¿Cómo se logra desalojar en 10 horas 24 viviendas, algunas ocupadas ilegalmente desde hace más de 15 años? «Es más fácil que en un chalé; cuando vas, no te abren y no puedes entrar en las zonas comunes, como sí puedes hacerlo en los pisos», comienza a explicar Antonio Plana. Es el director de APD Security Iberia, la empresa que ha llevado a cabo este martes ese desalojo masivo en el pueblo toledano de Camarena. «Primero empiezan a faltarlos el respeto, nos alzan la voz y hay una especie de forcejeo visual mientras nosotros mantenemos la compostura. Pero, cuando facilitamos el acceso a las suministradoras y realizan los cortes, los okupas no son tontos», sigue relatando Plana. «Saben que no nos vamos a mover y estaremos tres días, como si tenemos que estar 35 -continúa-. Cuando empiezan a salir dos o tres, sale el resto. Es lo que ha sucedido también en Camarena». Asegura que «a ninguno se le ha compensado económicamente» y que algunos «llevaban viviendo allí como okupas 16 años» Los pisos están distribuidos en dos edificios, con doce viviendas cada uno, que se levantan en la travesía de Arcicóllar. La empresa de Plana ha sido contratada por el nuevo propietario, que las ha comprado a una entidad financiera. Varios pisos estaban okupados por miembros de una misma familia y las puertas para acceder al garaje y a otras zonas comunes estaban atrancadas. «Así podían realizar sus maniobras ilegales, porque todas las viviendas estaban enganchadas ilegalmente al agua y a la luz », describe Plana. Su equipo ha logrado entrar en las zonas comunes y un cerrajero ha conseguido abrir una puerta, lo que les ha permitido desbloquear el acceso al garaje. De esta forma, los operarios de las empresas suministradoras de luz y agua han podido restablecer el orden en los dos bloques. «Habían venido otras veces a cortar el agua y la luz, pero los okupas no les habían dejado entrar, ni a ellos ni a la Guardia Civil» , asevera el director de APD Security Iberia. Nueve pisos ya habían sido desocupados al mediodía y cinco se han logrado «de común acuerdo», remarca Plana. Sus moradores tienen entre siete y quince días para abandonarlos. Mientras, una madre con varios menores y una niña con un grave trastorno va a ser reubicada en un edificio cercano con la colaboración del consistorio. « Hemos pedido apoyo al ayuntamiento, que ha colaborado mucho con nosotros, y hemos llegado a un acuerdo con la propiedad de esa nueva vivienda para que la familia pueda vivir allí con un alquiler social», cuenta Plana. En diecinueve pisos ya han instalado puertas antiokupas y en los otros cinco se colocarán cuando los moradores se marchen en el plazo máximo de dos semanas.
