El Constitucional avala la reforma legal que permitió su última renovación parcial y facilitó la mayoría progresista

El Constitucional ha rechazado el recurso del PP contra la reforma legal de 2022 que sorteó los efectos del bloqueo del Consejo del Poder Judicial para facilitar la última renovación parcial del tribunal de garantías. La mayoría del pleno ha desestimado las alegaciones del partido de Alberto Núñez Feijóo contra la modificación que permitió al CGPJ designar a dos magistrados del Constitucional a pesar de que, en ese momento, otra reforma anterior impedía que hiciera nombramientos al tener el mandato caducado. Fue la renovación de cuatro magistrados que invirtió la aritmética del tribunal e impuso una mayoría progresista inédita en más de una década.

Según indican fuentes del tribunal a elDiario.es, el pleno ha tomado la decisión con un voto en contra, el del magistrado y exvocal del Consejo, José María Macías. Dos de los magistrados favorables a desestimar el recurso han anunciado votos particulares concurrentes. César Tolosa y María Luisa Segoviano, dos exjueces del Supremo que fueron nombrados en el Constitucional gracias a esa reforma, se han abstenido de participar en estas deliberaciones.

El Gobierno puso en marcha varias iniciativas legales entre 2021 y 2022 para sortear los efectos del bloqueo perpetrado por el PP para no renovar el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde finales de 2018. Una primera medida a mediados de 2021 fue impedir que el órgano de gobierno de los jueces pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial y el Tribunal Supremo mientras tuviera el mandato caducado. Un año después llegó el momento de renovar parcialmente el Constitucional, siendo el turno del Gobierno y el CGPJ para nombrar, cada uno, a dos magistrados.

Esta renovación parcial se convirtió en un momento clave para el devenir del tribunal de garantías: esa renovación de cuatro miembros implicaría, en la práctica, una mayoría progresista para los próximos nueve años. El ejecutivo decidió entonces modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir una excepción en la prohibición del CGPJ para hacer nombramientos y permitir que pudiera designar sus dos magistrados.

Esa renovación no llegó de forma inmediata después de este levantamiento del veto a hacer nombramientos. Las negociaciones dentro del CGPJ se enconaron cuando el sector conservador de los vocales se negó a avalar al candidato de los progresistas: José Manuel Bandrés. Semanas de negociaciones terminaron con César Tolosa y María Luisa Segoviano en el Constitucional, dejando también un conflicto institucional inédito: la mayoría conservadora que imperaba entonces en el tribunal paralizó la tramitación parlamentaria de una nueva reforma con la que el Gobierno pretendía sortear el bloqueo de los conservadores del Poder Judicial.