Los alcaldes del PSOE, entre la espada y la pared por la llegada de inmigrantes a los pueblos

La falta de transparencia del Gobierno central a la hora de informar a los ayuntamientos del reparto de inmigrantes para aliviar la saturación que reina en algunas zonas del país como las Islas Canarias, está colocando en una situación complicada a los alcaldes , especialmente a los del PSOE por aquello de la afinidad política. La llegada de un grupo de refugiados a Alcalá de Guadaíra , sin haber informado el Gobierno de su traslado al Ayuntamiento, no solo ha desatado un aluvión de ataques en redes sociales contra los representantes municipales de este municipio, sino que, además, ha dado alas a rumores sin confirmación en otros pueblos, como Espartinas , donde vecinos de tres urbanizaciones se han movilizado, logrando reunirse ayer con la alcaldesa, Cristina de los Arcos . El caso de Alcalá de Guadaíra es un ejemplo claro. Su alcaldesa, Ana Isabel Jiménez , denunciaba ayer a través de su perfil en X que está siendo objetivo de graves ataques machistas . Unos insultos que están relacionados con la decisión del Gobierno central de que el municipio alcalareño acoja a unos ochenta solicitantes de asilo político. «Aún hoy las mujeres tenemos que soportar este tipo de ataques. Comentarios vejatorios que incitan al odio y a la violencia que, curiosamente, es de lo que acusan a otras personas simplemente por su color de piel. Estoy orgullosa de ser mujer y seguiré trabajando con más fuerza», publicaba Ana Isabel Jiménez. Un comentario que acompañaba con la captura de varios de los mensajes que ha recibido en los que se le insulta de manera grave. Jiménez admitió la semana pasada, cuando saltó la noticia de la llegada de un grupo de refugiados a su localidad, que no habían sido informados por parte del ministerio competente . Estas declaraciones fueron contrarrestadas poco después por el presidente de la Diputación, Javier Fernández , quien matizó que la regidora «tiene abierto todos los cauces con el Ministerio y la Subdelegación del Gobierno para tener toda la información». Y entre medio están los vecinos, muchos de los cuales no ocultan su desagrado ante el acogimiento de refugiados en su localidad. Una medida que será necesaria pero poco popular. La falta de transparencia del Gobierno central sobre el reparto de inmigrantes por el país no está ayudando a calmar esa crispación social que está generándose en el municipio alcalareño y en otras localidades donde se está extendiendo rumores que no se frenan sobre la llegada de más contingentes, como ha ocurrido en Espartinas. Un centenar de vecinos de tres urbanizaciones, situadas junto a un antiguo club de alterne, llevan días movilizados por el rumor no confirmado de que un grupo de inmigrantes iban a reubicarse en esas instalaciones. Ayer la alcaldesa de la localidad mantuvo un encuentro con más de un centenar de ellos en el salón de plenos del Ayuntamiento durante más de una hora para tratar de desmentir el rumor, en una reunión que las diferentes fuentes consultadas calificaron de tensa. La alcaldesa aseguró que no tiene notificación oficial del Gobierno de que vayan a instalarse refugiados en el municipio y que, además, Espartinas no figura en el listado de localidades de acogida que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones . Unas palabras que no tranquilizaron a los asistentes, que le recordaron el precedente de Alcalá de Guadaíra, donde el Ayuntamiento no fue informado. Tampoco está prevista la llegada de menores inmigrantes, que atiende la Junta de Andalucía , tal como aseguró ayer la portavoz municipal del PP, María Elena Romero , tras haber tenido la confirmación desde la delegación provincial de la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad . Ante esta situación, los vecinos de estas urbanizaciones han pedido una reunión en la que estén presentes el Ayuntamiento y el propietario del local que alojó el club de alterne, para que aclare la situación. Estos vecinos aseguran que en el edificio se están realizando obras , aunque al Ayuntamiento no le consta que hayan solicitado licencia para ello. Por ese motivo, un concejal se personará junto con la Policía Local para ver qué tipo de actividad se está realizando en ese lugar.