Los vecinos de Valencia pagarán por primera vez unos 40 euros al año en concepto de una nueva tasa de basura por el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, tal y como ha aprobado el Ayuntamiento ante la «obligación» del Gobierno central basada en el artículo 11 de la 'Ley Estatal 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular'. Esta normativa exige a los consistorios la necesidad de aprobar para 2025 una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que tienda a sistemas de pago por generación y que refleje el coste del servicio de recogida y transporte de las basuras. Algo que ha acordado este viernes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento llevar al próximo pleno entre las ordenanzas fiscales para el próximo año. No obstante, tal y como ha explicado la concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, el Ayuntamiento se opone a la medida fiscal, al considera que «se trata de una tasa que nos obliga a aprobar Pedro Sánchez para consumar el « basurazo » de su ley de residuos», la cual hasta el momento asumía el propio consistorio. La también primera teniente de alcalde ha mostrado la contrariedad del Gobierno municipal que lidera la alcaldesa María José Catalá con esta imposición, al afirmar que «la configuración como no deficitaria de la nueva tasa ata de pies y manos a los Ayuntamientos; nos obliga a repercutir a los ciudadanos 47,6 millones de euros del coste de la recogida y transporte de residuos; e impone en contra de nuestra voluntad el «basurazo» de Sánchez». En este sentido, la titular del área de Hacienda ha puesto como ejemplo que «a partir de 2025, no podríamos, como hicimos hace un año, asumir con cargo al presupuesto municipal los 6 millones de euros que correspondían a Valencia de aportación a la EMTRE para que se repercutiera ese importe en los vecinos». «Hoy, por imposición legal y en contra de nuestro deseo , tendríamos que repercutirlo al ciudadano con un incremento de la tasa» -la TAMER, en el caso de la EMTRE, por el tratamiento y eliminación de residuos-, ha proseguido, declarando que «es la primera vez en la historia del municipalismo español que desde el Gobierno de España nos obliga a todos los Ayuntamientos a imponer una nueva tasa de basura». La configuración legal de la nueva tasa como «no deficitaria» también supone restringir, según el Consistorio, la concesión e importe de las reducciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden aplicar para reducir las tarifas. Para tender al pago por generación, como exige la ley, estas cuotas han sido determinadas por los técnicos optando para la recogida y transporte de residuos, por coordinación y coherencia en todo el ciclo de gestión de residuos, por el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos ( TAMER ): el consumo de agua, medido en un tiempo definido de 12 meses, de la vivienda. En el caso de actividades económicas, modulando tanto por el consumo como por el Grupo de Actividades del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenece. Se prevé un total de 459.222 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades. En el caso de las viviendas, se estima que para la mitad (201.843 de las 408.396) la cuota resultante será de 39,14 €/año, equivalente a 0,11 euros diarios o 3,3 euros mensuales. Además, con el objetivo de reducir el impacto del «basurazo», la nueva ordenanza contempla los siguientes beneficios fiscales , que han de tener cobertura legal y ser restringidos en su cuantía para no infringir la imposición de que la tasa no sea deficitaria, pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones. -Reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios), beneficiando con ello a más de 4.000 familias. -Reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (según la ley que estén «en riesgo de exclusión social»: unidad familiar cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas), favoreciendo a 6.200 familias, sin perjuicio de otras coberturas y ayudas de los Servicios Sociales para situaciones de vulnerabilidad. -Bonificación de 10 € a usuarios que utilicen ecoparques. -Bonificación de 50 € a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón «puerta a puerta». -Bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales). -No sujeción de actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es.
