Una de cada 100: los datos del catastro confirman la falta de vivienda pública en España

Que el parque de vivienda pública en España es insuficiente hace tiempo que dejó de ser un secreto. Lo dicen el Ministerio de Vivienda, las organizaciones en defensa del derecho a una vivienda digna y asequible, los datos oficiales y hasta el Banco de España. Según los datos del Catastro, desvelados por elDiario.es, los inmuebles en manos de administraciones, entidades y agencias públicas representan tan solo en torno al 1% del total. Son, en total, 257.000 unidades.

Los datos publicados por esta redacción a raíz de la información facilitada a través del Ministerio de Hacienda, tras una solicitud de información pública amparada en la ley de transparencia no incluyen los territorios de Euskadi y Navarra. Además, tienen en cuenta la referencia catastral y su NIF, por lo que cuenta como vivienda pública la que pertenece a agencias, entidades u organismos públicos, pero no aquellas que, pese a serlo, están configuradas como sociedades anónimas, como las empresas municipales, por ejemplo. Según el Boletín Especial de Vivienda Social de 2020, sumando todos los supuestos e incluyendo viviendas sociales alquiladas por entidades privadas, esta representaría un 2,5% del parque total.

No obstante, de las 257.000 viviendas en manos de entidades públicas recogidas en esta información, no todas están destinadas al alquiler asequible. Ni siquiera al alquiler, porque se incluyen las que son propiedad de administraciones que las destinan a otros usos, como alojamientos propios para trabajadores.

Como muestra el siguiente gráfico, la propiedad de vivienda en manos de organismos públicos está muy atomizada, con más de 1.152 entidades públicas con más de 10 viviendas y 119 con más de 100, que suman cerca de 210.000. Sin embargo, solo una acumula más del 20% del total. Los datos del catastro están anonimizados, pese a las peticiones de este medio. Ni el Ministerio de Vivienda ni el de Hacienda habían podido aclarar a elDiario.es, al cierre de esta información, qué organismo público posee casi 50.000 inmuebles.

Según los datos del Catastro, solo en la comunidad autónoma de Extremadura hay más viviendas en manos de entidades públicas que de personas jurídicas. La brecha es más pronunciada en las insulares Canarias y Baleares, pero se nota también en Catalunya y Madrid. Precisamente, la turistificación y el auge del alquiler vacacional, pero también las grandes zonas metropolitanas, favorecen la concentración inmobiliaria.

La presión y la necesidad de ampliar el parque público se nota sobre todo “en las áreas urbanas, con mayor presión turística y especulativa, y en las capitales de provincia, donde los alquileres están disparados y miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna”, señala Pablo Pérez, del Sindicato de Inquilinas de Madrid. No obstante, considera que “la vivienda pública no solo debe ser una respuesta a la emergencia habitacional, sino también una herramienta para reequilibrar territorialmente nuestras ciudades y pueblos”.

Como puedes verse en el siguiente mapa, en el que puede bajarse al detalle municipio a municipio, las provincias que mayor porcentaje de vivienda propiedad de organismos públicos sobre el total son Badajoz (2,84%), Cádiz (2,68%), Huelva (2,66%) y Cáceres (2,12%).

Por ciudades, de entre las que tienen más de 35.000 habitantes, solo Ceuta y Melilla cuentan con el 10% o más del parque total de vivienda pública. Les siguen La Rinconada, en Sevilla, con el 6,6% y La Línea de la Concepción (Cádiz) y Huelva, con el 5,7%. En el otro lado de la balanza, hay 104 localidades que no tienen ni el 1% de inmuebles residenciales en propiedad de entidades públicas.

Durante años, las políticas de vivienda han servido para derivar inmuebles construidos con dinero público en suelo público a manos de particulares. En la década posterior a la burbuja, buena parte de esas ventas fueron a fondos buitre. El ejemplo más claro fueron los 1.860 pisos protegidos que la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendió a Blackstone en 2013 por 128,5 millones de euros, menos de 70.000 euros por unidad. Sin embargo, el trasvase al mercado libre va mucho más allá.

“Sabemos lo que no ha funcionado y es la desamortización, la venta libre de vivienda pública a particulares e incluso a fondos buitre: recursos que tendrían que haber servido al interés general. Si no se hubieran vendido al mercado libre, ahora tendríamos 2,5 millones de viviendas públicas en España”, afirmaba la ministra del ramo, Isabel Rodríguez en una entrevista con elDiario.es. 

El cálculo que hacen desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid va mucho más allá. “Si empezamos con las políticas franquistas de vivienda de protección oficial, en España siempre se ha construido vivienda pública para privatizarla a los 10 o 15 años. Si el parque actual de vivienda que se construyó sobre suelo con ayudas públicas siguiera siendo público, representaría entre el 40 y el 60% del total”, indica Pérez, que señala que “todas las administraciones han priorizado las políticas de estímulo al mercado privado, en lugar de garantizar el acceso a una vivienda digna para todas las personas”.

Muy lejos de la media europea

Las 257.000 viviendas en manos de administraciones y organismos públicos son apenas una décima parte del cálculo que hace el Gobierno de España. A estas, no obstante, habría que sumar las que se gestionan a través de empresas públicas, que en el catastro figuran como propiedad de entidades privadas. Con todo, el parque público representa en torno al 2,5% del total, muy por debajo de la media europea, en el 9,3%. El Ejecutivo se ha comprometido a terminar con esa brecha. El acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Sumar contempla incluso elevar la inversión para que llegue al 20%. 

Durante el ciclo electoral de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 183.000 viviendas de alquiler asequible. Aquí se incluyen las de la Sareb, nuevas construcciones y promociones impulsadas por la Entidad Estatal de Suelo (Sepes). En los últimos meses, el Ejecutivo ha hecho propio otro compromiso: “Ni un euro ni un suelo del Estado para vivienda en la que no se garantice la perpetuidad pública”, aseguró Rodríguez. Las competencias del Ministerio son limitadas, pero puede condicionar los fondos que reciben las comunidades, a través del Plan Estatal. El objetivo es presionar a estas administraciones para que blinden “a perpetuidad” el parque público. 

El Banco de España también ha defendido la importancia de aumentar el parque público. En un informe publicado en octubre, el regulador ponía en duda que, dada “la magnitud del problema” de la vivienda, soluciones “aisladas a corto plazo” pudieran resolver las dificultades de acceso, pero señalaba la “necesidad de continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles”.