Los guardias civiles acusados de utilizar métodos ilegales piden que les defienda la Abogacía del Estado
La jueza suspende la declaración de los cinco agentes mientras se resuelve quien los defenderá; el sexto, el brigada al mando, se acoge a su derecho a no declarar
Imputados seis guardias civiles del caso 8M por usar métodos ilegales en una investigación de narcotráfico
Cinco de los seis guardias civiles acusados de comprar y utilizar balizas ilegales en una investigación por narcotráfico han solicitado este lunes ante la jueza que los investiga ser defendidos por la Abogacía del Estado. Los cinco agentes, más el brigada que actuaba como su jefe, estaban citados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid para declarar como investigados por un delito contra la intimidad, pero la magistrada, ante la petición de esos cinco imputados, ha aplazado su declaración, informan fuentes jurídicas.
El sexto investigado, un brigada que estaba al frente del resto de los imputados en el Equipo de Delito Económicos de la Guardia Civil en Madrid, se ha negado a contestar a las preguntas que le pudieran hacer las acusaciones particulares, la Fiscalía o la magistrada. Su abogado, que representa solo al brigada, no le ha formulado preguntas, precisan las mismas fuentes. Este brigada lleva imputado desde septiembre del pasado año después confesar en una grabación la utilización fraudulenta de las balizas de seguimiento.
La Abogacía del Estado no está obligada a defender a todos los funcionarios imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y antes de adoptar una decisión evalúa el tipo de delito que se investiga y el posible perjuicio para la propia Administración del Estado.
Los seis investigados pertenecen al equipo de la Guardia Civil que elaboró los atestados que intentaron culpar al Gobierno central de la propagación de la epidemia de Covid-19 en 2020 por autorizar una marcha feminista. En la causa llegó a estar imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pero la jueza terminó por archivarla.
Los seis agentes están acusados de un presunto delito contra la intimidad por su actuación en otro caso distinto al del 8M, en el que deben responder por haber colocado sin autorización dos dispositivos de seguimiento en el coche y la motocicleta de uno de sus objetivos, un presunto narcotraficante al que luego investigaron en la Audiencia Nacional.
En una grabación publicada en septiembre de 2023, el brigada investigado confiesa las irregularidades que él y sus compañeros cometen en varios casos que tienen asignados, según informó elDiario.es. “Esa baliza es ilegal. Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir. La grabación supuso a la postre la primera de las imputaciones por las balizas ilegales, cuyo uso reconocía el brigada en el audio. Su contenido lo aportó a la causa por narcotráfico uno de los abogados de la defensa.
La presunta organización de tráfico de cocaína era objetivo de los guardias civiles en el marco de una operación llamada Águila-Frozen, que se sigue en la Audiencia Nacional. Uno de los investigados, distinto del que descubrió las balizas ilegales, era Borja Villacís, asesinado el pasado junio. El brigada declaró que la mujer que le grabó, con la que mantenía una relación incipiente, era una infiltrada de los narcos. También dijo que él lo sabía y que todo lo que decía era porque estaba fingiendo.
El brigada y su superior, hoy capitán, negaron en un informe que sus subordinados utilizaran balizas ilegales con el argumento de que esa práctica está prohibida. La investigación posterior rebate esa tesis de defensa. Un equipo de policías nacionales destacado en la Audiencia Nacional ha seguido el rastro de las dos balizas. Un minucioso trabajo de reconstrucción ha permitido vincular a los guardias civiles con los lugares donde se compraron y activaron las tarjetas de las balizas, cuya colocación habían negado el brigada y el jefe del Equipo en un escrito remitido al juzgado el pasado otoño.
En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados estamparon su firma y su número de carnet profesional en los dos atestados que sirvieron para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y también para apuntar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, que actuó como portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que todo el Equipo de Delitos Económicos participó en aquella investigación, bautizada como Operación Sanitario.