El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción para la Democracia anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este plan de medios se conforma por tres ejes y una lista de 31 medidas para afrontarla, de las que han destacado unas 19 medidas. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los tres ejes y algunas de las medidas, además de remarcar que las medidas del plan incluyen iniciativas legislativas, que tendrán que ser apobadas por el Congreso y el Senado. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, ha completado y explicado las medidas del segundo eje, dirigido a los medios de comunicación. Además, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado los nombramientos de Mercedes González y el de Luis Pedro Marco de la Peña, como directora general de la Guardia Civil y nuevo presidente de Adif. El primer eje del Plan de Acción para la Democracia, según ha expresado Bolaños, será para ampliar y mejorar la calidad de información gubernamental, por lo que el primer apartado estará dirigido al Poder Ejecutivo. En este apartado, Bolaños ha anunciado un proyecto de ley de administración abierta, para «facilitar la transparencia y la rendición de cuentas». Además, se aprobará la rendición de cuentas para todos los Gobiernos, la autoridad independiente de protección del informante, que incluye la creación de nuevas unidades especializadas en la fiscalía para «luchar con mayor eficacia». Otra de las reformas es la de la Ley de Secretos Oficiales, con el objetivo, según el Gobierno, de hacerlo «conforme a los países del entorno». El segundo eje del plan de medios del Gobierno está destinado a fortalecer la transparencia, la pluraridad y la responsabilidad de los medios de comunicación con el objetivo de «garantizar información veraz». En este punto, Bolaños ha anunciado dos modificaciones de leyes orgánicas, el Derecho al Honor y el Derecho a la Rectificación, que ha señalado que «ha quedado claramente obsoleto». Además, el ministro de Presidencia ha destacado la intención de realizar una reforma integral del Código Penal que tratará los delitos de libertad de expresión qe afecten a las instituciones del Estado y las que se produzcan contra sentimientos religiosos. Por su parte, el ministro de Cultura, Ignacio Urtasun, ha detallado diez medidas del plan de medios. Por ello, el Gobierno creará un registro de medios de comunicación que se disponga sobre la inversión pública, sobre su propiedad y la publicidad que recibe, y que será revisada por la Comisión Nacional de Mercados de Valores y la Competencia. La segunda medida es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de las administraciones publicas, por el que todas las administraciones públicas deberán publicarlo de forma visible y clara. El titular de cultura ha anunciado dos reformas de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación y para garantizar que los sistemas de medición de audiencias y su metodología no puedan falsear los datos con prácticas que alteren las visitas reales a las paginas webs de medios de información. También habrá medidas de discriminación positiva para los medios que estén e lenguas cooficiales. De cara a la «protección de los periodistas», el Gobierno impulsará la ley de secreto profesional de los periodistas, que incluya una garantía jurídica de protección de las fuentes. Para Urtasun esta es una pieza «fundamental» del plan. En el mismo sentido, seguirán la directiva europea AntiSlapp para proteger a los periodistas de acosos externos, de demandas abusivas e infundadas por hacer su trabajo. El Gobiero también ha anunciado que espera resolver la anomalía de la conocida como Ley Mordaza, para acabar con sanciones a periodistas que cubran las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las dos últimas medidas explicadas por Urtasun en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros son los límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios y la revisión del marco regulatorio para garantizar el pruralismo político y hacer frente a los «oligopolios mediáticos». El tercer y último eje del plan de medios buscará reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral español. Por ello, impulsarán, a través de una reforma del reglamento de las Cortes Generales, la obligatoriedad de la celebración anual del Debate de la Nación, así como una Ley Orgánica de Régimen Electoral por el que será obligatorio para los cadidatos acudir a un debate electoral. Además, será obligatorio por ley que las encuestas de periodos electorales tengan que publicar los microdatos. Bolaños ha anunciado una ley de grupos de interés, una «ley de lobbys», para reforzar la obligación de que los partidos politicos publiquen sus cuentas y de que los diputados y senadores de hacer públicas sus declaraciones de bienes. Es una medida que ya existe pero «se incumple de manera flagrante, reiterada, rebelde y voluntaria». Por último, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha resaltado la aprobación de una declaración institucional para reforzar el compromiso de lucha contra la trata de mujeres, niñas y personas en general. Esta declaración irá acompañada de una mejora de la metodología para evaluar la situación.
