180 recursos de inconstitucionalidad y una discusión sobre el nombre: la ley de violencia de género cumple dos décadas

En 2004, 37 hombres y 3 mujeres formaban la Real Academia de la Lengua (RAE). En marzo de ese año, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero había ganado las elecciones con una promesa: que la primera norma que su Ejecutivo, el primero paritario de la historia, enviaría al Congreso sería una ley contra la violencia de género. Recogía así una demanda del movimiento feminista, que llevaba más de una década reclamando medidas integrales. Pero a la RAE el nombre no le gustaba.

Sin que nadie se lo pidiera, la institución cultural publicó un informe en el que criticaba el uso de la palabra 'género' y proponía que la norma se llamara “contra la violencia doméstica o por razón de sexo”. Su consejo no solicitado fue ignorado: Zapatero, presionado por las organizaciones de mujeres, ordenó que la ley contuviera la expresión 'violencia de género'. Así nació una norma pionera que ha hecho de España una referencia internacional: fue la primera ley especializada en toda Europa y delegaciones de decenas de países continúan visitando nuestro país para conocer de cerca cómo funcionan los distintos recursos.

“Toda ley tiene un antes”, resume la política socialista Micaela Navarro, que a principios de los 2000 ocupó distintos cargos relacionados con la igualdad y que capitaneó la proposición de ley contra la violencia de género que el PSOE, todavía en la oposición, presentó en 2001. Ese antes es, fundamentalmente, el feminismo desbrozando caminos. Desde las primeras movilizaciones feministas después de la muerte de Franco, la conquista del derecho al aborto, al divorcio o al empleo, a la atención a las mujeres que sufrían violencia por parte de sus parejas, la creación del Instituto de la Mujer y la construcción de un discurso que pusiera en la agenda social y política un asunto que hasta entonces estaba totalmente desatendido y normalizado.

No teníamos una estadística oficial decente, llegaba tarde y mal, no incluía a los asesinatos cometidos por los ex... Necesitábamos dimensionar el problema y empezamos a contabilizar para saber el alcance. Fue un acierto, nos permitió trabajar mejor. Intentábamos siempre hacer cierta pedadogía

Charo Nogueria — periodista de 'El País'

En 1991, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, fundada por la histórica activista Ana María Pérez del Campo, logró abrir su centro integral de recuperación para mujeres, niñas y niños. Al mismo tiempo, los recursos en ciudades y comunidades autónomas se abrían paso gracias, sobre todo, al impulso de asociaciones y de las feministas que se habían pasado al 'bando' de la política institucional y de partidos. A lo largo de la década, fue creciendo la presión para que el Gobierno tomara cartas en el asunto. El asesinato de Ana Orantes en 1997 fue el punto de inflexión definitivo: después de aparecer en televisión contando la violencia que había sufrido, su exmarido la asesinó.

El Gobierno de José María Aznar tomó varias medidas al respecto, como la aprobación de las órdenes de protección para “las víctimas de violencia doméstica”. Sin embargo, el PP votó en contra de la proposición de ley presentada por el grupo socialista en 2001. “Las organizaciones de mujeres lograron que la izquierda recogiera el guante.

A partir del caso de Ana Orantes se fue creando más alarma social, hay un cambio“, recuerda la periodista Charo Nogueira, pionera de la información sobre igualdad, que trabajaba en El País. Fue en ese periódico donde, por iniciativa de la sección de Sociedad y en colaboración con Documentación, crearon en 2001 su propia estadística de asesinatos para hacer frente a la falta de datos.

Había tres principios a tener en cuenta para que la ley fuera eficaz: la centralidad de las mujeres, la diligencia debida para investigar, castigar y reparar a las víctimas y la restitución del proyecto de vida

María Durán — jurista feminista

“No teníamos una estadística oficial decente, llegaba tarde y mal, no incluía a los asesinatos cometidos por los ex... Necesitábamos dimensionar el problema y empezamos a contabilizar para saber el alcance. Fue un acierto, nos permitió trabajar mejor. Intentábamos siempre hacer cierta pedagogía”, recuerda Nogueira, que explica que ella y sus compañeras optaron por denominar “machista” a la violencia “frente al término restrictivo” de la violencia doméstica. En El País, prosigue, no había consenso para utilizar entonces el 'violencia de género'. La cobertura de periodistas comprometidas con el tema que trabajaban en medios escritos y en televisión consiguió impactar, para bien, en el debate social.

Los debates

En ese primer gabinete de Zapatero, la socióloga feminista Soledad Murillo ocupó la Secretaría General de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el primer cargo político especializado en Igualdad. Con el Gobierno formado, el grupo redactor de la futura ley comenzó a trabajar. Aunque partían de la proposición de ley que el grupo socialista había presentado en el Congreso en 2001, no todo el mundo estaba de acuerdo en todos sus planteamientos. El nombre era uno de los debates. El ámbito de actuación, otro. También si incluir o no el “fin instrumental” de este tipo de violencia. Lo que no esperaban durante su redacción era la cantidad de cuestiones de constitucionalidad que se presentarían después sobre la norma. Hasta 180.

Encarnación Orozco fue parte de ese grupo redactor y cuenta que, en un primer momento, consideraron que la mejor elección era que la ley fuera 'contra la violencia sobre las mujeres'. “Creíamos que utilizar género podía empañar la norma, hacer que no se entendiera, estábamos en 2004 y el objetivo era acercar la ley a la gente para cambiar el entramado social, que es al final el que sustenta esta violencia”, asegura Orozco. El término 'machista' tampoco les pareció apropiado entonces. Lo que sí tenían claro era que la palabra 'mujeres' tenía que aparecer en plural, “para hacer hincapié en la sustancialidad de esta norma, que se dirige contra las mujeres por el hecho de serlo y denotar esa discriminación estructural”, explica la que se convirtió después en la primera delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La preposición 'contra' también fue una elección consciente: querían dejar claro la intención de la norma, que era combativa.

Charo Nogueira recuerda que la noticia acerca del informe de la RAE que cargaba contra la elección de la palabra 'género' causó revuelo. Las organizaciones de mujeres presionaron y, finalmente, el presidente accedió. “Querían que quedara claro que la causa última eran los roles, el género, y ellas consideraban que debía aparecer así desde el inicio. Fue una decisión política adoptada directamente por el presidente gracias a la presión de las asociaciones”, confirma Encarnación Orozco. Entre esas asociaciones clave para que la ley saliera adelante como lo hizo estaba la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Red Feminista contra la Violencia de Género, o la Plataforma de Artistas contra la Violencia de Género.

Hemos comprobado cómo la perspectiva de género que introdujo la ley hoy se utiliza para interpretar las leyes, la misma Constitución

Inmaculada Montalbán — expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial

Una de las cuestiones más críticas fue decidir cuál era el ámbito de la ampliación de la ley. “Había tres principios a tener en cuenta para que la ley fuera eficaz: la centralidad de las mujeres, la diligencia debida para investigar, castigar y reparar a las víctimas y la restitución del proyecto de vida”, recuerda la jurista feminista María Durán. El grupo redactor concretó que la norma se centraría en la cometida por parte de la pareja o expareja para separarse así de los conceptos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar, y aunque nombró a los hijos de las mujeres en el preámbulo de la ley, en ese primer momento no los incluyó como víctimas directas. “En ese momento es verdad que el objetivo era poner a las mujeres en el centro y lo que sí hicimos fue poner el germen con esa mención para que a futuro llegara el reconocimiento de los menores como víctimas”, apunta Orozco. Lo que finalmente no incluyeron fue la mención al carácter “instrumental” de la violencia para evitar que, en los juicios, las acusaciones tuvieran que probar la intención machista de los agresores.

127 recursos admitidos a trámite

Una vez aprobada, a finales de 2004, hubo que poner en marcha todos los organismos y cambios que contenía la norma. Y también hubo que hacer frente a nada menos que 180 cuestiones de inconstitucionalidad, de las que 127 fueron admitidas a trámite. “Dolores de cabeza nos daban, son los obstáculos en los avances en igualdad”, asegura ahora la que entonces fue nombrada primera delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Encarnación Orozco. La actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, que fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, señala que se trata de una de las normas que más cuestiones de inconstitucionalidad ha recibido, pero recalca que su impronta jurídica ha sido fuerte: “Hemos comprobado cómo la perspectiva de género que introdujo la ley hoy se utiliza para interpretar las leyes, la misma Constitución”.

Hubo que poner en marcha la maquinaria para que empezaran a funcionar el 016, las pulseras de control telemático de los agresores, el sistema Viogén, los juzgados especializados, los planes de prevención, la tutela institucional... No había nada, había que hacerlo todo. Mi equipo y yo salíamos cuando las luces del ministerio estaban ya apagadas

Encarnación Orozco — redactora del proyecto de ley

La crítica central era que la ley vulneraba el principio de igualdad al contemplar agravamientos de las penas para los hombres en el caso de las lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones leves. Sin embargo, en 2008 el Constitucional avaló el artículo que contemplaba este cambio. Encarnación Orozco recuerda que hubo quien cuestionó otros aspectos, por ejemplo, que incluyeran la retirada de la pensión de viudedad para los asesinos de sus parejas. Porque la norma, más allá de la modificación del Código Penal, incluía medidas de educación y prevención, en el ámbito laboral o en la Seguridad Social.

Tras su aprobación en diciembre de 2004, hubo que poner en marcha la maquinaria para que empezaran a funcionar el 016, las pulseras de control telemático de los agresores, el sistema Viogén de valoración del riesgo de las víctimas, los juzgados especializados, los planes de prevención, la tutela institucional... “No había nada, había que hacerlo todo. Mi equipo y yo salíamos cuando las luces del ministerio estaban ya apagadas”, rememora Encarnación Orozco. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también comenzó entonces a funcionar: “Fuimos capaces de forjar esa red de coordinación entre ministerios, repartir trabajo entre departamentos; Educación, Justicia, Interior, las unidades de coordinación de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno...”.

Lo que era el fin de una historia, la lucha porque España tuviera una ley integral, era el inicio de otra: poner en marcha todo un sistema que garantizara que la norma era algo más que un papel. Desde entonces hasta ahora, 20 años después, ha habido cambios, mejoras, ampliaciones, críticas. A pesar de las amenazas, del tira y afloja entre avances y retrocesos, España es otra. Eso sí, dos décadas después, en la RAE hay 33 hombres y ocho mujeres.