¿Qué hace la Superintendencia General de Entidades Financieras?
Desde su nombre, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) puede parecer una institución distante, sin impacto en la vida diaria de las personas. Sin embargo, su función es clave, ya que se encarga de vigilar que las empresas o entidades que seleccionamos para depositar nuestros ahorros no los pongan en riesgo.
La Sugef supervisa el funcionamiento de todos los bancos estatales y privados de Costa Rica, así como de las cooperativas, empresas mutuales de ahorro y préstamo, casas de cambio y los demás entes autorizados para realizar intermediación financiera en el país.
Todas estas instituciones, también conocidas como intermediarios, manejan el dinero de las personas, ya sea a través de ahorros o excedentes, para invertirlos o prestarlos a terceros en forma de créditos. Por ello, es crucial que los intermediarios salvaguarden estos ahorros. En palabras más sencillas, el rol de la Sugef es generar confianza entre los costarricenses al asegurar que las entidades financieras que eligen están sometidas a una regulación y supervisión constante.
“Por supuesto, a ese intermediario no se le va a dar simplemente ese derecho. Se le va a decir: ‘mire, señor, para que usted haga esto tiene que aportar capital’, porque si alguno de los créditos o de las inversiones terminan fallando, es importante que los recursos de capital le garanticen los recursos a esos ahorrantes (...). Que el aporte capital sea sólido y que pueda responder efectivamente ante pérdidas no esperadas”, explicó Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef, en entrevista con La Nación.
Eso sí, cabe aclarar que los préstamos gestionados con recursos propios no se consideran una intermediación financiera, por lo que esta actividad puede ser realizada por cualquier persona sin necesidad de estar inscrita en la Sugef. No obstante, aquellos que captan dinero del público mediante cuentas de ahorro o corrientes, certificados de depósito a plazo (CDP), cheques, giros bancarios, letras de cambio u otros instrumentos financieros, sí deben estar registrados ante la Superintendencia, incluso antes de comenzar a operar en Costa Rica.
La Sugef es un órgano desconcentrado del Banco Central de Costa Rica y está subordinada al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Además de establecer normativas y promover buenas prácticas para que las entidades financieras operen de manera correcta, implementa mecanismos de control para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
Entre sus responsabilidades, la Superintendencia también debe evaluar los riesgos financieros y operativos de las entidades, como la posibilidad de liquidez (entrar en quiebra) o las vulnerabilidades en ciberseguridad, con el propósito de prevenir y mitigar posibles problemas que puedan comprometer la estabilidad del sistema financiero. Solo en los casos en que las entidades presentan altos niveles de irregularidades, la Sugef eleva un informe al Conassif y sugiere una intervención.
Además de la Sugef, en Costa Rica existen otras superintendencias: la de Pensiones (Supen), de Valores (Sugeval) y de Seguros (Sugese). Todas ellas tienen funciones distintas, pero tienen en común que dependen del Conassif y trabajan con un enfoque basado en riesgos en la supervisión de mercados financieros: pensiones, banca, seguros y valores.
Además, las cuatro instituciones operan bajo normativas transversales y reciben denuncias de los usuarios, ya sean anónimas o identificadas. A través de un sistema de quejas y denuncias, las personas tienen la facultad de informar o alertar a las superintendencias sobre prácticas sospechosas o irregulares en las instituciones financieras.
¿Qué es una intervención financiera y cuál es el rol de la Sugef?
En el 2024, las intervenciones de Coopeservidores y Desyfin han sido tema central en la opinión pública. Ambas fueron declaradas inviables por el Conassif: la primera por malas prácticas financieras, mientras en la segunda no existe posibilidad de rescate debido a que su patrimonio es negativo en ¢6.700 millones y los socios no lograron capitalizar la entidad. Para comprender estas situaciones, es necesario retroceder y explicar qué conlleva una intervención financiera.
Antes de llegar a una intervención, que es una medida extrema, la Sugef dispone de diversas herramientas para supervisar a las entidades. A través de visitas y contacto directo con el personal clave de cada entidad, evalúa de forma continua sus operaciones y define su perfil de riesgo, basado en las actividades que lleva a cabo. A partir de este perfil, establece la periodicidad con la que deben realizar inspecciones, para asegurarse de que todo funcione con normalidad.
Además de las inspecciones basadas en los perfiles de riesgo, la Superintendencia realiza anualmente análisis de estrés en cada entidad. Su objetivo es medir la capacidad de las instituciones o empresas para enfrentar escenarios extremos o poco probables, al evaluar el impacto que tendría en su solvencia económica y liquidez. A la vez, se busca analizar el nivel de compromiso de la Junta Directiva para afrontar estos desafíos.
La Sugef también realiza un seguimiento continuo de los flujos de información provenientes de las entidades financieras, que incluyen carteras de crédito, inversiones, aspectos contables, liquidez, entre otros. Esta información se monitorea de forma periódica, ya sea diaria, semanal o mensualmente, con el fin de identificar posibles alertas tempranas que actúan como indicadores a los que se debe prestar atención.
“La Sugef no es una persona, son instancias y comités internos que aprueban, imprueban o verifican la calificación de riesgo de la entidad y que la supervisión se haya llevado de la forma correcta. Existen comités de calificación dentro de la Superintendencia para calificar y definir ese perfil de riesgo. (...). Las entidades de menor riesgo tienen un mayor ciclo de supervisión (más largo), salvo que en esas alertas tempranas parezca alguna circunstancia en particular”, agregó la superintendente.
Rocío Aguilar: ‘En 2022 y 2023 hubo procesos importantes de supervisión en Desyfin’
A partir de este análisis preventivo, se coordinan planes de acción u otras medidas necesarias para mitigar los riesgos y mantener la estabilidad financiera de la entidad dentro de niveles aceptables. En los casos en que las instituciones ya presentan ciertos niveles de irregularidad avanzados, se recomienda la intervención del Conassif para determinar si puede continuar operando o no.
La jerarca de la Sugef aclaró que existen distintos niveles de clasificación de las entidades, que van desde normalidad 1 hasta normalidad 3, definidos a partir de los procesos de supervisión. Después de los estados de normalidad, se encuentran los de irregularidad, y es a partir del nivel 3 de irregularidad que se recomienda la intervención.
En los grados de irregularidad 1 y 2, se pueden imponer restricciones a ciertas operaciones de la entidad para evitar un mayor deterioro del capital. Sin embargo, algunas de las razones por las cuales una entidad puede ser clasificada con irregularidad nivel 3 incluyen el cese de pagos por parte de la institución o la negativa de sus directores o gerentes a rendir cuentas.
Cuando se lleva a cabo la intervención, hay dos alternativas para la entidad fallida: la resolución bancaria o la liquidación. La resolución es el proceso preferible, ya que se enfoca en rescatar la mayor cantidad posible de sus funciones críticas para garantizar la protección de los ahorrantes. En cambio, la liquidación implica una quiebra total.
“No hay supervisión en el mundo entero que pueda garantizar que no va a haber una falla en el mercado. Lo que sí es importante es que esa falla genere la menor disrupción en la estabilidad financiera y por eso es que existe un área que se llama la resolución bancaria, que es cuando una entidad tiene problemas”, añadió Aguilar.
Además, en cualquiera de los escenarios, la Sugef protege los datos de los usuarios. Esto quiere decir que no revela la información crediticia de las personas y, a pesar de que son dueños de esta base de datos, tienen el deber de mantenerla oculta, al menos que la propia persona autorice que sea compartida con un tercero.