El Gobierno podrá exhibir la fugaz victoria que le ofrece el acuerdo tripartito alcanzado a finales del pasado mes de julio en materia de pensiones con la firma en La Moncloa a la que acudirán los principales líderes de las organizaciones empresariales y de los sindicatos. Una instantánea que además de dar oxígeno al aletargado diálogo social en este caso también servirá para presionar a los socios del Ejecutivo de coalición que han mostrado sus reservas al texto amarrado por el Ministerio de Seguridad Social y amenazan con propiciar un nuevo revés en sede parlamentaria si no se abre a la negociación con los grupos. Para tratar de poner en valor el complejo consenso entre los agentes sociales, que sin ir más lejos parece una utopía en el terreno mal labrado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, el presidente Pedro Sánchez promocionará la rúbrica con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , y también el líder de Cepyme, Gerardo Cuerva , junto con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez . Si bien este pacto tripartito en pensiones que regulará las fórmulas de compatibilidad de la pensión con el trabajo , articulará un nuevo sistema coeficientes reductores para la jubilación anticipada de profesiones penosas, mejorará la cotización de cara a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos y fijará las directrices para un nuevo marco de colaboración de la Seguridad Social con las mutas de accidentes de trabajo para aumentar su participación en los procesos de incapacidad temporal de carácter traumatológico, supuso el segundo consenso del diálogo social de la legislatura -después del alcanzado a comienzos de junio por parte del Ministerio de Trabajo para la incorporación de los planes de incorporación de los planes de igualdad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores- hay que remontarse a julio de 2021 para encontrar la última que los líderes empresariales y sindicales acudieron a rubricar un acuerdo con Sánchez en La Moncloa. Entonces, bajo la batuta del exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá , la firma fue para la primera parte de la reforma de pensiones que incluyó el paquete de medidas más afable, con la indexación de las pensiones al IPC como medida principal para la garantía del poder adquisitivo de los jubilados. Con lo que este consenso amarrado por la actual titular de la cartera del ramo Elma Saiz supone el primero en materia de pensiones desde entonces ya que la segunda parte de la reforma de pensiones sacada adelante en marzo de 2023 no contó con el apoyo de la patronal -tras sustanciarse en una amplia subida de cotizaciones destinada a pagar el incremento de gasto imprimido con las medidas del primer paquete-. De hecho, hay que remontarse a julio de 2022 para encontrar el anterior gran pacto tripartito en materia de Seguridad Social, aquella vez para el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Ahora bien, a diferencia de las anteriores ocasiones mencionadas en las que el Gobierno aunó el apoyo de los empresarios y sindicatos, tal es el nivel de debilidad parlamentaria del Ejecutivo en esta segunda legislatura que ni siquiera este acuerdo del diálogo social tiene la garantía de salvoconducto para recibir luz verde en la Cámara Baja . Así se lo hicieron saber hace sólo una semana los grupos políticos que sustentan al Gobierno de coalición durante la comparecencia de la ministra Elma Saiz en la Comisión del Pacto de Toledo , que instaron al ejecutivo a abrir ahora un proceso de negociación con los grupos. ERC , BNG y Bildu aseguran que votarán en contra si no se introducen cambios en e texto, mientras que Junts no ha terminado de fijar postura aunque también ha reclamado más ambición en alguno de los puntos, como el caso de la participación de las mutuas en las bajas laborales done demandan que estas puedan prescribir el alta. Por su parte, desde el PP tampoco descartan apoyar el texto también suscrito por la patronal.
