El cártel del oficialismo

El oficialismo no se ha dado cuenta del daño que hace al país y al proyecto político que representa con vulnerar a la democracia, la división de poderes y el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos, con el comportamiento mafioso de los operadores políticos del obradorato para lograr la “hazaña” de aprobar la reforma judicial con una mayoría calificada artificial, producto de la aplicación de criterios sesgados de las leyes por parte del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la cooptación de legisladores de la oposición con métodos al margen de la ley.

La reforma judicial se construyó con actos delincuenciales como el cohecho, las amenazas, la compra de voluntades, el tráfico de influencias y todo aquello que posibilita al grupo en el poder perpetuarse a la mala, al fiel estilo de los mafiosos o los criminales de los cárteles.

¡Plata o plomo! Fue la orden emanada desde Palacio Nacional para alcanzar la aprobación de la reforma judicial, sin importar los medios de cohesión para cooptar, primero a las autoridades electorales del INE y del TEPJF, y luego a cuatro senadores de oposición, quienes no resistieron las presiones del grupo en el poder para traicionar a sus correligionarios.

Adán Augusto López, Alejandro Esquer, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y todo ese grupo de mafiosos del obradorato, golpearon en la línea de flotación al arranque de la gestión de la primera mujer presidenta de México.

Ahora celebran orgullosos, pero con el paso del tiempo se tendrá que ajustar la reforma judicial que se acaba de aprobar, en virtud de que en la práctica será imposible instrumentarla sin impedir que los grupos fácticos de poder, como los criminales, pongan a sus incondicionales como jueces, magistrados y ministros, al tiempo de que estos mismos impartidores de justicia no tienen los conocimientos, la independencia y la autonomía para ejercer su tarea en temas como, por ejemplo, el amparo.

El tema de la devaluación del peso ante el dólar como resultado del berrinche presidencial por impulsar la reforma judicial es tan solo tangencial, ante el riesgo que representa degradar la calificación crediticia del país por parte de las calificadoras internacionales, amén de la fuga de capitales, el retiro de inversiones y la desconfianza de los mercados.

Para la neófita y convenenciera clase gobernante que basa sus tareas en preservar el poder a costa de la pobreza e ignorancia, es irrelevante el impacto económico y social de la reforma, mientras ellos preserven sus canonjías, les “vale queso” todo lo demás; sin reparar en que sin los ingresos necesarios para fondear los programas sociales de López Obrador, será imposible mantenerlos, a menos que sigan endeudando al país o implementen otros recursos propios de las dictaduras como imponer las expropiaciones como modus vivendi.

A 14 días del final de una administración fallida, vemos a un presidente desde Palacio Nacional, envuelto en la bandera de la soberbia y del culto a la personalidad que, incluso, le hace perder el pulso de la polarización que generó con su discurso manipulador de odio y populismo; ya que si bien es cierto que un sector de la población cada vez más disminuido lo aprueba, también es verdad que otro lo rechaza contundentemente.

AMLO termina su administración con el síndrome del megalómano que acaba de creerse la falacia que inventó, ya por un instinto de supervivencia o por empujar al despeñadero a su sucesora.

Dirán algunos que los 36 millones de votos que encumbraron a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México son más que los 74 millones de ciudadanos que se abstuvieron o votaron en contra.

Se acaba la pesadilla y eso ya es ganancia.

El discurso matutino falaz y perverso llega a su fin, aunque vendrá otro que no puede ser peor y tan dañino como el del tabasqueño.

Para los ingenuos que le creen a AMLO el retiro de la vida pública luego que concluya su gestión, les diremos que intentará seguir pastoreando a sus incondicionales, sin importar el nivel que tienen dentro de la estructura gubernamental.

El jefe de la mafia pretende seguir operando tras bastidores; ahora dependerá de la presidenta Claudia Sheinbaum cuáles serán los límites de ese poder ejercido tras el trono.