Compromís ha recibido ya 2.800 denuncias de posibles apartamentos turísticos ilegales en la ciudad de Valencia mediante su web quenotetiren.com durante los dos meses y medio que lleva en funcionamiento. De ellas, ha aplicado un «cribado» y ha comprobado que 2.277 «no estén inscritas en el registro de la Generalitat», por lo que las ha denunciando ante el registro municipal. Así, lo ha señalado este jueves el concejal de la coalición en el Ayuntamiento de Valencia, Ferran Puchades, en una rueda de prensa en la que ha advertido de la «proliferación descontrolada» de estos pisos, «muchos en situación irregular», según ha informado el grupo en un comunicado. Por ello, ha apostado por medidas para combatir esta problemática como un régimen sancionador, un registro obligatorio y una tasa progresiva para los propietarios. Dentro los posibles casos irregulares, 1.938 corresponden a apartamentos turísticos ya en funcionamiento y 339 a obras irregulares para abrir futuros apartamentos. Puchades se ha referido al decreto que regula los apartamentos turísticos presentado por el Consell, como el 'Decreto Hosbec' ya que «está enfocado únicamente a la actividad económica, y no a defender los intereses de la ciudadanía que necesitan políticas claras de acceso al derecho a la vivienda». En ese sentido, ha criticado que la línea de la simplificación administrativa anunciada constantemente por el gobierno de Mazón, lo que hace es «facilitar, agilizar y poner mucho más fácil todo lo que son los trámites administrativos para abrir nuevos apartamentos. «Lo que entendemos es que éste es el Decreto Hosbec, es el pago del tributo de la consellera Nuria Montes a sus patronos , a sus empleadores, y lo que hace es esclarecer la competencia, simplificar la implantación de nuevos apartamentos y no establecer ninguna limitación a la proliferación de apartamentos turísticos», ha denunciado. Por ello, ha recalcado que se debe declarar Valencia como ciudad tensionada para «poder controlar los alquileres y aplicar una Ley de Vivienda y para que podamos favorecernos de sus efectos y sus consecuencias». Además, ha pedido a la alcaldesa, María José Catalá «avance en la negociación de cuál será la futura regulación de los apartamentos turísticos, ya que la moratoria está aprobada solo para un año», ha dicho Puchades. Para Compromís, la actual moratoria debe ser el suelo a partir del cual se establezca una nueva normativa para los apartamentos turísticos y «en ningún caso puede haber un retroceso respecto a las limitaciones de la actual moratoria». Además, defiende que estas limitaciones deben extenderse también a los bloques de apartamentos, que la moratoria actual no contempla, y también a la implantación de nuevos hoteles en la ciudad de València y la redacción de un plan de ordenación de recursos turísticos. Por último, exigen la implantación de la tasa turística , que, como ha explicado Puchades, «venimos reivindicando constantemente durante este mandato». Por tanto, «ahora mismo estamos en un momento de transición con un decreto que no solventa absolutamente nada a la ciudadanía valenciana, solo se lo solventa los empresarios. Una regulación que no ha impedido la proliferación de apartamentos, que es temporal y que terminará su vigencia en menos de un año», ha apostillado. Por su parte, la consellera de Turismo, Nuria Montes, ha instado a Compromís a leerse el decreto de apartamentos turísticos antes de criticarlo porque, ha señalado, «en este caso es obvio que no saben de lo que están hablando ». «Compromís esté desesperado porque el Gobierno de Mazón en 12 meses ha puesto en marcha lo que ellos no se atrevieron a hacer en ocho años de Gobierno», ha afirmado. Así, ha calificado de «inaudita» la afirmación de Compromís de que el nuevo decreto de viviendas turísticas facilita la proliferación de esta tipología de alojamiento cuando, ha recalcado, «endurece el registro, control y especificaciones de habitabilidad» de este subsector. «Lo hace, además, con el consenso de la principal patronal del sector, promotores y hoteles, y tras presentárselo a las asociaciones de consumidores, sindicatos y los 71 municipios turísticos de la Comunitat», ha destacado. «Nada que ver con la imposición de la tasa turística, una decisión que Compromís y PSPV tomaron de manera unilateral y sin contar con el sector turístico valenciano», ha continuado la titular de Turismo, que ha señalado que la retirada de este «impuesto a la felicidad se hizo después de que el partido que llevaba en su programa electoral su derogación ganase las elecciones». Para Montes, «sería bueno que, además de aspirar a negociar con los principales afectados por sus medidas, en Compromís se leyesen los decretos ley» porque «cualquiera puede acceder al DOGV y ver las nuevas medidas que, además, dan instrumentos a los empresarios para deshacerse de los clientes molestos y más competencias a los ayuntamientos para ejercer su control». En este sentido, les ha preguntado si «están en contra de que se frene la especulación inmobiliaria con las viviendas turísticas, porque el nuevo decreto las suprime en las operaciones de compraventa y establece obligaciones de renovarlos cada cinco años». También ha manifestado, respecto a las denuncias recogidas por la formación, que «no han sido tramitadas a las autoridades competentes para la depuración de responsabilidades», por lo que les ha instado a utilizar los canales oficiales. Montes ha subrayado que durante los ocho años del Botànic los pisos turísticos crecieron más de un 160% al pasar de los 38.000 en 2015 a unos 100.000 en 2023: «No sabemos dónde estaba Compromís entonces en el Gobierno valenciano, cuando se disparaba esta modalidad de alojamiento sin control, se hacían menos inspecciones y, en general, el partido estaba desaparecido y el turismo no parecía ser un problema. Parece que el problema solo existe cuando ellos no están en el Gobierno».
