La trama millonaria detrás del conflicto entre el Gobierno y los gobernadores

El gobierno a cargo de Javier Milei firmó durante estos últimos meses un total de 21 acuerdos marco de colaboración con diferentes provincias para traspasar obras públicas nacionales a esos distritos. Se tratan de pactos con doble propósito: a la Casa Rosada le sirve deshacerse de la ejecución de esos proyectos que, igualmente, no iban a priorizar; mientras que a las provincias les sirve reactivarlas por motivos múltiples.

A pesar del mutuo acuerdo, los gobernadores de las 23 provincias del país expresaron la semana pasada que estaban en estado de alerta por la falta de ejecución de obras que el Estado Nacional tiene varias provincias. Ayer insistieron sobre este compromiso de Nación, en un nuevo encuentro híbrido con la Casa Rosada a partir de la presentación del Presupuesto 2025

"Que cumpla con los compromisos respecto a la financiación y ejecución de la obra pública en los territorios provinciales", insistieron los jefes provinciales en un comunicado redactado durante la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El reclamo pide por la reactivación de las obras nacionales que siguen neutralizados en esos distritos, aunque también solicita que se resuelvan las deudas con contratistas de obras públicas. Esto mismo fue trasladado en una reunión virtual que 20 representantes provinciales y de CABA mantuvieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La reunión clave entre la Casa Rosada y las provincias

Esa videollamada fue motivada por las declaraciones que el Presidente hizo en su discurso en el Congreso el último domingo, en el que apuró a las provincias a ajustarse por u$s 60.000 millones para cumplimentar el segmento del Pacto de Mayo que pedía bajar 25 puntos de déficit operativo a nivel nacional. "Queremos que se bajen u$s 2500 millones por provincia", afirman desde el ala más radical del Gobierno.

Esta postura no tuvo la misma contrapartida desde el Ministerio de Economía, donde reconocen que no es realista ese pedido a los gobernadores. En el marco del encuentro les dijeron ayer a los funcionarios libertarios que "se fueron al pasto" con los dichos de Milei.

Como forma de aliviar las demandas del Gobierno, los 20 mandatarios se comprometieron a elaborar presupuestos con déficit cero, aunque pidieron reactivar las obras que Nación tiene en sus distritos y el envío de recursos de cajas no transferidas, así como la distribución del Fondo Compensador del Transporte o el FONID.

"Van a tener que seguir esperando porque no vamos a hacer nada de eso. Murió. Solamente el Gobierno irá reactivando lo que tiene que ver con algunas obras públicas que se elijan", afirmó a El Cronista una altísima fuente de la Casa de Gobierno.

La disputa millonaria por obras públicas

En la Jefatura de Gabinete y en Economía afirman que planean retomar algunos proyectos. Dicen que hay cerca de 500 obras que están en proceso de reiniciarse, mientras que otras 100 están supuestamente en marcha ya.

Esta última cifra es cuestionada desde el sector de empresas constructoras. "Si estamos hablando de obras nacionales, no cabe ninguna duda de que no se reactivó esa cantidad. Si me dijeras 10 que empezaron muy paulatinamente, puede ser. Eso sí, las intenciones pueden estar", afirmaron.  

Según informaron fuentes gubernamentales, había un total de 1338 proyectos que acarreaban deudas desde el gobierno anterior: de estas, un millar tienen deudas desde hace más de un año. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, había advertido en junio que la situación de la deuda con estas compañías "es gravísima". Según cálculos hecho por esa entidad, los pagos adeudados ascienden a los $400.000 millones.

"Varias obras están paradas por la deuda con empresas de obras públicas y eso genera quejas en distintos gobernadores", afirmó un funcionario de la Casa Rosada. Un pedido de acceso a la información pública hecho por Perfil reveló que la deuda que Nación mantiene con las empresas contratistas de obra pública es de $127.200 millones. Esto demora el inicio de 469 obras específicas a lo largo de 20 provincias de todo el país.

Desde el Ministerio de Economía están planteando que en el caso de las obras que se transfieren a las provincias, éstas tengan que hacerse cargo de las deudas. "Las obras se transfieren con las deudas", afirman.

"En los casos de las obras que continúan porque son prioritarias y se van a reiniciar o se están reiniciando, se están cancelando las deudas. También hay otras obras que se neutralizaron, es decir, que no se van a hacer todavía. En este caso, tienen deuda y se va a ir pagando de poco. Las obras que se rescinden van a entrar en un plan de pago de deudas", explican, con mayor detalle de cada caso en particular.

Y es que la variedad de situaciones de cada uno de estos proyectos es amplia. Por ejemplo, el monto total del acuerdo de obras de infraestructura entre Nación y Chubut es de 130 mil millones de pesos: en ese acuerdo, el gobierno de Chubut se hace cargo de 40 mil millones; y el resto lo debe afrontar la Nación. Pero hay una disputa por una deuda de certificados de obra y redeterminaciones por $ 20.000 millones para ser afrontados por Nación.

Otro caso es el de Entre Ríos, para quienes la Casa Rosada debe afrontar pagos de deuda por certificación de obras nacionales en la provincia por $ 17.000 millones. "Son obras de infraestructura, de vivienda, hídricas, entre otras; y eso que no contamos la deuda con los municipios", afirman. Estos certificados fueron reclamos que se repitieron desde varias provincias en la reunión de ayer con Caputo y Francos. Prometieron seguir el reclamo, pero sin compromiso de resolverlo. 

También hay proyectos neutralizados, con financiamiento de organismos de crédito internacionales y las que buscan traspasarse directamente a municipios. Por ese objetivo pasó la semana pasada por la Jefatura de Gabinete la comitiva de Gastón Granados, intendente de Ezeiza.