Tres militares salvadoreños van a juicio por asesinato de periodistas neerlandeses
Un tribunal de El Salvador envió este jueves a juicio a tres jefes militares, entre ellos un exministro de Defensa, por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses durante la guerra civil (1980-1992).
Los periodistas murieron el 17 de marzo de 1982 en una emboscada tendida por el disuelto batallón Atonal en Santa Rita, en el departamento norteño de Chalatenango, en un hecho que conmovió a la comunidad internacional
Tras finalizar la etapa de investigación, un juzgado de Chalantenango ordenó que sean juzgados el general José Guillermo García, quien era ministro de Defensa en esa época, y los coroneles Francisco Morán y Mario Reyes, quien reside en Estados Unidos.
"Se les atribuye la comisión de los delitos que provisionalmente se califican como asesinato", indicó el juzgado en su resolución, sin establecer la fecha de inicio del juicio.
A Morán y Reyes se les atribuye la "autoría mediata" de los asesinatos, mientras que a García se le imputa el delito de "comisión por omisión".
Los tres oficiales están retirados y son de avanzada edad: García tiene de 89 años, Morán 90 y Reyes 84.
Los dos primeros están bajo detención provisional con custodia policial en un hospital privado de San Salvador.
En tanto, Reyes vive en Virginia, por lo que el juzgado reiteró una solicitud de extradición a Estados Unidos.
Los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen estaban haciendo un documental en El Salvador.
Los neerlandeses querían reflejar el contraste que vivían una familia en San Salvador y otra en un poblado en la zona de conflicto entre las fuerzas militares y la guerrilla izquierdista.
La causa por los asesinatos fue abierta en 1982, pero se estancó porque la jueza encargada recibió amenazas y se refugió en Canadá.
En 1993 la causa quedó congelada en virtud de una la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes perpetrados durante la guerra.
Pero en 2016 la justicia salvadoreña declaró inconstitucional la ley de Amnistía, lo que permitió que el 13 de marzo de 2018 diferentes organizaciones presentaran una denuncia penal contra los autores intelectuales y materiales del múltiple crimen, con lo que se reabrió el proceso.
La guerra civil terminó en 1992 con un saldo de 75.000 muertos, más de 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.