El PP fracasa en su intento de dinamitar la mayoría progresista del Constitucional en los recursos contra la amnistía

La primera batalla sobre la amnistía en el Constitucional está siendo decidir qué magistrados dictarán sentencia sobre la ley. Decenas de recusaciones esperan su turno mientras los magistrados perfilan, semana tras semana, la composición del pleno que estudiará la norma de perdón del procés. Después de la abstención voluntaria del exministro Juan Carlos Campo, el tribunal ha rechazado la petición del Partido Popular y sus comunidades autónomas de apartar a otros dos integrantes del sector progresista, que mantiene su mayoría. En los últimos días, también se ha rechazado por defectos de forma la recusación que la Abogacía del Estado presentó contra José María Macías como ponente del recurso del PP, aunque está pendiente de resolver otra solicitud similar de la Fiscalía.

El pleno del tribunal de garantías tiene una veintena de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad encima de la mesa contra esta ley. Algunos proceden de tribunales como el Supremo, pero la mayor parte de estas impugnaciones han sido interpuestas por el Partido Popular o las comunidades autónomas donde gobierna, además de Castilla-La Mancha. Y muchos de estos recursos de gobiernos y asambleas regionales llevaban aparejada la recusación de tres magistrados del sector progresista: Juan Carlos Campo, Laura Díez y Cándido Conde-Pumpido.

Más de medio centenar de peticiones que, en caso de haber prosperado según pretendía el partido de Alberto Núñez Feijóo, hubieran cambiado la aritmética del Tribunal Constitucional. De una mayoría de siete magistrados progresistas frente a una minoría de cinco conservadores, el éxito íntegro de las recusaciones habría dado paso a una minoría progresista para abordar este asunto. Cuatro progresistas y cinco conservadores para analizar una de las normas de mayor calado político de la última década.

La recusación del exministro de Justicia no tuvo ni que tramitarse porque él mismo se apartó voluntariamente de las deliberaciones por haber participado en hitos legislativos del procés como los indultos a sus líderes. Pero ya ese primer movimiento, tradicionalmente pacífico cuando un magistrado se abstiene porque entiende que no debe participar en una sentencia, desveló una división interna del tribunal que fuentes del organismo venían adelantando desde hacía semanas: seis magistrados votaron a favor de la abstención, cinco en contra y tres integrantes del sector conservador presentaron votos particulares.

Esa primera pelea tuvo que ver con el fondo pero también con la forma: quién debía tomar esta decisión. El sector conservador apostaba por excluir del debate a los recusados, a diferencia de lo que sucedió a finales de 2022, cuando los conservadores Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez rechazaron su propia recusación en el pleito del PP que llegó a impedir una votación en el Senado. En la amnistía, el primer trámite se saldó con el rechazo de esas pretensiones que se han mantenido a lo largo del resto de recusaciones que no llegaron a prosperar.

El PP buscó apartar de las deliberaciones y sentencias sobre la amnistía al presidente Cándido Conde-Pumpido y a Laura Díez. Al primero por haberse abstenido voluntariamente en recursos relacionados con las condenas penales del procés y a la segunda por haber trabajado en el Ministerio de Presidencia y por su supuesta cercanía al PSC. Ambas han sido rechazadas y en algunos casos con unanimidad en cuanto al fondo del asunto. El sector conservador del pleno también entiende que ninguno de los dos debía ser apartado aunque mantienen que la decisión tendría que haber sido tomada sin los propios interesados.

La duda de José María Macías

No quedan más recusaciones pendientes de deliberar en torno al sector progresista del Constitucional y la única decisión por tomar tiene que ver con José María Macías, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y última incorporación al pleno para suplir la baja por motivos de salud de Alfredo Montoya. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han planteado que debería apartarse porque en su etapa como miembro del órgano de gobierno de los jueces participó activamente en la oposición de un grupo de vocales conservadores a la ley.

La recusación de la Abogacía fue rechazada por unanimidad de conservadores y progresistas por haberse planteado demasiado pronto en el seno del recurso del PP, del que será ponente. El tribunal entiende que fue presentada antes incluso de que el recurso fuera admitido a trámite y eso hizo fracasar sus alegaciones.

Todavía está pendiente de resolución la queja de la Fiscalía contra su presencia en las deliberaciones. Una recusación presentada en el proceso relacionado con la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, que sí lleva varias semanas admitida a trámite. La intención de Macías es no apartarse de las deliberaciones tal y como Concepción Espejel no fue apartada de la sentencia de la ley del aborto por haber informado en contra de la ley cuando era vocal, aunque ella misma lo pidió.

La Fiscalía entiende que Macías no debe formar parte del debate porque no se limitó a firmar un informe o emitir una opinión contraria a la ley –cosa que hizo de forma explícita y en numerosas entrevistas y declaraciones públicas– sino que tuvo “participación directa” en “actuaciones oficiales” contra la norma. Se puso al frente de un grupo de vocales que se opuso activamente, entre otras medidas del Gobierno, a esta ley de amnistía, forzando la emisión de un informe contrario que no les había sido solicitado en un primer momento. Participar en ese informe, según la Fiscalía, fue “un acto genuinamente propio del desempeño del cargo público que ostentaba” y con el que “participó directamente en el asunto objeto del pleito o causa”. La participación de Macías no fue algo “puramente formal”, dice la Fiscalía, sino que es “palmaria”.

El voto de Macías vale lo mismo que el del resto de sus compañeros pero su papel en la gestión de los recursos va a ser clave en los próximos meses. Ha sido designado ponente de algunas de las sentencias sobre la amnistía, entre ellas las del recurso considerado como más relevante: el del Partido Popular.

Varias impugnaciones de la norma han sido ya admitidas a trámite, por ejemplo la cuestión de inconstitucionalidad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero buena parte de los recursos presentados por las comunidades autónomas y parlamentos regionales todavía están pendientes de pasar este primer filtro.