La Justicia archiva la investigación sobre la legalidad del chalé del expresidente de La Rioja Pedro Sanz
Después de más de 10 años, la jueza archiva la investigación por no apreciar comisión de delito en la construcción de un chalé de 155 metros cuadrados en un suelo rústico en el que no se permitía edificar
Hemeroteca - La Justicia investiga la legalidad del chalé del presidente de La Rioja
La Justicia ha archivado la investigación del chalé del expresidente riojano Pedro Sanz al dictar el sobreseimiento libre de la causa por no apreciar comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, lo que había solicitado también el fiscal. El Juzgado de instrucción número 3 de Logroño cierra así una instrucción que se ha dilatado más de una década y que puso en el punto de mira al que fuera presidente del Gobierno de La Rioja en aquel momento y durante 20 años y actualmente miembro del Consejo de Estado.
El Diario La Rioja ha publicado este jueves la información sobre el auto, emitido el pasado 30 de abril. La causa investigaba, la legalidad de seis construcciones en Villamediana de Iregua, entre ellas la de Pedro Sanz, después de unas obras en una parcela de suelo rústico en la que no se podía edificar. La caseta de aperos de 40 metros cuadrados que permitía la normativa se convirtió en una vivienda de dos plantas y 155 metros.
El expediente del Ayuntamiento calificó las infracciones de graves, pero después cambió el Plan General Municipal y legalizó varios sectores, incluido el lugar en el que se localiza el chalé de Sanz. Ello llevó también a instruir una nueva causa, en 2016, por posible prevaricación contra el exalcalde de Villamediana (PP) y siete concejales (seis del PP y uno del PR+) que votaron a favor y consideraba a los integrantes de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja que aprobaron definitivamente el Plan objeto de sospecha pueden haber incurrido en el mismo delito.
El caso se inició a finales de 2012, a raíz de un reportaje publicado en Interviú, después del que la Fiscalía General de Medio Ambiente incoó unas diligencias y ordenó al Seprona investigar lo ocurrido. Pero los hechos se remontan a mucho antes; Pedro Sanz inició en 1982 la construcción de una casa de aperos en una parcela entre Villamediana y Ribafrecha que hasta 2013 estaba calificada como suelo rústico y no permitía edificar. A través de la petición de licencias de obras menores, la casa de aperos se convirtió en un chalé de 155 metros cuadrados.
El Ayuntamiento se pronunció sobre varias de las licencias concedidas al presidente riojano después de que los grupos de la oposición municipal exigieran una inspección urbanística. Los informes dejaban constancia de que la construcción de la vivienda era ilegal, pero las irregularidades habían prescrito. Mientras, se aceleraba una reforma de Plan General Municipal, a la que Sanz presentó alegaciones solicitando que su terreno pasara de ser urbanizable. Poco después, así ocurrió, la parcela pasó a ser calificada como “suelo urbanizable delimitado” y un informe municipal recogió que las obras ejecutadas eran legalizables.
Mientras, la investigación del Seprona continuaba entre denuncias y recursos y con Pedro Sanz como vicepresidente del Senado después de que el pacto de investidura con Ciudadanos en 2015 lo hubiera sacado de la presidencia del Gobierno de La Rioja. La jueza Rosa Esperanza Sánchez extendió la investigación que se llevaba a cabo por un posible delito urbanístico en Villamediana a 69 parcelas en los denominados 'sectores diseminados', entre ellas en la que se encuentra el chalé. La jueza sostenía que resultaba “extraño y contrario a criterios urbanísticos objetivos que el Plan General haya legalizado tales construcciones” y, añadía, “debemos averiguar si esa decisión discrecional del planteamiento municipal se ha basado en motivos espurios”.
En enero de 2017, el juez José Carlos Orga, recientemente nombrado vocal del CGPJ, pasó a hacerse cargo del caso y estimó un recurso del ya exalcalde de Villamediana contra su implicación y revocó el auto de la anterior jueza recogiendo que “tanto Fiscalía como Seprona descartaron en su día que hubiera motivos para ser investigadas judicialmente” y considerandola una “investigación prospectiva”, dirigida a recabar datos sobre una generalidad de personas a las que no se dirige el procedimiento judicial y que no son investigadas. “Y las instrucciones prospectivas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico'”, recogió entonces Rioja2 sobre el archivo del caso.
El Ayuntamiento de PSOE, entonces en manos del PSOE, recurrió este archivo y en 2018 la Audiencia Provincial ordenó al juez seguir con la investigación de las 69 edificaciones aunque para entonces habían prescrito todas menos las seis, entre ellas la de Pedro Sanz, cuya investigación ahora queda archivada.