La igualdad y los dineros de las comunidades autónomas

El acuerdo que el partido socialista ha alcanzado con ERC para conseguir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña ha traído al centro del debate político la cuestión de la financiación autonómica. Muchas voces critican que una financiación singular de Cataluña atentaría contra el principio de igualdad. Ciertamente, la realidad española está lastrada desde hace cuatro décadas por los defectos de una Constitución que no define el sistema territorial. En esa indefinición, es imposible cerrar el debate sobre nuestro modelo autonómico. Sin embargo, tras la invocación de la igualdad hay mucho de populismo.

En democracia, la igualdad nunca es un punto de llegada, sino solo de partida. No queremos ser todos iguales, sino ser realmente libres al decidir cómo de diferentes seremos. Únicamente las dictaduras más disparatadas plantean el horizonte de una sociedad igualada en la que todo el mundo vista igual, tenga idénticos bienes o piense del mismo modo. En democracia se trata justo de lo contrario. Nuestro valor es la diversidad, que es el único resultado posible del ejercicio de la libertad. La igualdad es solo el requisito previo para que la libertad sea real. Para tener auténtica facultad de decidir todos deberíamos partir de una situación similar.

Esto vale para la libertad individual y para la colectiva. La Constitución reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que componen España que es, precisamente, el derecho de cada territorio a ser diferente de los demás. No hay artículo constitucional ni principio general alguno que obligue a que los colegios sean iguales en los territorios vaciados en los que los pueblos se están quedando sin niños que en las grandes ciudades. Ni a que las normas urbanísticas sean las mismas en una isla donde el espacio es precioso y limitado que en una inmensa meseta vacía. Más bien al contrario. La estructura social gallega, con pueblos y aldeas pequeños y diseminados seguramente exige que allí las normas sean distintas de las de La Mancha, con ciudades grandes e inmensas porciones de tierra vacía.

Cada comunidad autónoma tiene, en su singularidad, derecho a crear sus propios impuestos, a optar por un modelo educativo o de sanidad propio y adaptado a sus necesidades y a priorizar a qué sector quiere dedicar más recursos. Pensar que eso atenta contra la igualdad es una estupidez. Del mismo modo que cada ayuntamiento tiene sus propias tasas de basura y normas diferentes en cuanto a cómo usar las calles, sin que eso afecte a la igualdad, también las comunidades autónomas en ejercicio de los derechos que les da la Constitución tienen que dictar sus propias normas… por no hablar de que los distintos partidos políticos que rigen cada comunidad deben poder poner en práctica sus propias políticas, con la garantía además de que respondan democráticamente por sus resultados.

La igualdad no significa, pues, que todas las comunidades tengan los mismos impuestos o el mismo modelo sanitario, sino que todas tengan las mismas opciones a la hora de decidir autónomamente cómo quieren ser diferentes. Y ahí es donde entra en juego la financiación. El principio de igualdad exige un sistema que permita a todos los territorios disponer de los recursos necesarios para ejercer su autogobierno. Eso tampoco implica, en contra de planteamientos tan simplistas como falsos, que todas las comunidades autónomas tengan que recibir exactamente la misma cantidad.

Decidir un sistema de financiación no es fácil. El criterio de los habitantes –que cada comunidad reciba fondos conforme a su población– debe ser tomado en cuenta, pero es necesario mirar también otros factores: los gastos de una comunidad insular no son los mismos que de una comunidad uniprovincial de interior. Hay comunidades con más competencias transferidas, por lo que necesitan más dinero que otras… Más allá, si una comunidad tiene una gestión exitosa que hace que aumenten sus ingresos, sería injusto que eso no repercuta en aumentar su riqueza. Las decisiones de cada gobierno autonómico implican que el gasto sea diferente en cada territorio y afrontarlo así no es una cuestión de igualdad sino de mera responsabilidad.

El Gobierno andaluz, por ejemplo, ha renunciado a más de cien millones de euros de fondos que se le ofrecían para construir guarderías públicas. Lo ha hecho porque su modelo es el de las guarderías privadas. Para bien o para mal, los populares andaluces deben responder de tal decisión ante sus electores. Si los niños andaluces no tienen guarderías, o si Andalucía gasta en pagar guarderías privadas los fondos que otros territorios dedican a la sanidad, por ejemplo, es algo que se debe someter a los electores andaluces. Del mismo modo, si el Gobierno de Murcia decide aplicar una bajada masiva de impuestos y pierde millones de recaudación, lo justo es que disponga de menos fondos para atender las necesidades de su población. Lo desigual sería cubrir con fondos comunes los recursos que un gobierno decide dejar de recibir o dedica a otros fines. La igualdad implica libertad de gasto y responsabilidad por ello.

Junto a ello, hay territorios que históricamente pueden haber sido expoliados, de modo que su falta de riqueza no sea atribuible a sus gestores actuales y que, en aras de la igualdad, deben recibir más fondos para compensar las desigualdades históricas. La igualdad implica solidaridad, porque se trata de compensar a quien está aún pagando injusticias de otras épocas. En otros casos es justo lo contrario. Madrid, por el hecho de ser la capital recibe muchos más de los fondos comunes que el resto, aunque a veces no se contabilice: el hecho de ser un nudo ferroviario y aeroportuario, construidos con el dinero de todos, es un descomunal incentivo para que allí se instalen empresas que aumentan la riqueza del lugar. Todo eso debe ponderarse, y por eso es tan complicado acordar un sistema común.

En nuestro país no hemos sido capaces de conseguirlo. La Constitución no prevé sistema de financiación alguno. El que está en vigor es el fruto de una negociación política en los años ochenta, revisada unas décadas después pero el mecanismo es, en esencia, abierto. Con todo lo que ello implica. Como no somos capaces de ponernos de acuerdo en un sistema único, consensuado y transparente de financiación de las Comunidades Autónomas lo hemos sustituido por un mercadeo en el que triunfan el chantaje, el amiguismo político y el intercambio de favores.

Las oportunidades de vida de las personas de una comunidad autónoma no pueden depender de que determinado partido necesite los votos de determinado otro. Sin embargo, es algo que lleva sucediendo cuarenta años. Nos hemos acostumbrado estas décadas a que si un partido necesita para algo el voto de, por ejemplo, los partidos canarios, esta comunidad reciba una lluvia de dinero que se le niega a otras. Lo que parece que pueda suceder ahora con Cataluña no es diferente de lo que ha sucedido antes con otros lugares, aunque el anticatalanismo de la derecha española lo presente así. Es el mismo chalaneo de siempre y es algo que solo terminará si se aprueba un sistema transparente y justo de financiación en el que el Gobierno central, con apoyo de su mayoría parlamentaria, deje de tener capacidad de otorgar o negar millones a ningún territorio.

El sistema de financiación autonómica es la gran asignatura pendiente de nuestro ordenamiento político porque es la clave de bóveda para que funcione el Estado de las autonomías. El sistema no tiene por qué ser único. Andalucía, por ejemplo, ha admitido que recibir un cupo como el vasco o como el sistema prometido a Cataluña le haría perder ingresos. El mecanismo de financiación necesariamente incluirá elementos singulares, porque cada comunidad es única y tiene particularidades propias. De lo que se trata es de que haya un sistema que permita calcular de antemano lo que cada territorio va a recibir, de modo transparente y que no dependa de vaivenes políticos.

Más allá, de lo que se trata es de que todas las necesidades de la ciudadanía dispongan de fondos para ser cubiertas… y si sus respectivos gobiernos no lo hacen, no valdrá refugiarse en el comodín de la igualdad, alentando con engaños el victimismo y las  bajas pasiones de su población.