Organización Migrantas: “En los últimos años se ha consolidado una violencia política hacia nuestra comunidad”

Este martes el Ejecutivo renovó la urgencia de la iniciativa que modifica la Ley de Migraciones y Extranjería  (Boletín Nº 16.072-06) con el objetivo de que este proyecto se vote en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas la próxima semana.

Frente a esta situación más de un centenar de organizaciones migrantes entregaron una carta al Congreso Nacional en la que rechazan el avance de esta propuesta, pues trae una serie de cambios que vulneran los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados en Chile.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora de la organización Migrantas, Vanessa González, explicó que están en contra de algunos aspectos del proyecto de ley. Si bien señaló que entiende “que la urgencia que hay de discutir un cambio a la ley migratoria en términos de lo que tiene que ver con la seguridad de Estado tiene sus justificaciones”.

No obstante, enfatizó que lo que le preocupa a la organización es que “bajo esa excusa se colocaron muchísimas indicaciones que nada tienen que ver con el control de fronteras y tampoco están relacionadas con el crimen organizado”.

“Las que son justamente una serie de retrocesos en materia de derechos que ya están garantizados, lo que no puede suceder. Se supone que hay un principio de no regresividad en términos de derechos fundamentales y que estaría afectando a población migrante (…) En este sentido, perjudicaría temas como la educación, la salud, la vivienda, incluso trámites como la nacionalidad y nos parece muy preocupante porque ya hay un discurso muy criminalizador de la migración. Entonces, bajo distintas circunstancias se podría hasta penalizar la migración misma“, subrayó.

– ¿Se esperaban este tipo de proyectos de ley en la actual administración? 

Quizás no pensábamos que iba a continuar con la misma fuerza e incluso que se denegaran o que se retrocediera en derechos, pero esto es una continuación de la política del Gobierno anterior en materia migratoria. La que además está mucho más intensificada porque en los últimos años se ha consolidado, y corro el riesgo de decirlo, pero se ha fortalecido una violencia política hacia la comunidad migrante, ya que estamos hablando de medidas que afectan a una población que ya está en el país con todos sus papeles al día, regularizada y que contribuye de diversas maneras.

Y como hay un estigma hacia la migración que ya es derechamente negativo y que no tiene que ver nada más con el tema de la seguridad, porque todo lo pasan como si fuese por ese tema y no es así. Por tanto, nos preguntamos ¿qué es lo que está pasado? ¿Por que se esta permitiendo esto que es grave?

– En la carta manifiestan su preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo les afectaría este proyecto de ley? 

Varias de las modificaciones que se establecieron, que no tienen nada que ver con el control de fronteras, buscan quitarles el carácter de vulnerabilidad. Sabemos que hay distintas comunidades que tienen a ser grupos de especial protección pues pueden tener riesgos o amenazas sobre sus vidas, entonces, obviamente se les considera con respecto al acceso a ciertos derechos. Estos grupos son los niños, niñas y adolescentes, pero además infancias que se encontrarían en situación migratoria irregular o sus padres.

Entonces, en educación y salud, por ejemplo, ya no serían una prioridad. Es decir, existirían muchas más barreras con respecto a personas que tengan que enrolarse en el registro civil antes de poder acceder a la salud, lo que ni siquiera sabemos cómo se va a implementar, porque si ya hubo un proceso de empadronamiento donde ya hay un registro de las personas que están en situación irregular, ahora que exijan que las personas tengan que hacer un tramite engorroso sólo por el acceso a salud primaria, entonces, pone una barrera porque no sería prioritario atenderlos a las personas migrantes, y sobre todo, en situación de irregularidad.

En la educación también sucede así, sabemos que hay distintas situaciones con respecto al acceso a la educación, desigualdades, pero no podemos empezar a quitar derechos a distintas comunidades solo porque el Estado no puede garantizar la educación para todas las personas, sino que el problema es estructural. Por eso, en ese sentido, niños, niñas y adolescentes migrantes que sean hijos de personas migrantes que están en situación de irregularidad tampoco podrían acceder a la educación, no serían prioritarios, entonces eso deja una carta abierta para que se genere una serie de practicas discriminatorias abiertamente, es decir, ustedes ya no son prioritario, entonces ya no le vamos a dar acceso.

Es realmente dramático porque, ¿cómo es posible que políticas que igual habían avanzado considerablemente, y lo celebrábamos como comunidad, ahora se están simplemente quitando?

–  ¿Cómo observan las dificultades que hay para regularizar la situación migratoria en Chile?

Lo vemos como una tremenda falta de voluntad política en general, donde ninguno de los sectores ha estado promoviendo esa idea, que más que una idea, es una solución efectiva justamente para abordar el tema de la seguridad. Por ello, nos resulta que es muy contradictorio que, por un lado, los discursos están en controlar justamente a la población migrante en términos de poder discernir quiénes estarían cometiendo faltas o delitos, entre otros.

Pero, al mismo tiempo, se desplegó un gran esfuerzo para hacer un proceso de empadronamiento biométrico justamente para poder tener un registro actual de la población migrante en situación de irregularidad con todos sus papeles, esa es la base para la regularización. Por qué, ¿quién no se fue a empadronar? Efectivamente, no fueron, por una parte, las personas que no les interesa mostrar que están acá y porque han cometido distintos tipos de delitos. Entonces, habiéndose desplegado con toda esta capacidad técnica territorial donde se registraron más de 187 mil personas, es ilógico que no se regularicen y contraviene a todo lo que están conversando en materia de seguridad.

Así, en la iniciativa hay una indicación que nos alarma un poco, pues hay una medida que tiene que ver con revocar visas por incivilidad, con lo difícil que ha sido justamente para las personas estar en regularidad migratoria y por lo difícil que es todo el tema de los trámites, y ahora se podrían revocar las visas por un concepto tan abstracto y estigmatizador que es la incivilidad. ¿Qué es la incivilidad? Cosas como el ruido, por ejemplo.