El caso Errejón ha puesto de manifiesto las contradicciones morales de una izquierda que no solo se autoproclama feminista y se presenta como dique de contención frente a una derecha presuntamente machista, sino que dicta normas que incumple en su fuero interno. La tolerancia de Sumar ante las denuncias por agresión sexual que durante meses apuntaban a su portavoz parlamentario contrasta con los protocolos contra el acoso que el Ministerio de Trabajo impuso a las empresas, con amenaza de sanción de hasta 225.000 euros. La intervención y la reglamentación del mercado laboral por parte de Yolanda Díaz, de carácter ideológico, cuando no dogmático, ha obligado a las empresas a dotarse de una serie de protocolos –igualdad, Lgtbi, violencia de género, sostenibilidad– que la Inspección de Trabajo observa con el mismo rigor que Sumar ignoró de forma interesada para dar carpetazo a lo que sucedía en su cúpula, consejo de administración de una compañía especializada en hipocresía.
