Los tribunales tumbaron ayer las tres zonas de bajas emisiones que funcionan en la ciudad de Madrid. Una noticia que revolucionó a los conductores que circulan por sus calles, y también a los que pronto no podrán hacerlo por no contar con etiqueta medioambiental en sus vehículos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió aceptar parcialmente el recurso que presentó Vox contra la Ordenanza que recoge estas restricciones circulatorias, porque considera que el informe económico previo a su aprobación es «insuficiente» y ha obviado a las personas con menos capacidad económica para acceder a vehículos que cumplan con la normativa ambiental. El ayuntamiento estudia un posible recurso de casación, y ya avanzó que no se van a anular las multas y que las zonas de bajas emisiones siguen en vigor dado que la sentencia no es firme. «El de Madrid 360 ha sido un modelo de éxito», explicaba este martes Borja Carabante, concejal de Movilidad. A su juicio, «se ha cumplido la directiva europea sobre calidad del aire, conciliar la actividad económica y dar oportunidades de movilidad» en transporte público», ha asegurado Borja Carabante. Hasta el 23 de octubre tienen plazo para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El fallo judicial supone un balón de oxígeno para Vox, que ve respaldada su postura de oposición radical a las restricciones circulatorias en el centro de Madrid, extendidas ya a toda la ciudad para los vehículos sin etiqueta ambiental que no estén matriculados en Madrid, y que desde el próximo enero afectarán también a los de los residentes si tampoco tienen etiqueta. Su tesis durante todo este tiempo ha sido que Martínez-Almeida engañó a los madrileños diciéndoles que iba a suprimir las restricciones de Manuela Carmena, y no sólo no lo hizo sino que las aumentó, sostiene su líder, Javier Ortega-Smith. Ayer, insistía en que era un día de «alegría para Vox y los madrileños» por esta sentencia «valiente», y afirmaba que el alcalde «debería dimitir». Su compañera Rocío Monasterio, portavoz regional de Vox, aseguraba de forma algo hiperbólica que tras esta suspensión «la libertad puede volver a Madrid». En Madrid funcionan en la actualidad tres zonas de bajas emisiones: la del Distrito Centro, la de Plaza Elíptica, y la que rige para toda la ciudad. Si el coche no tiene etiqueta y no está matriculado en Madrid, está prohibida su circulación por todas las calles de la capital. A partir del año que viene, esta limitación está previsto que se extienda también a los vehículos de los residentes en la ciudad. En el caso de la zona de Distrito Centro –que abarca el perímetro del antiguo Madrid Central–, el resto de coches con etiqueta, matriculados o no en Madrid, tienen este régimen: los vehículos con distintivo B o C pueden circular por todo el área, siempre que vayan a un estacionamiento. Quienes posean la catalogación ECO o Cero emisiones pueden atravesar por todas las vías del centro estén o no empadronados en esa zona de bajas emisiones. Todas estas normas estaban vigentes hasta ayer, cuando se tumbó la ordenanza, y siguen siendo de aplicación hoy, dado que la sentencia del TSJM no es firme: se puede recurrir ante el Tribunal Supremo y el ayuntamiento tiene 30 días para hacerlo. En su fallo, la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula aquellas partes de la Ordenanza que definen las ZBE. Rechaza diversas alegaciones de los recurrentes sobre posibles irregularidades en el procedimiento de aprobación de la Ordenanza, pero sí estima que el informe de impacto económico previo a la aprobación de la normativa peca de «manifiesta insuficiencia». Los magistrados no ponen en duda la potestad de la administración municipal para adoptar las medidas para proteger la salud y el medio ambiente, ni de control de la contaminación atmosférica, para cumplir con la normativa europea. Sin embargo, creen que se da una «patente insuficiencia del informe de impacto económico» de las medidas adoptadas en la Ordenanza, que exigían la toma en consideración de sus consecuencias económicas, para poder efectuar «una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente». Insiste la sentencia en que las medidas restrictivas afectan presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, que se ven impedidas o gravemente dificultados en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales, pero no se hizo una valoración de este factor. «No se tuvieron en cuenta importantes consecuencias en el terreno de la economía de un importante sector de la población, el de menos capacidad económica, el más vulnerable frente a las medidas restrictivas; ni la incidencia en la actividad de las empresas, singularmente en las más pequeñas de las que operan en el mercado», subraya el fallo. No obstante, cabe señalar que tras la aprobación de la Ordenanza se produjeron varias convocatorias de ayudas para cambiar de coche. Y también se dio luz verde, como guiño a Vox, una moratoria de la aplicación de la norma en la zona centro para vehículos de reparto de mercancías con etiqueta B, que fue tumbada en septiembre de 2023 por los tribunales, tras un recurso de PSOE y Más Madrid. Las reacciones al fallo no se hicieron esperar: Rocío Monasterio (Vox) defendía que «años de trabajo dan sus frutos. Solo Vox se ha opuesto frontalmente al Madrid Central de Carmena y de Almeida». Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, lamentó que «la Justicia quiera imponerse sobre la voluntad de los madrileños». Y culpó al alcalde: todo es consecuencia del «boicot que inició Almeida y del que ahora se tiene que hacer responsable». La misma línea argumental que siguió Enma López, por el PSOE: «Estas son las chapuzas del alcalde, que generan inseguridad jurídica en la ciudadanía». La Asociación Automovilistas Europeos Asociados tiene intención depedirle al alcalde la paralización inmediata en la tramitación de las 1,7 millones de multas que se han puesto por entrar en estas zonas de bajas emisiones, y la devolución de lo cobrado, que estiman en unos 330 millones de euros. Desde las organizaciones ecologistas, la medida cayó como un jarro de agua fría. Para Verdes-Equo, es «inadmisible» anteponer «intereses económicos a la salud». Y Ecologistas en Acción recuerdan que las ZBE «no son una medida caprichosa sino una obligación derivada de la Ley de Cambio Climático, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la protección constitucional de los derechos a la salud, al medio ambiente y en última instancia a la vida».
