Hay economistas muy prestos a la hora de señalar los fallos del mercado, pero no tanto con los del sector público. Al margen del sesgo de las ideologías que adoran al Leviatán, hay una razón práctica: los primeros se corrigen por la acción de la opinión pública (daño reputacional), los reguladores o los tribunales. Los segundos requieren procesos que están condicionados por elecciones y estas se producen con plazos tasados y con participantes con mala memoria. Ahora que estamos viendo cómo el Estado naufraga en España, no sólo con la DANA o con las andanzas de Víctor Aldama, sino por la dramática perversión que supone el uso político de las instituciones para asaetear a un particular que ha tenido la...
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