Sin PASO y cambios al financiamiento de partidos: la letra chica del proyecto

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley con el que busca encarar una profunda reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO y una serie de modificaciones al sistema para reducir el financiamiento estatal de los partidos políticos.  

Desde el Gobierno aún no confirman que se vaya a abrir la instancia de extraordinarias para tratarlo considerando que ya los tiempos para dictaminar en el período de sesiones ordinarias vencieron ayer y solo es posible un tratamiento en el recinto con una mayoría que hoy el oficialismo no tiene.

El proyecto lleva por nombre "Reforma para el fortalecimiento electoral" y, según detalla en sus fundamentos, busca ajustar el desembolso de recursos públicos "en actividades puramente políticas, devolver a los partidos políticos un ámbito de libertad para el ejercicio de sus actividades, simplificar regímenes que han quedado desactualizados por el paso del tiempo, y transparentar el régimen de financiamiento de los partidos políticos". 

La iniciativa de 33 páginas cuenta con dos títulos. El primero focalizado en la eliminación del régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), "a efectos de que la ciudadanía deje de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los Partidos Políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado nacional"

Y el segundo apunta a una modificación del régimen de financiamiento de los partidos "a fin de distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido". Con tal fin, establece un régimen que elimina el aporte público para campañas electorales e incrementa el monto de financiamiento por parte de los privados. 

"Estas reformas implicarían un auténtico avance en lo que hace a la calidad de nuestras instituciones democráticas, y su sanción significaría un verdadero alivio para todos los argentinos que han soportado durante años el peso de un aparato político insaciable que siempre se financió a costa de los contribuyentes", estipula el proyecto presentado por la Casa Rosada.

El fin de las PASO

Según el proyecto de ley "Reforma para el fortalecimiento electoral", el objetivo principal de esta reforma es reducir el gasto público y otorgar mayor libertad a los partidos políticos en la selección de sus candidatos. Para fundamentar este cambio, que no es la primera vez que se pone en debate, el gobierno de Milei sostiene que las PASO no han logrado su objetivo de acercar la política a la sociedad sino que, contrariamente a lo esperado, la brecha entre las demandas sociales y la agenda política se ha ampliado desde su implementación en 2009.

Asimismo, afirma que las PASO no han democratizado la selección de candidatos. A contramano, las primarias se transformaron en una "gran encuesta nacional" que no cumple con su propósito original e incluso han generado un desgaste en la participación ciudadana al punto que la participación electoral ha disminuido desde su implementación, y el extenso calendario electoral ha agotado a los votantes.

"En lugar de haberse establecido un verdadero mecanismo de participación ciudadana y en lugar de haberse verdaderamente democratizado el procedimiento para la definición de las listas de candidatos a cargos electivos nacionales, lo único que se ha terminado por establecer en la práctica es una suerte de 'gran encuesta nacional' previa a las elecciones que, en la mayoría de los casos, no cumple con finalidad alguna más que la de alimentar la especulación política previa a las elecciones generales", resalta.

Del mismo modo, sostiene que las PASO representan un gasto desproporcionado para el Estado en un contexto donde se busca el equilibrio fiscal. Pese a ello no impide que los partidos políticos celebren elecciones internas si así lo desean, devolviendo a los partidos políticos la libertad de elegir sus candidatos según sus propios criterios, sin interferencia del Estado Nacional.

"El gasto que significan las PASO para el ESTADO NACIONAL no solo luce como un despropósito, sino que, a la luz de todo lo expuesto previamente, deviene injustificado si se tiene en cuenta lo ineficiente que ha sido este mecanismo de primarias para lograr sus objetivos", alega el Gobierno en su proyecto de ley

Cómo cambia el financiamiento de los partidos 

El Título II del proyecto de ley "Reforma para el fortalecimiento electoral" introduce modificaciones significativas al sistema de financiamiento de los partidos políticos establecido en la Ley N° 26.215. El objetivo principal, detalla en los fundamentos, es reducir el gasto público en actividades electorales y promover la transparencia en el financiamiento de los partidos.

Entre otras cuestiones, arguye que el sistema actual de financiamiento mixto, con preponderancia de los aportes públicos, no ha cumplido con los objetivos de transparencia y equidad. Cuestiona lo que denomina un despilfarro de recursos públicos a través de un aporte estatal que ha generado una dinámica de gastos excesivos que no se traducen en una mejora de la representatividad democrática, según el Gobierno.

"El aporte de recursos realizado por el Estado Nacional para garantizar la equidad entre los Partidos Políticos ha terminado por generar una dinámica de despilfarro del erario público sobre la cual se han montado una serie de negocios espurios que afectan la transparencia que el mismo sistema pretendía garantizar", reza el proyecto en sus fundamentos.

Asimismo, el sistema actual incluso habilitó la generación de negocios espurios a través de prácticas irregulares que afectan la transparencia del proceso electoral.

En este sentido, el proyecto de ley propone un cambio de paradigma en el financiamiento de los partidos políticos, eliminando los aportes extraordinarios de campaña que el Estado otorga a los partidos para las contiendas electorales. También se eliminan los aportes estatales destinados a la impresión de boletas, considerando que la Boleta Única de Papel ya ha sido votada este año y se planea su implementación desde 2025.

El texto del proyecto de ley mantiene un único aporte público anual, distribuido a través del Fondo Partidario Permanente, para financiar las actividades generales de los partidos. Detalla que se distribuirá un 20% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos. mientras que el 80% se repartirá en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales, solo para partidos que hayan obtenido al menos el 1% del padrón electoral. Los partidos podrán renunciar a este aporte público anual si así lo desean.

Uno de los puntos que promete generar más polémica es el referido al aumento en los límites para los aportes privados. En este caso se elevan significativamente los límites a los aportes privados que los partidos pueden recibir para sus campañas electorales poniendo fin a restricciones que el Ejecutivo entiende como inadecuadas para un sistema de financiamiento republicano.

"El presente Proyecto de Ley busca habilitar a los Partidos Políticos para que recauden y gasten las sumas que ellos estimen convenientes, pero siempre en un marco de transparencia y de un modo tal que le permita al conjunto de la sociedad tener una noción clara respecto de cómo se obtienen los fondos y cómo se utilizan", concluye. 

De este modo, se implementará un sistema de control más riguroso para garantizar la transparencia de los aportes privados, se prohíbe a los partidos recibir aportes de personas procesadas por delitos como lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo, se establece una plataforma pública donde se deberán registrar todos los aportes privados recibidos por los partidos y se mantiene la obligatoriedad de la bancarización de los aportes.

Por último, un requisito ineludible será que se habilita a los partidos a abrir cuentas en bancos privados que estén controlados por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). En paralelo, el proyecto de reforma electoral propone un aumento de las sanciones por irregularidades en el manejo de los fondos.