El policía asesor de Cospedal se desmarca de la guerra sucia a Podemos al declarar como investigado ante el juez
Andrés Gómez Gordo está imputado en la causa que sigue el juez Pedraz por el informe PISA y otras maniobras de la brigada política del PP contra la formación que ahora dirige Ione Belarra
El comisario de la Policía Andrés Gómez Gordo se ha desvinculado este miércoles en la Audiencia Nacional de la guerra sucia contra Podemos que la brigada política a la que él pertenecía llevó a cabo en el Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular. Gómez Gordo, suspendido de sus funciones por su procesamiento en el caso Kitchen, ha comparecido como investigado en esta otra causa y solo ha aceptado contestar preguntas de su abogado.
Gómez Gordo no solo ha negado participar en las maniobras parapoliciales contra Podemos, también ha dicho desconocer que se produjeran, y lo ha justificado en los pocos meses que estuvo destinado en la Dirección Adjunta Operativa, el epicentro de esa actividad, y en su regreso a la UDEF. Otros policías implicados han señalado a Gómez Gordo como el principal artífice del Informe PISA, el dosier con el que Interior intentó vincular falsamente a Podemos con una financiación procedente de Venezuela e Irán.
El comisario Andrés Gómez Gordo estaba fuera de la Policía actuando como 'hombre para todo' de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha cuando la Policía le recuperó porque tenía acceso directo al chófer de la familia Bárcenas, quien se convertiría en el principal confidente de la operación contra el ex tesorero del PP para intentar salvar al partido de su investigacion por la caja B. En el caso Kitchen, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Andrés Gómez Gordo por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
El pasado febrero, Pedraz se convirtió en el primer magistrado en aceptar analizar por la vía penal si la cúpula policial de los gobiernos del PP con Mariano Rajoy maniobró de forma ilegal para perjudicar a Podemos y sus líderes en pleno ascenso del partido. Ya en su auto de admisión a trámite, el juez explicaba que por el momento no investigaría al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, ni tampoco al director de la Policía, Ignacio Cosidó, pero sí a varios de sus subordinados y altos mandos policiales.
La querella del partido de Ione Belarra apuntaba a que los investigados, siguiendo órdenes de Martínez y en última instancia de Fernández Díaz, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos”.
El objetivo principal, según esa querella, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” y finalmente desprestigiar ante la opinión pública al partido que entonces dirigía Pablo Iglesias, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Las consecuencias de esta actividad policial ilegal contra el partido, explicaba la querella, puede encontrarse en las portadas en ocho actuaciones diferentes: desde la investigación a Iglesias en el informe PISA (sobre la falsa financiación irregular de Podemos) hasta la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
Un tribunal de la Audiencia Nacional condenó el pasado mes de septiembre a tres años y medio de cárcel al comisario en excedencia Gómez Gordo en el caso de la Ciudad de la Justicia, el proyecto de Esperanza Aguirre que no llegó a arrancar y pese a lo cual el policía actuó como jefe de seguridad.