Las acusaciones quieren que Peinado impute a la asesora de Moncloa que prestó "asistencia personal" a Begoña Gómez
Las acusaciones populares del "caso Begoña Gómez" quieren que el juez Juan Carlos Peinado cite como investigada a la asesora de Moncloa que actuó como "asistenta personal" de la esposa de Pedro Sánchez en sus actividades privadas para que aclare en qué consistían esos trabajos y "quién le encomendó esas labores" que desarrolló "al menos entre 2021 y 2024". Para ello proponen que la UCO realice una copia de todos los correos entre la investigada y Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.
En el escrito remitido al instructor, las acusaciones populares piden también al instructor que reclame a Moncloa la relación de puestos de trabajo de Presidencia del Gobierno para comprobar si entre las funciones de Cristina Álvarez figuraba llevar a cabo gestiones profesionales de Gómez.
Las acusaciones que ejercen Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias. Movimiento Regeneración Política de España y Sergapp también piden la imputación de María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, ante la posible comisión de un delito de tráfico de influencias o prevaricación por la presunta "voluntad previa de adjudicar" un contrato para el desarrollo del software de la cátedra de Begoña Gómez a una empresa "seleccionada". En caso contrario, señalan, "no tendría sentido ni advertir de la introducción de criterios para limitar la oferta" ni introducir criterios "dependientes de juicios de valor" ni tampoco que solicitase a la esposa de Pedro Sánchez que le recomendase "personas conocidas que pudieran valorar estos criterios".
Para aclarar todo lo referente a esa cátedra, consideran además necesario que el exvicerrector Juan Carlos Doadrio -quien aseguró al juez que Cristina Álvarez acompañaba habitualmente a Begoña Gómez cuando acudía a la UCM- aporte la documentación al respecto "que indicó en su declaración que conservaba"
A raíz de los correos electrónicos con la Universidad Complutense aportados por la defensa de Begoña Gómez y de la confesión de Víctor de Aldama ante el juez del "caso Koldo", también pretenden que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) aporte los expedientes que, en su caso, haya tramitado para la inscripción registral vinculados a la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigió Begoña Gómez.
En este sentido, dicen no entender por qué el jefe de la asesoría legal de la Complutense, Vicente Navarro (que declaró como testigo en la causa) "no solicitó la información sobre la tramitación de posibles inscripciones a la OTRI" para esclarecer una posible apropiación indebida en el registro del software de la cátedra.
Las acusaciones cuestionan que la esposa de Pedro Sánchez utilizase a la asesora de Moncloa -cuya hermana, alertan, trabajó en la UCM desde julio del pasado año como coordinadora del máster de Begoña Gómez- "para labores de asistencia personal".
En el escrito remitido al juez Juan Carlos Peinado por las acusaciones populares a iniciativa de Hazte Oír, señalan que la asesora de Moncloa le proporcionó a Gómez "ayuda" en el ejercicio de "sus actividades profesionales estrictamente privadas".
En esas gestiones en favor de la esposa del presidente del Gobierno, explican (bien ante la Universidad Complutense o de patrocinadores de su cátedra como Reale Seguros), Cristina Álvarez "utiliza una dirección de correo institucional de Presidencia del Gobierno" y lo firma como directora de Programas.
En el correo dirigido a la directora de Comunicación de Reale Seguros el 10 de noviembre de 2021, llaman la atención, "se abordan cuestiones puramente privadas y relacionadas con la actividad profesional" de Begoña Gómez a través de una dirección corporativa de Presidencia del Gobierno.
Cinco días después, en otro correo, recuerdan las acusaciones, Cristina Rodríguez "hacía llegar a varios interlocutores los datos de las personas que compondrían la mesa del evento y las empresas participantes" a un acto previsto para el 25 de noviembre se Silver Economy. Ya el 8 de febrero, ponen de relieve, en otro correo -en el que se solicita a Reale que mantenga la financiación de la cátedra- la asesora de Moncloa vuelve a actuar "como asistenta de la investigada" al trasladar a la empresa de seguros que a Begoña Gómez "le encantaría" que continuaran como patronos.
Aunque en este último correo Cristina Álvarez ya no utiliza una dirección institucional, para las acusaciones "es muy relevante a la hora de acreditar la existencia de los posibles delitos de tráfico de influencias" en la medida en que su destinataria "siempre tendría en cuenta el cargo institucional" de la asesora de Moncloa, "especialmente" al usar expresiones como "dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis".
Y respecto a los tres correos aportados al juez por la propia Begoña Gómez, hacen hincapié en que en todos "aparece como destinataria" la asesora de Presidencia, lo que en su opinión "deja claro" que ejercía como asistenta personal de la investigada.