Madrid prohibirá las viviendas turísticas en pisos de protección pública o donde las comunidades lo rechacen

La normativa autonómica relativa a la actividad de viviendas turísticas va a reforzar la vigilancia y el control: no podrá haber esta actividad en viviendas de protección pública, ni tampoco en las comunidades de vecinos que así lo determinen en sus estatutos. Las sanciones se van a agravar además, según ha explicado este miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín. La Comunidad está adaptando la normativa, para actualizar los requisitos para garantizar la calidad del servicio y proteger los derechos de los usuarios, explican en el Ejecutivo autonómico. Los trámites comienzan ahora, cuando el consejo de Gobierno ha recibido el informe del proyecto de decreto, con carácter previo a la audiencia e información pública, para adaptar la normativa del control de viviendas de uso turístico al contenido de las sentencias sobre la materia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Entre las medidas más novedosas, destaca que se establece que sean los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico, en lugar de los propietarios de la vivienda, los obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad. Además, se actualizará el decreto actual en cuanto a los requisitos de las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos para garantizar una determinada calidad del producto turístico, en defensa y protección de los derechos de las personas usuarias. Además, en la norma queda claro que corresponde a los ayuntamientos introducir, cuando proceda, las exigencias sobre el uso compatible o complementario de este tipo de viviendas. Paralelamente, se especifica la prohibición de este uso turístico en las de protección pública o en los inmuebles que así se indique en sus estatutos aprobados por la comunidad de propietarios. Esta modificación normativa forma parte del actual Plan de refuerzo y control de estas viviendas en la región, que contempla un aumento de los efectivos que supervisan el funcionamiento de esta actividad. A los 16 existentes se suman 17 donde están los cuatro que se asignarán a la aplicación del nuevo reglamento de la UE sobre el alquiler de corta duración. También se revisan las cuantías de las sanciones, endureciéndolas para los propietarios reincidentes. Y se refuerza la colaboración e intercambio de información con los municipios de la región.