Purgado por cumplir con su deber, destituido por el letrado mayor del Congreso por cuestionar el entonces proyecto de ley de amnistía en la Comisión Constitucional, Manuel Fernandez-Fontecha recibe ahora el respaldo del Tribunal Supremo, que considera que la decisión del secretario general de la Cámara Alta, Fernando Galindo, causó una «evidente afectación a su situación profesional y al desempeño de sus funciones propias», «con independencia de la discutida legalidad de esa decisión». El Alto Tribunal, que en repetidas ocasiones ha desautorizado al ministro de Interior o al fiscal general del Estado, y que incluso anuló el nombramiento de una presidenta del Consejo de Estado, vuelve a marcar los límites del Estado de derecho a un Gobierno que a través de sus terminales institucionales, copadas por profesionales de su entera confianza, insiste en imponer su idea de progreso, equivalente al silencio y la docilidad .
