejemplificó: "Si vos querés construir en tu propiedad, necesitas que la administración verifique que vos cumplís, lo que está haciendo es verificar el derecho que ya tenés. No te da el derecho, te lo posibilita. El caso contrario es portar armas, que está prohibido por regla general, pero ciertas personas pueden, y piden un permiso. En el primer supuesto, si el Estado no contesta, el silencio va a ser positivo. Mientras tanto, en el caso del arma, será negativo".

En cambio, Gutiérrez Colantuono sostuvo que, además de posibles planteos de inconstitucionalidad en puntos referentes a los amparos por mora, la crítica que puede realizarse a la nueva reglamentación es que "no ha distinguido situaciones distintas que merecen tratamientos distintos, como lo marca la Constitución de 1994".

"Establece que el procedimiento del silencio positivo es para beneficio de quienes piden autorizaciones, no es para sectores vulnerables, o cuando hay una afectación de derechos fundamentales o que están en situación protegida por la Constitución como consumidores y usuarios", añadió.

Por su parte, Carlos Nielsen Enemark, abogado y magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral señaló: "El silencio es uno de los tantos problemas que tiene la Ley, pero es algo más bien intermedio. La modificación a la Ley de Bases, en general y en lo que hace al procedimiento administrativo, es un retroceso en materia de derechos. Esta ley se aleja de todo lo que tiene que ver con las personas, se dirige hacia las empresas, tanto por lo que dice como por lo que omite", destacó.

En ese sentido, tal cómo se planteó durante el debate, muchos apuestan a que se conseguirá el efecto contrario al buscado: "Los funcionarios, ante la duda, rechazarán todo lo que caiga en sus manos".

Por otra parte, Sturzenegger destacó otras modificaciones reglamentadas, como la posibilidad de recurrir judicialmente una decisión sin que se hubiera agotado la "vía administrativa". Hasta la sanción de la Ley Bases, muchos reclamos ante el Estado requerían que el peticionante hiciera un recorrido por diversas instancias antes de poder recurrir ante la justicia, mientras que ahora podrá presentarse directamente ante los tribunales.

El ministro nacional, por último, señaló que la simplificación impulsada a los procesos burocráticos es "anti-extorsiva", ya que también se podrá litigar antes de pagar una multa. En ese sentido, el funcionario recordó que durante el kirchnerismo se utilizaban penalidades "delirantes" para "silenciar cualquier disenso" empresario o ciudadano.