Gobernar sin Presupuestos “vulnera el espíritu de la Constitución”
Gobernar sin presupuestos generales del Estado. Moncloa ya da por hecha la imposibilidad de sacar adelante las cuentas ante la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados. Una hoja de ruta que se suma a la prolongación anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, en marzo tras el adelanto de las elecciones catalanas. De consumarse, el Ejecutivo encadenaría dos años sin aprobar nuevos Presupuestos y se prorrogarían hasta 2026, los que se elaboraron para 2023.
Esta situación no incumple la Constitución, según los expertos en derecho constitucional consultados por Confidencial Digital, pero algunos expertos consideran que sí vulnera el "espíritu" de la Carta Magna. Es decir, la intención con la que los constituyentes redactaron la norma. Incluso añaden que, en caso de que el Gobierno prorrogase las cuentas generales sine die, sí iría en contra de lo dictado por la Constitución.
No es inconstitucional
Los expertos consultados por este digital coinciden en que esta práctica de prorrogar los Presupuestos no va en contra de ningún artículo concreto de la Carta Magna. "No es inconstitucional, ni plantea problemas legales", asegura Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.
Del mimo modo, Antonio del Moral, catedrático en Derecho Constitucional, considera que la decisión del Gobierno no "viola" ningún punto de la Constitución. Es decir, El Ejecutivo puede utilizar esta herramienta de forma "excepcional" ante una situación determinada que debe explicar.
No se trata de una situación sin precedentes. El Gobierno de Mariano Rajoy, el último del Partido Popular, elaboró en 2018 unas cuentas que se extendieron hasta 2021, cuando entraron en vigor los primeros Presupuestos del Gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos.
El proyecto del entonces ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, se alargó hasta tres ejercicios, récord en la democracia española; a la espera de si las cuentas actuales se prorrogan también el año que viene, en cuyo caso estarían en vigor durante cuatro ejercicios —2023, 2024, 2025 y 2026—.
Aunque el Gobierno de Rajoy aprobó Presupuestos cada año y nunca prorrogó los anteriores.
Sí vulnera la 'intención' de la Constitución
Aunque Urías considera que extender las cuentas generales no entra en conflicto con la Constitución en modo alguno, sí resalta que supone una debilidad del Ejecutivo. "Se puede gobernar, pero es un gobierno más atado, menos libre y menos eficaz", afirma. Y añade que puede suponer una dificultad incluso para "adjudicar los fondos europeos", una herramienta a la que ahora se aferra el Gobierno ante la falta de unas nuevas cuentas del Estado.
Torres del Moral sí advierte de una contradicción entre prorrogar los Presupuestos y lo dictado por la Carta Magna. Según el catedrático, esta decisión atenta contra "lo que quiere" o "lo que busca" la norma, que deposita en el Ejecutivo la responsabilidad de elaborar unas cuentas anuales.
"No infringe ningún artículo concreto, pero sí vulnera el espíritu del legislador", afirma del Moral. Un concepto jurídico básico para interpretar la Constitución. Según el diccionario panhispánico del español jurídico, perteneciente a la Real Academia Española, el espíritu de una ley se define como el "criterio interpretativo" de las aquellas normas que "atiende (...) a la intención del legislador o finalidad que inspiró su adopción". Esto es, a la intención con la que se redacta: en este caso, que el gobierno elabore, presente y apruebe los Presupuestos y evite prorrogar los anteriores.
En este caso, las cuentas para 2023 no han sido votadas por el Parlamento actual, porque se aprobaron antes de las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023.
De la excepción a la norma
El catedrático en Derecho Constitucional va un paso más allá. Del Moral considera que alargar sin fin unos Presupuestos sí puede incurrir en una infracción. "Una excepción no puede convertirse en norma", afirma el experto. "El Gobierno debe justificar por qué no presenta un proyecto de ley de presupuestos, y puede hacerlo en casos excepcionales, pero no de forma sistemática", concluye.