Los autónomos bajo lupa: Hacienda intensificará las inspecciones y el control fiscal
El panorama fiscal de los trabajadores autónomos en España experimentará cambios en 2025, marcado por la intensificación del control y nuevas normativas que buscan aumentar la transparencia y limitar la economía sumergida. Hacienda ha anunciado que triplicará su vigilancia sobre los 3.3 millones de autónomos en el país, introduciendo medidas que transformarán el régimen y aumentarán las exigencias administrativas.
Por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2025, los trabajadores autónomos estarán obligados a presentar información sobre sus cobros de manera mensual. Este cambio sustituye al formato anual utilizado hasta 2024 y abarcará todas las transacciones realizadas por tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias, TPV (terminal de punto de venta) y plataformas como Bizum.
Nuevo sistema de cotización
El método de cotización basado en los ingresos reales, introducido en 2023, será obligatorio en 2025. Este modelo ajusta las cuotas según los tramos de ingresos declarados, con cifras que oscilan entre los 200 euros para quienes ganen menos de 1.000 euros al mes y 590 euros para quienes superen los 6.000 euros mensuales. Los ingresos intermedios tendrán cuotas proporcionales, como los 350 euros aplicables a quienes ganen entre 1.700 y 1.850 euros al mes.
El Gobierno defiende esta medida como un avance hacia la equidad fiscal, sin embargo, muchos autónomos la perciben como una carga económica difícil de asumir, especialmente en un contexto de inflación y costes crecientes. Asimismo, los autónomos tendrán que asumir el tipo impositivo adicional del 0,8% sobre los ingresos mensuales debido al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
La colaboración de las entidades bancarias
Uno de los pilares del nuevo plan de control fiscal es la implicación directa de las entidades bancarias. Según la Ley General Tributaria, los bancos deberán proporcionar a la Agencia Tributaria información detallada sobre las operaciones de los autónomos, contribuyendo así a una mayor supervisión.
Este flujo constante de datos no solo permitirá identificar con mayor precisión los posibles casos de fraude fiscal, sino que también facilitará la adopción de medidas cautelares ante situaciones de riesgo. No obstante, esta colaboración también plantea preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de los datos financieros.