Caso Coopeservidores: Ahorrantes habrían recuperado solo 32% de su dinero en un proceso concursal, según resolutor
Conassif argumentó que acuerdo con el Banco Popular es el más beneficioso para ahorrantes, inversionistas y acreedores de la cooperativa
Los ahorrantes, inversionistas y acreedores financieros solo habrían recuperado un 32% de sus recursos si el caso de Coopeservidores se hubiera tramitado mediante un proceso concursal, en lugar de la resolución en la cual el Banco Popular (BP) absorbe el 80,5% del “banco bueno”.
Este fue uno de los argumentos presentados por Marco Hernández, resolutor de la cooperativa, al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Hernández aseguró que la propuesta del banco público era la mejor opción para todos los acreedores, según se detalla en el acuerdo 1880-2024, del 31 de julio de 2024, publicado en el diario oficial La Gaceta.
“Debe destacarse que el nivel de recuperación esperado para los ahorrantes, inversionistas y demás acreedores, es sustancialmente mayor que el que recibirían como producto de un proceso concursal llevado ante las instancias judiciales pertinentes”, se indica en el acuerdo del Consejo.
De hecho, el órgano supervisor explicó que este tipo de trámite judicial tarda muchos años en generar resultados positivos para los afectados. “Según el informe del Administrador de la Resolución, podría ser equivalente a un 32% del valor de la acreencia original, considerando la disminución del valor del dinero en el tiempo”, se afirma en la resolución.
Caso Coopeservidores: Banco Popular iniciará entrega de depósitos a ahorrantes el 28 de agosto
La negociación alcanzada con el BP permitirá el pago del 100% de los depósitos garantizados hasta por ¢6 millones, lo cual beneficiará al 97% de los 163.868 depositantes. Mientras tanto, las personas físicas y jurídicas con recursos no garantizados, es decir, unos 5.411, recuperarán un porcentaje cercano al 50% de su inversión por encima de los ¢6 millones.
“Esta decisión es la solución más favorable después de haber estudiado todas las alternativas existentes. En relación a la posibilidad de que, si no se aceptaba esta oferta, la única alternativa que quedaba era un proceso concursal. Esto es bastante perjudicial para los acreedores de la entidad”, aseguró Hernández, el pasado 31 de julio cuando se anunció el acuerdo con el Banco Popular.
El banco público informó el 5 de agosto que el día 28 de este mes realizará la entrega de depósitos de hasta ¢6 millones. Mientras tanto, a partir del 16 de septiembre, se efectuará el pago para los clientes que superen dicho monto.
Oferta positiva
La decisión de Conassif señala varias puntos que justifican la decisión de aceptar la oferta del BP, entre los cuales se menciona que el acuerdo involucra el 64,4% de los activos totales de Coopeservidores, lo cual evita múltiples procesos legales que generarían demoras y contribuirían a la pérdida de valor.
Además, al ordenarse el proceso de resolución, se evita la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
“Evita (la resolución) el pago de la cobertura que brinda el Fondo de Garantía y con ello, un costo muy oneroso para las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas, debido al monto que solidariamente tendrían que aportar para que dicho Fondo pague la cobertura”, se señala en el acuerdo.
El pago de depósitos garantizados asciende a ¢43.985 millones a mayo pasado, lo que implicaría una afectación económica muy significativa para las cooperativas, según el Consejo.
Un análisis hecho por la Administración de la Resolución indica que para utilizar el FGD se tendría que declarar una quiebra y, por lo tanto, recurrir a un proceso concursal, en el cual se estima una recuperación total del 32% en un mínimo de 10 años o más.
Además, el propio Fondo de Garantía sería uno de los acreedores en la vía judicial, con una prioridad de pago en tercer lugar, por detrás de los préstamos con garantía y las prestaciones legales, en primer y segundo lugar, respectivamente.
Mientras tanto, los ahorrantes e inversionistas quedarían en el quinto puesto de prioridad de pago, según la previsión de la Administración de la Resolución de Coopeservidores.