Castilla y León impulsa el alquiler con la garantía de cobro al propietario y el pago de los desperfectos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes una iniciativa con la que se persigue «animar» a los propietarios a que pongan en el mercado del alquiler sus viviendas vacías. Para 'convencerles', desveló que la Junta se ofrecerá a realizar la gestión del proceso con «el aseguramiento del cobro de la renta» y también «con la cobertura de los desperfectos al finalizar el arrendamiento». Eso sí, para que la idea cumpla con los objetivos perseguidos por el Ejecutivo Autonómico será necesario que el dueño del piso que se 'apunte' lo haga asumiendo «un precio asequible» del alquiler.   Sin concretar todavía qué arco de precios maneja la Junta, el presidente sí reconoció que las diferentes zonas de la Comunidad y también de España cuentan con alquileres muy variados en función, por ejemplo, de si se trata de una zona urbana o rural o muy despoblada. En todo caso, se ha mostrado convencido de que con esta fórmula «se da seguridad al propietario» además de «incrementar la oferta» de viviendas en alquiler a un coste adecuado para las familias de la Comunidad. Además, ha querido dejar claro que la medida se hará «de forma coordinada» con «el propio sector privado» y ha garantizado que ésta saldrá adelante aunque no se puedan aprobar los Presupuestos del próximo año por falta de apoyos políticos. En esta materia, también ha resaltado la construcción de 200 viviendas de alquiler para trabajadores que se desplacen a zonas del medio rural con «con intensidad industrial» y escasa oferta residencial. Al respecto, ya hay avances en la zona de Aguilar de Campoo (Palencia) y se trabaja en la consecución de parcelas adecuadas en la zona de Ribera del Duero, Guijuelo (Salamanca) y Ólvega (Soria), aunque la propuesta está «abierta» a otros lugares de la Comunidad. Por último, ha trasladado el compromiso de «duplicar» las 500 viviendas para jóvenes que se van a construir en el medio rural con una venta bonificada que supone una reducción del 20 por ciento en el precio «con la colaboración de las diputaciones provinciales».